SANCIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Zarela Villanueva Monge
Presidenta
Corte Suprema de Justicia
3 de febrero, 2016

En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este recinto, y agradecerles el haber definido que sea aquí, donde se firme y sancione el Código Procesal Civil que regirá a partir del segundo semestre del 2018

Hoy a escasos 9 días de la ratificación del Código Procesal Laboral, concurrimos a la sanción de otro de los proyectos de ley que la institución ha impulsado, como importantes para la mejora de la gestión judicial.

Ambos legislaciones han sido promovidos desde la institucionalidad judicial con un único interés: brindar a la población una respuesta más expedita y célere a los procesos judiciales. Este ha sido un compromiso permanente de la institución con el país, para el cual ha desarrollado múltiples estrategias: reestructuración de circuitos judiciales, incorporación de la tecnología, capacitación judicial, para mencionar algunas.

Sin embargo, existen situaciones estructurales que impactan la administración de justicia y que dificultan el logro de ese objetivo. En primer lugar, debemos reconocer la alta litigiosidad existente en nuestro país. En el año 2014, a los distintos despachos judiciales establecidos en el territorio nacional, ingresaron un total de 646.775 asuntos, de los cuales solo por cobro judicial, que es materia civil, ingresaron 148.503 demandas.

El año anterior, aunque menor, el total de asuntos ingresados fue de 641.875 expedientes, de los cuales, solo por cobro judicial, el número de expedientes ingresados fue de 133.765. Con base en datos del INEC que proyectan una población aproximada de 4.832.000 personas para el 2015, nos da una relación aproximada de 1 juicio por cada 8 personas.

Estos números evidencian el grado de litigiosidad que enfrentamos y la incidencia que tiene la administración de justicia en la población costarricense, es decir, cuánto incide nuestra labor en la calidad de vida de la sociedad costarricense.

De ahí que la institución, ha venido trabajando en la mejora de nuestro sistema de administración de justicia. La experiencia ha demostrado que, cualquier intento de mejora resulta inoperante si no se dan reformas de importancia en las leyes procesales, que son las que marcan el paso a los procesos judiciales.

La idea de introducir una reforma significativa en el sistema procesal judicial se gestó desde el año 1998, cuando la Corte Suprema de Justicia encargó al exmagistrado Ricardo Zeledón Zeledón, la elaboración de un esquema que sirviera para sustentar un anteproyecto de oralidad en los procesos civiles, laborales, de familia y agrarios. Tuvo el impulso de la presidencia de don Luis Paulino. Ese anteproyecto se conoció como Código Procesal General. Las jurisdicciones contenciosas, la laboral, la de familia y la agraria, hicieron ver la imposibilidad de sujetar esas materias al trámite uniforme previsto en aquel proyecto. Surgió entonces la especialización de estos códigos procesales.

En el año 2003, don Luis Paulino Mora y don Luis Guillermo Rivas impulsaron una nueva revisión del Proyecto de Código Procesal General, que dejó a cargo de tres reconocidos jueces civiles: don Gerardo Parajeles Vindas, don Jorge López González y don José Rodolfo León Díaz; quienes asumieron la redacción del proyecto de Código Procesal Civil, que hoy se sanciona y con el cual se deroga el Código Procesal Civil vigente desde 1990; la Ley de Cobro Judicial y la Ley de Monitorio Arrendaticio.

Este es un código pensado en la modernidad, incorporar las nuevas herramientas tecnológicas que deben aprovechar a la administración de justicia, en la tramitación de los procesos. Se pasa de un proceso eminentemente escrito a un proceso con audiencias orales, con las ventajas que tiene la oralidad para propiciar una justicia más cercana a las personas, a través de la inmediatez y de la concentración; y, lo más importante, se busca propiciar una justicia más célere. Sin lugar a dudas, el conocimiento y la experiencia de quienes participaron en su redacción, ha quedado reflejado en un código moderno, con técnica jurídica.

Además de la oralidad, el proyecto introduce cambios importantes que inciden en la justicia material: elimina el principio de prueba tasada y plantea el de libertad probatoria, con base en el cual, resultan admisibles todos los medios de prueba que sirvan a las partes para demostrar sus argumentos, con la salvedad de aquellos que resulten ilegales.

La celeridad del proceso está garantizada, además, con un sistema de cargas procesales, con consecuencias en caso de incumplimiento.
Igualmente se eliminan instancias. Los procesos ordinarios de mayor cuantía serán de conocimiento de un tribunal colegiado, en una sola instancia, cuya decisión final solo admite el recurso de casación. De esta manera se garantiza acortar los tiempos de resolución de los juicios ordinarios de mayor cuantía que tradicionalmente han tardado muchos años para su resolución.

La visión de una justicia más humana también se ve reflejada en un recurso de casación con causales más amplias y menos formalistas a las que nos acostumbró por siglos la casación francesa.

Sin lugar a dudas, se vislumbra una justicia de mayor calidad, una justicia más humana.

Tal y como mencioné para la reforma procesal laboral, ahora tenemos un reto, para que la reforma no sea solo de papel. Las leyes no bastan, las ejecutan las personas.

Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia reitero el compromiso del personal judicial de darle vida y hacer cumplir los objetivos de esta reforma. En este recinto, donde contamos con la participación de magistrados y magistradas, de jueces y juezas, y de personal de apoyo de esta jurisdicción, quiero señalar que este es un compromiso con la sociedad costarricense que tiene la mirada y la esperanza, puestas en estas reformas.

Insto a los abogados y abogadas litigantes a solidarizarse con la causa de una administración de justicia pronta y eficiente. El proceso judicial se nutre de las gestiones realizadas por las partes dentro proceso representadas por abogados y abogadas. La eficiencia del sistema depende en buena medida de la buena fe y del compromiso de quienes hacen uso de los servicios judiciales. Les invito a ser partícipes del cambio.

Esta fue una reforma que tardó casi diez años en concretarla. Cuenta con las mejoras propuestas, pensadas en la mejora del sistema. Su vigencia enfrentará una coyuntura distinta, acompañada de un proceso de evaluación del desempeño, de las premisas de un gobierno abierto, de la rendición de cuentas, de transparencia, de participación ciudadana, que ya han dado sus inicios y que esperamos, para el segundo semestre del 2018 estén plenamente consolidados.

Les reitero mi complacencia porque hoy el Poder Judicial y el país en general, cuenten con una herramienta que unida a las acciones generales que ha venido adoptando esta Corte, aprovechen a una sana y eficiente administración de justicia. Mi reconocimiento a los jueces y juezas que labraron este proyecto, a las Magistradas y Magistrados de la Sala Primera por haber logrado que hoy finalmente, se plasme un cambio fundamental para la administración de justicia civil y mercantil, que al igual que otras jurisdicciones, requieren de celeridad y de eficiencia, condiciones fundamentales para el desarrollo económico del país y el bienestar de la población.

Desde la Presidencia de la Corte y con la convicción de contar con una judicatura y un personal cuyos valores son el compromiso y la responsabilidad, quiero dar la seguridad de que pondremos nuestro mayor esfuerzo para alcanzar una mejora real en la administración de la justicia civil.

Las leyes las ponen en práctica las personas. Daremos nuestro mayor esfuerzo para alcanzar sus objetivos.

El Código Procesal Civil también requiere de un apoyo financiero para su implementación. Llamo la atención sobre los requerimientos de espacio físico. La institución tiene un faltante de cincuenta y dos mil metros cuadrados.

Se requieren salas de juicio. Estamos buscando una propuesta de solución, que debe contar con el impulso de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Espero que en forma conjunta busquemos una solución.

Muchas gracias y buenos días!

Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
Lic. César González Granados
Licda. Mónica Chavarría Bianchini
Montaje: Licda. Karen Quirós Fumero
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