Palabras del Sr. Orlando Aguirre, Magistrado Presidente de la Sala Segunda Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Me complace mucho participar hoy en la inauguración del Seminario Internacional de Gestión Judicial, actividad que se realiza con el apoyo del Fondo Bilateral de Cooperación Internacional Chile-México y con sustento en el convenio celebrado entre la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), entidad que patrocina este evento junto con el Poder Judicial de Costa Rica.

El objetivo del Seminario es ofrecer un espacio de intercambio sobre las herramientas y mecanismos innovadores que contribuyen al mejoramiento de la gestión judicial y al fortalecimiento del acceso a la justicia, -mejora y fortalecimiento que deben traducir en servicios de calidad para todas las personas y sectores de la población.

Se busca promover el análisis sobre los cambios en materia de gestión, que posibilitan que el sistema sea más eficiente y conducen al fortalecimiento de las capacidades institucionales no sólo de los Poderes Judiciales, sino también del Ministerio Público, Defensorías Penales y demás actores del sistema de justicia

Por ello, resulta importante que se haya logrado reunir aquí no sólo a juezas y jueces de diversos países de América Latina, sino también a representantes de las otras dependencias vinculadas al tema, lo que sin duda brinda realce a esta actividad y asegura que la información, las reflexiones e inquietudes que intercambiemos sean fruto de diversas experiencias y del anhelo compartido de construir sistemas de administración de justicia sólidos, íntegros, incorruptibles y orientados a la mejora continua.

Tendremos la oportunidad de compartir ideas sobre la gestión judicial en América Latina y, específicamente, aprender de las experiencias innovadoras de gestión que se han desarrollado en países como Argentina, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, México, Chile, Honduras, Venezuela, Panamá, Ecuador y Costa Rica.

La gestión judicial del siglo XXI

No hay duda de las significativas transformaciones científicas y sociales que desde el siglo pasado han hecho necesario examinar el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia, con el fin de realizar ajustes para que se puedan satisfacer las cada vez mayores y más complejas necesidades y demandas de la ciudadanía.

Hemos sido testigos de la distinta forma en la que se concibe la prestación de los servicios, lo que ha dado como resultado importantes transformaciones en los sistemas judiciales de las Américas, que han tenido que ponerse al día aplicando nuevos conceptos y herramientas para hacer frente a la modernidad.

Entre los cambios se encuentran una creciente demanda de los servicios tradicionales, la demanda por nuevos servicios, la exigencia ciudadana de transparencia y rendición de cuentas, la necesidad de prevenir la corrupción y la disponibilidad de nuevas tecnologías de la información, que nos ayudan a simplificar y ampliar el acceso a la justicia.

Aunado a lo anterior, nuestros países enfrentar severas restricciones en los recursos públicos disponibles para el sector justicia, en razón de que deben atenderse también otras necesidades vitales de la población.

Hoy la percepción del sistema judicial no se basa exclusivamente en la calidad de las sentencias que dictan las juezas y jueces, sino que se ve influenciada por la permanente evaluación de la forma en que se administran los recursos que, con sacrificio, se destinan al funcionamiento del Poder Judicial, Ministerios públicos, Defensorías y otras instituciones conexas y de los resultados que se obtienen.

Siempre interesan, por supuesto, la calidad de las sentencias y es tarea permanente de todo órgano judicial la correcta selección y preparación de las personas juzgadoras, pero ello no es suficiente para satisfacer el clamor de la ciudadanía por una justicia que sea no sólo eficaz, sino oportuna, eficiente, accesible, independiente e incorruptible. En síntesis, se exige una justicia moderna, capaz de enfrentar con éxito las demandas y retos que surgen en cada sociedad.

La gestión judicial, por tanto, abarca toda la actividad organizacional administrativa, que sirve de apoyo a la labor jurisdiccional de las personas juzgadoras, cuya independencia está garantizada por la Constitución. Exige una adecuada distribución de recursos, estructura y organización de procesos, sustentado en valores éticos requeridos para asegurar un buen desempeño y la confianza de la ciudadanía.

Las falencias administrativas hoy día son cada vez menos toleradas, no solo por la visibilidad que en el Estado democrático debe prevalecer en cuanto a la función pública, sino también porque se tiene plena conciencia de la obligación de hacer un buen uso de los escasos recursos públicos, de que se garantice el impacto positivo de la gestión estatal, de que se rindan cuentas y de que se establezcan mecanismos efectivos que garanticen el respeto de los derechos de las personas.

En el caso de Costa Rica, igual que como sucede en otros países, nuestra Corte debe dar una lucha permanente para asegurar que se asignen los recursos necesarios para la atención de la creciente demanda y sea posible la prestación de servicios de calidad. Durante la elaboración y discusión del presupuesto nacional, enfrentamos constantes cuestionamientos de la prensa y otros sectores sobre el uso que damos a los recursos y se nos exige demostrar los resultados y beneficios que resulta para el país de tal inversión. Ello lo hacemos respetuosos del deber establecido en el artículo 11 constitucional de someternos a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas.

Sin embargo, una organización grande y compleja, que en nuestro caso comprende no sólo a los órganos jurisdiccionales sino también al Ministerio Público, a la Defensa Pública y al Organismo de Investigación Judicial enfrenta dificultades para lograr las metas estratégicas propuestas, por lo que debe constantemente buscar revisar su gestión, innovar y ser más eficientes.

Tenemos la tarea de explicar la importancia de que el país apoye los esfuerzos de modernización de la gestión judicial y asuma el costo que ello conlleva, entendiendo que el correcto funcionamiento del Poder Judicial constituye un pilar indispensable del sistema democrático y permite contar con el respeto y credibilidad de la población a la que servimos.

Resulta claro que la gestión judicial del siglo XXI se debe caracterizar por ser una gestión distinta, innovadora, que haga un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, que aproveche las ventajas que ofrece la tecnología, y la vez, vaya de la mano de una justicia más humana, en el sentido de que se atienda adecuadamente a las personas usuarias y garantice el respeto a sus derechos.

Si analizamos el entorno y las condiciones actuales, estas metas sólo pueden lograrse si los órganos judiciales de la región nos mantenemos unidos en la búsqueda de soluciones, promovemos espacios de contacto con la ciudadanía, compartimos experiencias exitosas y mantenemos una actitud crítica que nos impulse a seguir avanzando.

Nuestra experiencia

Nuestra experiencia en Costa Rica ha sido la de una constante búsqueda de soluciones viables a los problemas como el retraso judicial, el trato que se brinda las personas usuarias y el incremento de leyes que reconocen derechos que deben ser tutelados por la administración de justicia, sin que se nos asignen mayores recursos.

Hemos dedicado esfuerzos al rediseño y modernización de procesos en despachos específicos y en circuitos judiciales completos, a la descentralización administrativa, a la propuesta de reformas legislativas para simplificar y agilizar procesos, a la incorporación de la perspectiva de género, a la adopción de políticas de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad, la promoción de buenas prácticas, y, más recientemente, la ejecución de un piloto de gobierno judicial abierto que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración o alianzas con otras instituciones y con la sociedad civil.

Adicionalmente, trabajamos en la promoción de la ética y valores, desarrollamos una propuesta para la evaluación del desempeño, un programa de justicia restaurativa que dio origen a la política nacional, una política para el ahorro del gasto en papel y un sistema de gestión de calidad, entre otros.

En julio de este año la Corte Suprema de nuestro país aprobó una política de participación ciudadana que revela el compromiso de avanzar en nuestras relaciones con la sociedad civil.

Estos son solo algunos ejemplos de los esfuerzos que se han venido realizando para evidenciar el cambio que ha operado en la forma en que visualizamos la administración de la justicia.

Todos los esfuerzos han requerido mucho compromiso, motivación del personal y la promoción de cambios importantes en la cultura organizacional. En el proceso, se han tenido que vencer resistencias que son naturales cuando se promueven cambios de esta magnitud.

Sin embargo, no existen soluciones mágicas y debemos continuar estos esfuerzos, para promover los que nos brinden mejores resultados y aprender de los que no hayan dado los frutos esperados.

Los retos que enfrentamos

Los pilares de una nueva gestión judicial deben tomar en cuenta muchos elementos. Son esenciales el liderazgo del personal judicial, -especialmente de las juezas y jueces-, la motivación, la capacitación permanente, el trabajo en equipo, la participación de las personas usuarias, el uso de las modernas tecnologías, el establecimiento de indicadores y estadísticas y procesos para la mejora continua.

Para esto, se requiere identificar los perfiles específicos de las personas que son atendidas, con especial interés en las que pertenezcan a grupos en condición de vulnerabilización social que les dificulta el ejercicio pleno de sus derechos mediante el acceso a la justicia.

Deben, además considerarse, mejoras en las condiciones que se ofrecen tanto a quienes trabajan en la labor judicial y las personas usuarias.

¡Sigamos adelante!

En la actualidad la labor judicial se encuentra sometida a un escrutinio riguroso de parte de la ciudadanía. Se trata de una circunstancia que debemos asumir, no como una amenaza, sino como un reto que nos impulse a mejorar la calidad de la gestión judicial.

Las cargas de trabajo que aumentan son una señal de la creciente necesidad de la intervención del aparato judicial para mantener niveles adecuados de convivencia y paz social. Las personas usuarias necesitan respuestas rápidas y de calidad.

Debemos aprovechar al máximo los conocimientos que aportan otras disciplinas distintas al Derecho, como la administración pública, para lograr una mejor gestión judicial, reconociendo que la complejidad de los problemas que se enfrentan hace indispensable el trabajo interdisciplinario y de equipo. Se hace necesario profundizar en nuestra compresión de la realidad social en la que se encuentra inmersa la actividad judicial.

Existen temas estratégicos que deben someterse a una profunda y constante reflexión: el gobierno judicial, la carrera judicial, las políticas institucionales, administración presupuestaria, sistemas de información, inversiones, organización y funcionamiento de los despachos judiciales.

La tarea es ardua y debemos seguir adelante.

Palabras finales

Resulta justo reconocer el trabajo que viene realizando CEJA, desde hace más de 15 años, para apoyar los procesos de modernización de los sistemas de justicia de la región e incorporar los modernos conocimientos sobre administración pública, la modernización tecnológica mediante el uso de las tecnologías de la información, además de la motivación e inspiración que nos transmite.

Este Seminario internacional constituye un esfuerzo más, que permite compartir las experiencias de varios países revitalizarnos en el propósito firme de hacer los cambios necesarios para que nuestra justicia sea una justicia de óptima calidad y que responda a valores éticos como la excelencia, el compromiso, la integridad y la honradez.

Agradezco la presencia de ustedes, -tanto expositores como participantes-, sus valiosos aportes y firme compromiso de hacer realidad nuestra común aspiración de lograr una justicia centrada en dar un buen servicio a las personas usuarias, cuyas necesidades deben ser atendidas con prontitud, para que los conflictos que surgen de la convivencia humana puedan ser resueltos conforme a las leyes y no sea necesario para nadie acudir a soluciones contrarias a la justicia, la paz y a la democracia.

Les auguro muchos éxitos en estos dos días de intercambio y el deseo que todo ello nos motivo a continuar innovando.

Muchas gracias.