El seminario se lleva a cabo en el Auditorio “Miguel Blanco Quirós”.

La evolución de los delitos y la lucha actual contra la ciberdelincuencia organizada, demanda de parte de las autoridades de cada país un mayor desarrollo en materia de evidencia digital, especialización de la policía y el impulso de la armonización de leyes entre los países de América, frente a organizaciones criminales que operan sin fronteras.

Estos fueron algunos retos que señaló Adrián Eduardo Acosta, Oficial de Crimen Digital, de la Oficina Regional de la INTERPOL, en Buenos Aires, Argentina, durante su participación, en el segundo día del Seminario “Los Retos de la Ciberdelincuencia para la Jurisdicción Penal”, que organiza la Sala de Casación Penal.

En su exposición señaló que hoy día no se puede ignorar la evidencia digital y el cambio en las investigaciones, donde cada país debe propiciar la especialización de la policía.

“El desafío del cibercrimen organizado es transnacional, pues son delitos que se cometen desde otros países y eso implica que debe surgir una armonización legislativa en la región, superar las restricciones en el intercambio de información”, destacó Acosta.

Señaló que desde la INTERPOL se brindan servicios desde el Laboratorio Forense Digital, en el cual se da apoyo a los países que así lo requieren en el tema de desarrollo de pericias, además se cuenta con el Centro de Ciberfusión, desde donde se brinda una cooperación en aspectos como análisis de amenazas, análisis de Malware, el compartir información de inteligencia sobre nuevas amenazas, así como la coordinación de operaciones conjuntos entre distintos países.

El representante de la INTERPOL indicó que este combate contra la ciberdelincuencia debe enfrentar redes que garantiza la privacidad y el anonimato de las personas usuarias, pues estos espacios están siendo utilizados por las asociaciones criminales que delinquen en este tipo de redes.

Explicó la evolución que ha tenido en América la ciber “extorsión sexual”, que está dirigida por organizaciones muy bien estructuradas, cuyas principales víctimas son los hombres. Las víctimas son contactadas por redes sociales y luego de estrechar las comunicaciones, se invitan a intercambiar videos, imágenes y conversaciones por Skype.

Toda esa información es grabada por las organizaciones criminales, que en menos de 24 horas pueden iniciar la extorsión de sus víctimas y solicitar dinero a cambio de no publicar en redes el material personal. El costo promedio de este tipo de extorsiones rondan los $500 y $15 mil, cuyos contactos se realizan desde Costa de Marfil y Nigeria, principalmente.

Durante esa sesión de trabajo también se contó con la exposición de Diego Subero Gómez, del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el tema “Importancia de los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT)” y Juan Pablo Castro Vilaró, de TrenMicro de la OEA, a cargo de la temática “Crypto divisas. Introducción, casos de usos y realidades”.

Además se organizó la mesa redonda sobre “Cooperación Internacional: Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia”.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Diego Subero Gómez del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Pablo Castro Vilaró, de TrenMicro de la OEA y Adrián Eduardo Acosta, Oficial de Crimen Digital, de la Oficina Regional de la INTERPOL, en Buenos Aires, Argentina.