Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 12 de Febrero de 2016

La firma de este Convenio representa una acción dirigida al respeto de los derechos fundamentales de una población, que desde hace ya mucho tiempo, reclama por mejores condiciones a su limitada situación, nos referimos a las personas privadas de libertad.

Significa también la participación del Poder Judicial en la solución de los problemas nacionales. La claridad de que ésta no es una institución aislada en el contexto nacional sino parte de un Estado y de una Nación que tiene una vocación histórica: el respeto a los derechos humanos y la consolidación de una Democracia más inclusiva.

La sobrepoblación penitenciaria es un problema que se agravó particularmente en los últimos diez años, cuando algunos países han enfrentado un crecimiento de esa población, que supera el doble o incluso el triple de la capacidad de las instalaciones carcelarias.

El hacinamiento es un espacio propicio para la violación de derechos humanos, es contraria a la finalidad socializadora y pone en grave riesgo la vida, la integridad física y moral, para hablar solamente de los que nos resultan más evidentes.

De acuerdo con información estadística suministrada por don Reynaldo Villalobos, Director General de Adaptación Social, en el Programa Institucional al 26 de noviembre de 2015 la cantidad total de población general es de 18.863 personas, desglosada de la siguiente manera:

En el Centro Institucional la población es de 13.242 personas, de las cuales 579 son mujeres. En el Centro Semi Institucional es de 4.663 personas, donde 382 son mujeres. También hay que tomar en cuenta que existe la población penal juvenil, ésta asciende a 958 personas menores de edad, de las cuales hay 60 mujeres.

Conscientes de nuestro papel como órganos del Estado vinculados con la administración de justicia, el ejercicio de la jurisdicción penal y la ejecución de las penas, hemos decidido conjuntar esfuerzos en la búsqueda de acciones o instrumentos que permitan reducir el nivel de hacinamiento en los diferentes centros de atención institucional del país; mejorar las condiciones de ejecución de la pena y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población privada de libertad.

La firma de este convenio nos compromete de una manera muy seria en la consecución de un objetivo históricamente de difícil abordaje. Estoy segura, de que muchos Estados, ONGs, instituciones relacionadas, como el Instituto Latinoamericano de Nacionas Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en la persona de su director, Elías Carranza, quien ha abanderado de manera comprometida la lucha contra el hacinamiento carcelario en la región latinoamericana, estarán atentos al éxito de los objetivos propuestos a través de esta alianza.

Me corresponde también dejar claro que el respeto y la ocupación por las personas privadas de libertad no puede hacerse en detrimento de ninguna otra persona. Debo entonces reiterar aquí el compromiso con las personas víctimas que han sido invisibilizadas también históricamente, trasladando sus intereses a la acción del Ministerio Público y aunque se ha avanzado en las últimas legislaciones para darles una participación en el proceso penal no cuentan con herramientas para la defensas de sus derechos. Carecen de asesoría y representación jurídica en el proceso que en la mayoría de los casos hace nulas sus pretensiones. Por eso en este ámbito quiero manifestar que las medidas en beneficio de las personas privadas de libertad no pueden tener como resultado el riesgo a las víctimas ni una limitación a sus derechos. Así pedí expresamente que fuera incluido en este convenio y lo reitero a la señora Ministra porque estoy segura que esa es también su intención.

La voluntad de coordinación y de unir esfuerzos en la solución de los problemas lo hacemos en el marco de respeto absoluto a las competencias legales y constitucionales que se nos otorgan.

Se trata de avanzar en el respeto a los derechos humanos, en el que todas las instituciones públicas e incluso privadas quedan invitadas a participar. Mi reconocimiento a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz y de esta institución que han trabajado para la concreción de este convenio. Reafirmamos el compromiso del Poder Judicial con acciones garantes del acceso a la justicia y de respeto a los derechos humanos.