Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 25 de enero, 2016 Museo Rafael Ángel Calderón Guardia

Como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia quiero expresar mi satisfacción porque este lunes 25 de enero obtuvo finalmente sanción, por el Poder Ejecutivo,  la Reforma Procesal Laboral.

Permítanme señalar que el acto tiene un significado y marca un hito en la forma en que hemos decidido organizar nuestro Estado de Derecho.  Nos obliga a recordar que en el siglo XX, en la década de los años 40 a 50 se aprobaron las garantías sociales, el reconocimiento de los derechos laborales, la creación y extensión de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se llevaron a la Constitución Política el salario mínimo, la jornada laboral, el derecho a vacaciones.

Se definió una nueva forma de Estado, del Estado liberal pasamos al Estado Social de DERECHO, visibilizando frente a los derechos individuales, las necesidades de las personas trabajadoras, con condiciones de desigualdad frente a la cuales el Estado debía intervenir visibilizando sus necesidades, promoviendo el equilibrio. Se inician entonces, las políticas  públicas donde el Estado interviene con un papel preponderante.

Desde lejos y teniendo como base el desarrollo de los acontecimientos, podemos señalar que las personas actoras de este cambio estructural del Estado Costarricense provenientes de diferentes ámbitos políticos y sociales tuvieron como finalidad prevenir el conflicto, promover la estabilidad política, hacer viable la gobernabilidad y fortalecer la democracia. Estas reformas fueron creadas, sostenidas y mejoradas por personas de diferentes ideologías, que marcaron el camino de la Costa Rica que consolidamos  durante la segunda mitad del siglo XX.

Con un contenido ético, político y jurídico, se promovió en este periodo la concertación de los intereses desiguales, capital y trabajo; se promovió la estabilidad política, se hizo viable la gobernabilidad y la preservación de la paz social.

Una característica especial  de este proceso fue haber llevado a la constitución este pensamiento, garantizando el trabajo como un derecho del individuo y una obligación de la sociedad, el salario mínimo, las jornadas mínimas de trabajo, los días de descanso, el derecho a sindicalizarse, a las convenciones colectivas, a la huelga.

Este fue y ha sido el escudo para las corrientes posteriores de flexibilización frente a los requerimientos de nuevas corrientes económicas.

Hoy celebramos la madurez de nuestra democracia. Una obra legal  que recoge el esfuerzo de muchas personas y sectores, solo interesados en fortalecer la justicia laboral de este país.

Hoy se firma un instrumento de carácter procesal,  para el avance en la aplicación de estos derechos, aspiración de hace más de sesenta años.

Significa, en los albores del Siglo XXI, la voluntad de un país, donde quienes lo conforman, representados por los diversos poderes del Estado, por diversas fuerzas, partidos políticos, agrupaciones gremiales sociales – económicas, son capaces de reafirmar, que seguiremos caminando por la misma senda del respeto a los derechos fundamentales, por la conciliación social para el desarrollo de la sociedad en general.  Esta es la primera manifestación de este siglo, de la voluntad por seguir caminando en la consolidación de una democracia con los mismos principios éticos que nos han caracterizado.

Esta reforma tiene también un significado para el Poder Judicial. Nuestro sistema democrático se sostiene sobre una administración de justicia que responda de manera oportuna ante la afectación de los derechos. 
Durante los últimos 25 años el Poder Judicial ha tenido una clara voluntad de mejorar la justicia en las áreas socialmente sensibles, con cambios importantes en la jurisdicción de familia, en la laboral.  Hemos sido partícipes de un proceso de especialización en la atención de estas materias, específicamente, extendimos el servicio de la justicia laboral con juzgados únicamente labores, en todas las cabeceras de provincia.  Esta jurisdicción fue pionera en la introducción de la tecnología y en la implantación de nuevas formas de despachos judiciales.

En los años 90 se promovió una corriente reformista que buscaba la unificación del sistema procesal de todas las materias. La Sala Segunda, liderada por su presidente, el magistrado Orlando Aguirre Gómez,  determinó la necesidad de promover un proyecto especial para la jurisdicción laboral, que respetara las particularidades y la sensibilidad social de esta rama del Derecho, que respetara el proceso histórico de su nacimiento y la realidad de la materia, donde las fuerzas confrontadas se encuentran en una distinta condición económica.

Así surgió la propuesta de generar esta reforma al proceso laboral. Esta iniciativa del Poder Judicial contó con los aportes de las asociaciones gremiales de empresarios y personas trabajadoras. También un proceso de enriquecimiento con diversos aportes del Poder Legislativo y de distintas personas; de ahí que es una reforma  fruto de una democracia madura. Surgió de la propia institucionalidad, ante las necesidades de una jurisdicción que requiere de nuevas herramientas para enfrentar con eficiencia los retos de una sociedad y una realidad distinta a la que vio los orígenes del Código de Trabajo.

Como es conocido, la aprobación de esta reforma generó no pocos recelos y temores pero era necesario actuar en las debilidades estructurales existentes.  Esas debilidades estructurales se abordan con esta ley: procesos judiciales más expeditos, sobre la base de la concentración de las audiencias, el empleo de la oralidad, el dimensionamiento de la conciliación y la limitación de las instancias;  se mejora el acceso a los mecanismos de Derecho Colectivo; fundamental resulta mencionar la asesoría jurídica gratuita a personas con salarios bajos; el proceso especial de tutela para despidos o acciones discriminatorias.

Esta  legislación representa una oportunidad para avanzar en la especialización de la jurisdicción laboral, que esta materia sea conocida por tribunales especializados en esta materia, en todo el país y ya no solo en San José. Consolida esta aspiración, de hace 20 años, de una justicia laboral impartida por personas expertas, en todas las instancias y en todo el país. Una justicia de mejor calidad.

Ahora tenemos un reto, para que la reforma no sea solo de papel.  Las leyes no bastan, las ejecutan las personas.

Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia reitero el compromiso del personal judicial de darle vida y hacer cumplir los objetivos de esta reforma.  Este es un compromiso con la sociedad costarricense.

Sin duda el compromiso ético y político, requieren de una inversión. Existe también un desafío de carácter presupuestario en su implementación. Debe tenerse clara la necesidad de esa inversión para que la trascendencia de esta firma y aprobación no se convierta sólo en intensiones. De manera firme y clara lucharemos por este presupuesto.

Desde el Poder Judicial celebramos el consenso logrado entre los legisladores y legisladoras  y el Poder Ejecutivo, para aprobar finalmente y después de muchos años de debate esta reforma legal, será sin duda, una oportunidad para el desarrollo de todas las personas.

¡Muchas gracias!