Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

El año 2015 fue un año de esfuerzos sostenidos en procura de un Poder Judicial más eficiente pues se tiene claridad del impacto de nuestra gestión en la sociedad. El ingreso total de demandas a los distintos despachos judiciales fue de 641.875 casos. Entre los temas prioritarios y las acciones más relevantes desarrolladas durante el año anterior, destaco:

- APERTURA AL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO.

En abril del 2015 se presentó el Primer Informe del Estado de la Justicia (elaborado por el equipo del Estado de la Nación) que realiza una radiografía de la administración de Justicia. Lo contrató la propia institución para contar con un análisis externo y objetivo, de nuestra gestión. Brindó información relevante que fue trasladada a las oficinas responsables, para su seguimiento.

APROBACIÓN DE UNA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Involucra a la población en la formulación, ejecución y evaluación de la gestión para orientar las políticas y acciones institucionales. Es fundamental para lograr una justicia abierta, transparente, donde se pone a disposición de la sociedad toda la información relacionada con el uso de los recursos públicos, los procesos de contratación, las líneas jurisprudenciales, salarios, en fin, la información que transparente un quehacer legal, para enfrentar la corrupción. En el tema de justicia abierta somos pioneros a nivel de poderes judiciales de la región y los primeros pasos se desarrollaron con ocasión del rediseño del Circuito Judicial de Cartago.

FORTALECIMIENTO ANTE LA CORRUPCIÓN. Durante el 2015, se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Creación de una Jurisdicción especializada en crimen organizado y narcotráfico. Además, el régimen disciplinario institucional se ha fortalecido, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las personas denunciadas. Se incrementó un 53% la solución de procesos disciplinarios y disminuyeron los asuntos prescritos. Se implementó la línea telefónica gratuita (800-8000-645) para denuncias relacionadas con este tema. La Comisión Institucional de Transparencia elaboró un proyecto de reglamento para regular situaciones de conflictos de interés, pionero en la administración pública, el cual será conocido por Corte Plena. Además, la Unidad de Control Interno elaboró un Protocolo de riesgos vinculados con actos de corrupción, sus causas, probabilidad de ocurrencia e impacto. También, se creó la Unidad para la Investigación Social y de Antecedentes judiciales, de trabajo social y psicológico, de personas oferentes y de primer ingreso a la institución.

- RETRASO JUDICIAL: Tema que se aborda a través de diferentes estrategias: formas distintas de organización de despachos, reformas en leyes procesales, la introducción de la oralidad y de la tecnología, entre otros. En el 2015, se inició un sistema de rendición de cuentas y de evaluación del desempeño de todas las personas al servicio del Poder Judicial, incluyendo magistrados y magistradas. Por su medio se demuestra lo que cada persona hace en su trabajo y cómo se utilizan los recursos asignados. Se aprobó el reglamento y se presentó a la Asamblea un proyecto de ley para darle respaldo. Se implementó el “Sistema de Gestión por competencias” con el cual se define para cada puesto, las competencias personales y profesionales que debe reunir una persona oferente de servicios, para garantizar un desempeño óptimo. En julio, entró en funcionamiento el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, que brinda seguimiento a la gestión de los despachos jurisdiccionales del país, vigila el uso de los recursos que se les asignan y monitorea las cargas de trabajo, lo que no existía. Por otra parte, el programa de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia, continúa exitosamente y varios despachos lograron su acreditación o re-acreditación.

-ACCESO A LA JUSTICIA. En el territorio nacional operan 971 oficinas judiciales y se implementaron nuevas acciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Se creó el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia con el cual se pretende sistematizar las acciones que desarrolla el Poder Judicial para la atención, investigación y sanción de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Se inauguró una nueva Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas en la Unión de Tres Ríos, sede que brinda atención jurídica, psicológica, sanitaria, social a personas víctimas para disminuir la revictimización. Además, el programa de facilitadores y facilitadoras judiciales ha sido una ayuda invaluable en la prevención y solución de conflictos en zonas alejadas del país.

Se presentó la Política institucional para personas afrodescendientes, para erradicar el racismo estructural y las limitantes para ejercer los derechos humanos de este grupo.

El 30 de septiembre se presentó oficialmente la Política Pública  de Justicia Juvenil Restaurativa, aprobada por Corte Plena y por el Consejo Social del Poder Ejecutivo. El programa de Justicia Restaurativa ha logrado un total de 55182 horas de servicio comunal realizado por las personas ofensoras.

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. Resalto el contrato de fideicomiso entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica, mediante el cual se gestionará el financiamiento, la adquisición directa de terrenos y edificios así como la construcción y arrendamiento de instalaciones para el Poder Judicial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL. La institución actúa con responsabilidad social. La normativa interna para las contrataciones apoya a empresas que cuentan en su planilla a mujeres jefas de familia y a personas con discapacidad.

TECNOLOGÍA: Se fomenta el uso de la tecnología para el buen servicio mediante expedientes electrónicos o digitalizados, portales web y dispositivos móviles que facilitan a las personas usuarias mantenerse informadas o gestionar. Un 67% de los despachos ha implantado la tecnología y durante el 2015 se iniciaron los procesos para reducir el faltante existente y se aprobó un Plan quinquenal estratégico en materia tecnológica, vigente hasta el 2020.

REFORMAS LEGALES Y NORMATIVA VIGENTE: Destaco las reformas legales impulsadas por el Poder Judicial: la Reforma Procesal Laboral y el Código Procesal Civil, con el fin de lograr una justicia más rápida y humana, que incorporan la oralidad, instancias limitadas y tecnología. Hay legislación pendiente que requiere apoyo para su aprobación, los Proyectos de Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, presentado al Poder Ejecutivo; Código Procesal Agrario; y Creación de una jurisdicción especializada en narcotráfico y crimen organizado.

La normativa procesal penal cuenta con veinte años de existencia. Resulta necesaria su revisión sistemática, no para disminuir derechos y garantías de las personas sometidas a un proceso penal, sino para incorporar la posición de las víctimas y garantizar mayor eficiencia.

Iniciamos un nuevo año judicial, con positivismo y esperanza. Reiteramos el compromiso institucional por mejorar, mediante herramientas que esperamos impacten de manera exitosa la gestión judicial, para hacer realidad el derecho de toda persona habitante de este país, de tener una justicia eficiente y efectiva, siempre dentro del marco del respeto al ordenamiento jurídico y a los más altos valores de nuestro sistema democrático.