Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 04 de Marzo de 2016

Muy buenas tardes.

Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este recinto.

El día de hoy, en la apertura del Año Judicial, cumplimos con la obligación legal de informar a la sociedad y al país sobre nuestra labor en el año 2015.
Es un ejercicio democrático para rendir cuentas de cómo y en qué empleamos los recursos asignados.

La disminución del retraso judicial, la modernización de la gestión con miras a la mejora en la prestación del servicio, la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el fortalecimiento frente a la corrupción, son los ejes estratégicos de nuestro trabajo que aspiramos cumplir dentro del marco de los valores institucionales de responsabilidad, excelencia, compromiso, integridad, iniciativa y honradez.

“Las personas confían en el Poder Judicial”.

Durante el 2015, el ingreso total de demandas a nivel nacional fue de 641.875 casos, lo que representa un promedio de una demanda por cada ocho habitantes. La inversión para nuestro funcionamiento durante el año 2015 significó la asignación de un presupuesto de trescientos noventa y ocho mil quinientos treinta y seis millones seiscientos noventa y seis mil trescientos colones (₡ 398.536.696.300,00).  En relación con ese presupuesto, el del 2016 se incrementó únicamente en 6.84%, el más bajo de la última década, pero con un crecimiento en inversión  (edificaciones) del 1.5% y sin creación de una sola plaza nueva.  Por el contrario, disminuimos en 25 plazas. Igualmente la partida de remuneraciones disminuye en 2.1% en relación con el presupuesto del 2015.

Las personas siguen confiando en el Poder Judicial para resolver sus conflictos, para reclamar derechos no satisfechos en otras instancias; o para demandar seguridad y protección para sus vidas o las de sus familias.

Conscientes de la situación financiera que enfrenta el país, trabajamos en la búsqueda e implementación de herramientas y acciones que nos permitan mejorar y ser más eficientes. El uso de modernas tecnologías, el rediseño de despachos y circuitos judiciales, mejoras en el sistema de selección y evaluación de personal, el impulso a proyectos de ley que reforman procesos judiciales, son ejemplos de acciones con ese objetivo.

I. JUSTICIA ABIERTA

Una característica que acompaña nuestra gestión es la apertura al análisis externo e interno. Esta es la forma de responder a la confianza de la ciudadanía y de fortalecerla. Dos acciones básicas se desarrollaron en este sentido: La elaboración de un Primer Informe del Estado de la Justicia y la aprobación de una Política de Participación Ciudadana.

1. ESTADO DE LA JUSTICIA 2015.

El I Informe Estado de la Justicia 2015, presentado en abril de ese año, fue elaborado por el equipo del Estado de la Nación. Es un estudio serio y objetivo, en ámbitos definidos por el propio equipo de investigación.
El Informe nos hizo revelaciones importantes en relación con la jurisdicción laboral, la penal, el impacto de la gestión judicial respecto de la salud pública, el modelo de nombramientos de magistrados y magistradas, entre otros. En lo laboral, aunque menciona falencias, también destaca que el 78% de las sentencias dictadas acogen total o parcialmente las pretensiones de la parte actora. Menciona que el 58.1% de los recursos de amparo por medicamentos interpuestos entre el 2006 y el 2013 fue declarado con lugar y que los fármacos otorgados como resultados de este tipo de proceso equivalen a un 1.5% del presupuesto total que destina la CCSS a la compra de medicamentos.

En materia penal, se determinó que existe un riesgo en la tutela efectiva de derechos que varía dependiendo del tipo de delito: por ejemplo en delitos sexuales aumentó un 80%, contra la propiedad un 76% y contra la vida en un 63%.

 El convenio con el Consejo Nacional de Rectores, que dirige al Estado de la Nación, es una inversión concebida no para acumularlo en bibliotecas, sino como herramienta que nos permita detectar las fallas y hacer las correcciones. Por eso, sus resultados fueron trasladados a cada uno de los centros de responsabilidad para su seguimiento.

Suscribimos una segunda investigación, agregando de manera clara que se nos debe acompañar de la construcción de una metodología para el seguimiento de los resultados, con nuestros propios recursos.

2. JUSTICIA ABIERTA

En el año 2015 logramos la aprobación de una Política de Participación Ciudadana con la cual se busca el involucramiento de la población en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas institucionales. Todos los despachos y oficinas judiciales del país deberán generar acciones para incorporar en su quehacer diario, las necesidades de las comunidades a las que les brindan servicios.

En esto somos pioneros. No existe ningún otro Poder Judicial que se haya avocado a implementar una política de esta naturaleza.

Al lado de esta política, durante el 2015 dimos los primeros pasos para una Justicia Abierta. Aprovechando el proceso de rediseño del Circuito Judicial de Cartago ejecutado el año anterior, se incorporaron los presupuestos de una justicia abierta: incorporamos las opiniones ofrecidas por la Comisión de Personas Usuarias, se establecieron mecanismos de coordinación con otras instituciones y se dejaron establecidos enlaces de comunicación entre la población usuaria y los despachos judiciales con el objeto de que las mejoras impulsadas sean realmente acordes a las necesidades.

II. EL RETRASO JUDICIAL

Me refiero ahora a un tema sensible para la institución: el retraso judicial. Reconocemos que este es el principal problema que enfrentamos. Desde hace muchos años la Institución viene implementando acciones con el objetivo de ser una Administración de Justicia más eficiente.

Durante el año anterior y en relación con el 2014, se obtuvo un mayor nivel de resolución de asuntos en la jurisdicción ordinaria civil, en la agraria, en violencia doméstica, notarial, laboral, penal, penal juvenil y contravencional. Los datos correspondientes a ingreso de asuntos, cantidad de expedientes resueltos y circulante final, en cada una de las jurisdicciones, constan en el documento impreso o en el CD que se les ha entregado esta tarde.

1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Sin embargo, el nivel resolutivo no es el deseable. Como una herramienta para enfrentar esta situación, hemos concebido la creación de un Sistema de Rendición de Cuentas y de Evaluación del Desempeño aplicable a todos los puestos del Poder Judicial, incluyendo magistrados y magistradas.
Es un mecanismo concebido como una forma de demostrar el trabajo que cada persona realiza.

En el 2014 se aprobó el Reglamento para la aplicación de este sistema, y en abril de 2015, la Corte Plena aprobó un proyecto de ley para darle un mayor respaldo. Esta iniciativa está en la Asamblea Legislativa e instamos su aprobación.

Con los instrumentos que tenemos ya hemos dado inicio a su implantación en el Ministerio Público, en la policía judicial y se espera que para este año 2016 se incorporará la Defensa Pública e iniciará la Judicatura.

2. GESTIÓN POR COMPETENCIAS.

Este sistema de evaluación ha exigido introducir cambios y mejoras en el sistema de selección de personal. Se trabaja en la implantación de un “Sistema de Gestión por competencias” el cual parte de definir para cada puesto, las competencias personales y profesionales que debe reunir una persona, para un desempeño óptimo.

3. CENTRO DE APOYO, COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

En esta misma línea de aumentar la eficiencia y disminuir la mora judicial se creó, en el mes de julio anterior, el Centro de Apoyo, coordinación y mejoramiento de la función jurisdiccional, mediante una reorganización del recurso humano existente, sin creación de plaza nueva.

Esta oficina le dará seguimiento a la gestión de los despachos jurisdiccionales del país, vigilando el uso de los recursos que se les asignan, monitoreando las cargas de trabajo; y generando los indicadores de gestión y de rendimiento, algo que no teníamos en la institución.

4. PROCESO DE REDISEÑO DE CARTAGO.

En el 2015, los esfuerzos institucionales para reducir la mora, estuvieron concentrados en el rediseño del Circuito Judicial de Cartago. Todos los despachos de ese circuito fueron objeto de una reestructuración en su organización, se estandarizaron procesos, se implementó el expediente electrónico, el escritorio virtual, se impulsó la oralidad, la conexión entre despachos electrónicos. El objetivo es modernizar y mejorar la gestión de estas oficinas y mejorar el servicio.

Durante el 2015 continuó el programa de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA-Justicia), con el que varios despachos lograron su acreditación o reacreditación con base en una norma de aseguramiento de la calidad. Mi reconocimiento a quienes recibieron su acreditación o reacreditación. Demuestran un verdadero compromiso de su personal.

III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ANTE LA CORRUPCIÓN:

Otra de las tareas prioritarias del Poder Judicial es evitar la filtración de la corrupción y el narcotráfico en la Institución. En este campo destaco las siguientes acciones impulsadas en el 2015:

1. La presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de ley para la creación de una Jurisdicción especializada en crimen organizado y narcotráfico, al que seguiremos impulsando para su aprobación.

2. Mayor efectividad en el régimen disciplinario institucional: Hay una evidente mejora en los niveles de efectividad logrados en el equipo que actualmente integra la Inspección Judicial. Las denuncias presentadas son tramitadas y analizadas y cuando hay mérito, tienen consecuencias. Todo con absoluto respeto al debido proceso y al derecho de defensa de las personas denunciadas.
La estadística refleja un incremento en la solución de denuncias presentadas en un 53%, acelerando las investigaciones y evitando la prescripción.
3. Se habilitó una línea telefónica gratuita (800-8000-645) para que cualquier persona con información o sospecha de casos de corrupción en la función judicial denuncie a través de esa línea o del Centro de Información Judicial del Organismo de Investigación Judicial (CICO).

4. La Comisión Institucional de Transparencia elaboró un proyecto de reglamento para regular situaciones de conflictos de interés. Este reglamento es también pionero en la Administración Pública y será sometido a conocimiento de Corte Plena durante este año. La misma Comisión con el apoyo de Control Interno concretó un Portafolio que resume riesgos vinculados con actos de corrupción, sus causas, efectos y controles a implementar para reducir su probabilidad de ocurrencia e impacto.

5. Finalmente, se creó la Unidad de Investigación Social y de Antecedentes judiciales, de trabajo y psicológico de las personas que deseen ingresar al servicio de la Institución.

IV. ACCESO A LA JUSTICIA:

En los últimos 20 años esta institución ha extendido la justicia a todo el territorio nacional a través de 791 oficinas judiciales distribuidas en todo el país. El acceso a la justicia y la gratuidad de ella han sido los objetivos hacia los que nos hemos encaminado.

1. Nuestro compromiso con las mujeres, reflejado en la primera Política Pública de Equidad de Género desarrollada en este país, tiene un nuevo impulso con la creación, en junio del 2015,  del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

Mediante este observatorio se busca sistematizar las acciones que desarrolla el Poder Judicial para la atención, investigación y sanción de las distintas formas de violencia contra las mujeres y su acceso a la justicia. Desde esta plataforma informativa queremos dar nuestro aporte para consolidar una sociedad pacífica, en la que las mujeres y las niñas, tengan igualdad de oportunidades. Formalmente, los servicios del Observatorio, se pondrán a disposición del público el próximo ocho de marzo, en el marco de la celebración del Día internacional de la Mujer.

2. En el 2015 se inauguró una nueva “Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV)”, en La Unión de Tres Ríos.

El modelo representa un cambio de paradigma en la administración de justicia, porque reúne y coordina en una misma sede, servicios judiciales de diversas competencias, así como asistencia psicológica, jurídica, sanitaria y social, necesarios para evitar o mitigar la revictimización.

3. Para superar las limitaciones de acceso por motivos geográficos se ha logrado consolidar el programa de facilitadores y facilitadoras judiciales, liderado por la CONAMAJ con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. En el 2015 el programa se consolida con 371 personas facilitadoras, de las cuales 184 son mujeres y 187, hombres. Estas son personas habitantes de las propias zonas, que se constituyen en un puente de comunicación entre la población y los despachos judiciales.

4. En setiembre, aprobamos una política institucional especialmente dirigida a mejorar el acceso a la justicia de las personas afrodescendientes.

5. El 30 de setiembre se presentó oficialmente la Política Pública  de Justicia Juvenil Restaurativa, aprobada por Corte Plena y presentada por el Consejo Social del Poder Ejecutivo.

Bajo el Programa de Justicia Restaurativa, de enero a octubre del 2015, se atendieron 305 víctimas y 761 personas ofensoras. Ha generado un total de 55182 horas de servicio comunal brindado por personas ofensoras.

6. PENSIONES ALIMENTARIAS. Durante el 2015 se concretó el programa de especialización de juzgados de pensiones alimentarias en el I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) y en Pococí.  Ahora estas comunidades cuentas con juzgados especializados en estas materias, porque anteriormente funcionaban como juzgados de contravenciones y pensiones.  Además de ser juzgados especializados son juzgados a los que se les incorporó el expediente electrónico. En total, en el territorio nacional existen 11 juzgados de pensiones alimentarias, bajo la modalidad electrónica.  Nos falta San Ramón y San Carlos,  que son electrónicos pero que aún comparten su gestión con contravenciones.  También tenemos pendiente el Juzgado especializado en Pensiones de Puntarenas que funciona con expedientes físicos debido a limitaciones de infraestructura del inmueble.

Destaco la labor de los Juzgados de Pensiones Alimentarias y Contravencional, Menor Cuantía y Tránsito de Sarapiquí, que han salido de sus despachos y han visitado comunidades de lugares alejados, para recibir demandas, pruebas, brindarles aclaraciones en cuanto a los expedientes judiciales, entre otros. Mi reconocimiento por ello a los despachos que han generado iniciativas y buenas prácticas para acercar la justicia a las personas o para mejorar el servicio.

V. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

1. CONSOLIDACIÓN DEL FIDEICOMISO

Paso ahora a referirme a la gestión relacionada con la administración de los recursos materiales asignados al Poder Judicial.

Tenemos un déficit de espacio para oficinas de aproximadamente 52.000 metros cuadrados. En muchas oficinas judiciales hay hacinamiento. En el año 2015, se pagaron cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve millones cuatrocientos tres mil colones (¢4.276.489.403,00) por concepto de alquileres. Resultaba imperioso concretar mecanismos financieros que permitan construir edificaciones propias. La idea se concretó con la figura del fideicomiso, que tenía aproximadamente diez años de estarse gestando.

En noviembre del 2015, la Contraloría General de la República refrendó el contrato de fideicomiso entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica. Este permitirá gestionar el financiamiento, la adquisición directa de terrenos y edificios, así como el diseño, la construcción y el arrendamiento de instalaciones para el Poder Judicial. El costo por los servicios del fiduciario es uno de los más bajos del mercado.

La Dirección Ejecutiva dio orden de iniciar la ejecución, para comenzar con el primer proyecto de construcción, en la ciudad de Hatillo.

2. EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES:

Para hacer más eficiente la ejecución del presupuesto implementamos un proyecto para la agilización de los procesos de contratación administrativa. Lo usual había sido que los carteles para licitación de compras y de construcciones se iniciaran en el mismo año de vigencia del presupuesto. Esto originaba problemas de ejecución por la lentitud de los procesos y las impugnaciones de quienes participan, con lo cual la ejecución presupuestaria se veía afectada.

Para la ejecución del presupuesto 2016 iniciamos los procesos de contratación desde finales del 2015 con 137  proyectos  que involucran tanto licitaciones públicas  como abreviadas, contrataciones directas y por excepción, por un monto estimado de   ₡13.171.017.764.21

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL:

La institución tiene un compromiso de realizar su gestión administrativa con responsabilidad social.

Como una forma de lograr mayor participación de mujeres jefas de familia y de personas con capacidades especiales,  en las compras que realiza el Poder Judicial, el Consejo Superior aprobó una normativa aplicable en materia de contratación.  Se asignan puntos adicionales a las personas oferentes que demuestren que contratan a mujeres jefas de hogar; o que dentro de sus planillas contraten al menos un 3% de personas con discapacidad; a PYMES dirigidas por mujeres jefas de hogar o que contraten al menos un 5% de personas con esa condición.

De esta forma, la institución promueve la responsabilidad de otorgar mejores oportunidades de trabajo y de superación personal a  todas las personas.

VI. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: UN ALIADO EN EL ACCESO A LA JUSTICIA.

Un aliado en nuestra gestión ha sido, sin duda, la tecnología. La institución ha venido invirtiendo en esta área: se cuenta con expedientes electrónicos o digitalizados, portales Web y dispositivos móviles para facilitar la comunicación con los despachos judiciales. El expediente oral-electrónico permite, por ejemplo, que las personas usuarias revisen sus expedientes a través de Internet, que presenten escritos sin tener que desplazarse a los despachos judiciales. Mediante la aplicación móvil pueden solicitar órdenes de apremio, certificados de delincuencia; o citas en el Juzgado de Tránsito de Goicoechea para rendir declaración en accidentes de tránsito.

Para ordenar y definir el rumbo del uso de la tecnología en nuestra institución, durante el 2015 se aprobó el Primer plan quinquenal estratégico en materia tecnológica, para el periodo 2015-2020, con las políticas institucionales que guiarán el desarrollo tecnológico durante los próximos cinco años.

Hoy tenemos un 67% de oficinas judiciales con sistema de gestión y para reducir el faltante, en el 2015 se iniciaron los procesos de compra de equipo necesario para que este año se implante la tecnología en 53 despachos de las periferias de Alajuela, Cartago  así como las sedes centrales de Osa, Corredores y Puntarenas.

VII. PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE LEY. APROBACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL Y DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Celebramos hoy la aprobación por la Asamblea Legislativa de la reforma procesal laboral y la procesal civil. Dos iniciativas del Poder Judicial que unieron a los tres Poderes de la República. Se han iniciado las acciones necesarias para su adecuada implementación.

Requerimos el impulso para el “Proyecto de Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia”, presentado al Poder Ejecutivo; lo mismo que para el Código Procesal Agrario; para el proyecto de “Creación de una jurisdicción especializada en narcotráfico y crimen organizado”; para el proyecto de reforma a la Ley de Carrera Judicial; y para el de Evaluación del desempeño, iniciativas que están en la corriente legislativa.

Una reflexión específica debe hacerse en relación al proceso penal.  El Código Procesal Penal se promulgó el 10 de abril de 1996; hace casi veinte años. En él se cifraban grandes esperanzas de cambio, en pro de una justicia pronta y cumplida.

Se han aprobado diversas leyes que introdujeron reformas al proceso penal, con la finalidad de readecuarlas a las nuevas exigencias de la realidad del país, como la ley 8503, de 28 de abril de 2006, que posibilitó la apertura de la casación penal; la 8720, de 4 de marzo de 2009, que introdujo el procedimiento expedito para los delitos de flagrancia y modificó la participación de la víctima, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal.

Después de 20 años de la reforma procesal, y ante la realidad que evidencia una larga duración de los procesos y poca participación de las víctimas, es prioritaria la revisión sistemática de la normativa, no con la intención de disminuir las garantías y derechos de los imputados, sino garantizar la eficiencia en la administración de justicia en materia penal y consolidar los derechos de las víctimas. A esto debemos avocarnos.

Los informes particulares, de cada una de las oficinas y comisiones, se han incorporado en un CD que se ha distribuido.

Mi reconocimiento a la labor de quienes integran la Corte Plena, a las 12.000 personas que trabajan en todo el país.

Nuestro objetivo es consolidar cada día un Poder Judicial independiente, apegado a la constitución y a la ley.

Tenga la seguridad el país, que el Poder Judicial costarricense acatará y respetará la normativa nacional e internacional, y los fallos de los órganos competentes a los cuales voluntariamente nos hemos sometido.