La reunión de jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa estuvo a cargo del Presidente del Congreso, Rafael Ortiz Fábregas, donde se recibió a la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez y la magistrada Eva Camacho Vargas.

Con el compromiso de brindar el apoyo técnico judicial necesario, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, expuso ante las y los jefes de las diversas fracciones legislativas, la necesidad de retomar el trabajo para materializar la reforma procesal laboral.

La cita tuvo lugar el pasado 9 de noviembre, en la Asamblea Legislativa, durante la reunión de jefes de fracción, audiencia que fue solicitada por la Presidencia de la Corte, quien contó con el acompañamiento de la magistrada Eva Camacho Vargas y el magistrado Orlando Aguirre Gómez.

“Quienes integramos la Sala Segunda estamos en la mayor disposición de aportar nuestro conocimiento y el apoyo técnico que requiera la comisión legislativa que conocería el proyecto”, manifestó la máxima jerarca judicial.

Villanueva Monge señaló que el proyecto de Reforma Procesal Laboral fue una iniciativa del Poder Judicial, con el apoyo técnico de la Sala Segunda y con la participación de organizaciones gremiales y empresariales, que busca dar celeridad a los procesos judiciales de trabajo.

Para el Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, “…es una iniciativa judicial con el propósito que el derecho de trabajo sea más efectivo. Contiene reformas procesales con el fin de hacer más expeditos los procesos”.

“El tema de la oralidad, de la conciliación y de los principios procesales se debe consolidar y el proyecto hace una propuesta muy actualizada, para que el país tenga una legislación laboral acorde con la legislación internacional”, destacó la magistrada Eva Camacho Vargas.

La propuesta del Poder Judicial comprende una reforma integral para mejorar los tiempos de respuesta en los despachos laborales, mediante la aplicación de un nuevo modelo de proceso basado en la oralidad, la concentración de las audiencias y la limitación de las instancias recursivas.

Incluye un proceso sumarísimo en favor de personas protegidas por un fuero especial como el caso de mujeres embarazadas, personas adolescentes trabajadoras, denunciantes por hostigamiento sexual, personas víctimas de una acción discriminatoria en el empleo por razones de edad, religión, raza, orientación sexual o cualquier otra forma de discriminación.

“Procesos labores céleres son una necesidad. La larga espera es un estímulo para que las personas trabajadoras abandonen el proceso y acepten la conciliación con renuncia, total o parcial, de derechos. De ahí que la respuesta judicial deba ser oportuna, de cara a la satisfacción de necesidades perentorias de una persona y de su familia y que también se relacionan con la actividad económica del país, la seguridad y el equilibrio de quienes participan en ella”, puntualizó Zarela Villanueva.

Solo en el 2014, los despachos judiciales que atienden materia laboral en todo el país registraron más de 30 mil expedientes nuevos, en los cuales se reclaman derechos fundamentales como salarios, preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, horas extra, reinstalación en el cargo, despidos discriminatorios, pensiones; derechos de cuya satisfacción oportuna depende, de manera general, el bienestar de las personas y de sus familias.