Integrantes de la Comisión de Asuntos Ambientales.

Continuar con el impulso de la política institucional en materia de ambiente, es el compromiso adquirido por las personas integrantes de la Comisión de Asuntos Ambientales del Poder Judicial.

Durante la sesión ordinaria de Corte Plena, los magistrados y magistradas reafirmaron al equipo de trabajo que integra dicho órgano judicial.

La Comisión está presidida por Carmenmaría Escoto Fernández, magistrada de la Sala Primera, Rodrigo Arroyo Guzmán, Subdirector Ejecutivo, Juan Diego Araya de la Dirección de Gestión Humana, Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, Ana Beatriz Méndez Alvarado, Jefa de Servicios Generales, Wilbert Kidd Alvarado, Jefe de Proveeduría, Mauricio Chacón, Jefe del Departamento de Ciencias Forenses, Damaris Vargas, del Centro de Gestión, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Vivian Chacón, de la Administración del I Circuito Judicial de San José, Ericka Alfaro de la Administración del II Circuito Judicial de San José, María Rosa Castro, del Juzgado Agrario de Cartago, Amanda Madrigal y Karla Arias de la Sala Primera y Eugenio Solís Rodríguez, de la Dirección Ejecutiva.

La Comisión de Asuntos Ambientales tiene a su cargo la responsabilidad de ejecutar la Política de Ambiente del Poder Judicial, mediante la promoción del uso sostenible de los recursos, prevención y reducción del impacto ambiental generado por sus actividades y el cumplimiento de la legislación vigente.

La política ambiental del Poder Judicial destaca entre sus objetivos para su ejecución el desarrollar “…programas con objetivos específicos de gestión de residuos, consumo de energía, consumo y potabilidad de recursos hídricos, capacitación ambiental y participación ciudadana, construcciones sostenibles, compras verdes y responsables, salud ocupacional, manejo de emergencias y conservación de recursos naturales, promoviendo así la adopción de buenas prácticas de gestión ambiental y la mejora continua en todas sus actividades, fomentando la sensibilización, formación y educación en gestión ambiental entre todas las personas servidoras judiciales.