El informe estuvo a cargo de la magistrada instructora Rocío Rojas Morales.

Analizar temas puntuales sobre terminología utilizada y la definición de los procesos que se propone para la administración de los vehículos incautados fueron algunas de las recomendaciones que señalaron las magistradas y magistrados que integran Corte Plena.

El estudio del proyecto “Ley para la Administración Efectiva de los Vehículos Incautados en los Planteles de las Instituciones Estatales”, expediente Nº 19.694, estuvo a cargo de la magistrada instructora, Rocío Rojas Morales y se emitió ante la solicitud enviada por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

El informe señala que “…El proyecto de Ley sometido a consideración, no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, sin embargo se incluyeron algunas recomendaciones”.

A criterio de las autoridades judiciales es importante que se haga una revisión de la tutela de los derechos de las personas que se hacen acreedores de estos vehículos, cuando son subastados, que se establece en el artículo 2 del proyecto de ley.

La necesidad de revisar el porcentaje a rebajar sobre el valor monetario del bien, para su respectiva subasta, el cual se definió en un 40%, fue otra de las recomendaciones.

“El artículo 6, entre otras normas como el canon 7 inciso 3), dispone que en la publicación de la subasta se indicarán los gravámenes registrales o judiciales que soporte el vehículo; pero no se indica cuál es tratamiento que se va a dar a esos gravámenes una vez que se realiza la subasta”, destaca el criterio de Corte Plena.

El informe judicial consideró necesario establecer el detalle del procedimiento de “auto de notificación inicial para las partes”, el cual no se señala en la iniciativa de ley, así como la necesidad de especificar el proceso para la realización de las subastas.