Mag. Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia 20 de noviembre, 2015

Me siento muy contenta de esta celebración de los 60 años de la incorporación de las disciplinas de Trabajo Social y Psicología, en el Poder Judicial. Dice mucho de nuestra institución. Significa que desde mediados del siglo pasado, en el Poder Judicial se tuvo claridad de que el conflicto judicial es en esencia un problema entre personas y por lo mismo, su resolución va más allá del dictado de una sentencia, de la aplicación de una norma jurídica a hechos de la vida que en algún momento, todos y todas podemos enfrentar.

Trabajo Social y Psicología nacieron con la clara finalidad de ser auxiliares de la administración de justicia, bajo el entendido de que en la decisión de los conflictos jurídicos que resuelven los tribunales de justicia, está latente la decisión sobre el destino, el desarrollo personal, la vida de las personas involucradas. Se trata de una justicia cercana y mejor.

Su surgimiento tiene como base, el reconocimiento de que las personas enfrascadas en un conflicto jurisdiccional, lo hacen en muy distintas condiciones. A ninguna persona le resulta indiferente o fácil, tener pendiente un proceso judicial, de cualquier naturaleza que este sea. Sin embargo, la forma como se enfrenta y los efectos de las decisiones judiciales en la vida de las personas, no es igual en todos los casos.

Desde sus inicios, Trabajo Social y Psicología han brindado una atención preferente a poblaciones vulnerables, fundamentalmente personas menores de edad y víctimas de violencia doméstica.
La primera designación de una “visitadora social” la realizó Corte Plena, en 1955, con la función de realizar una labor educativa con las personas menores de edad infractoras. La plaza fue asignada al Primer Juzgado Tutelar de Menores.

Con esa base, en 1963, con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores se crea el Departamento de Trabajo Social, adscrito a ese Juzgado, con ocho profesionales en San José. En 1972, se incorpora al Poder Judicial el primer psicólogo clínico forense en el contexto del Organismo Médico Forense.

Esa ley le atribuyó a estos funcionarios la realización de estudios sociales de los menores, la realización de los estudios y entrevistas solicitadas por el Departamento Clínico; la participación en el tratamiento social de los menores; la intervención en las actividades de prevención; y la coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia de los estudios, el tratamiento, los programas y los proyectos referidos a personas menores de edad.

En 1994, la Ley de Justicia Penal Juvenil, establece específicamente para los casos amparados por esa ley, la necesidad de los estudios psicosociales, en los casos en que "prima facie" se estime posible aplicar una sanción privativa de libertad. Ese mismo año, el Departamento deja de estar adscrito al Juzgado Tutelar de Menores e inicia como entidad independiente adscrita a la Dirección Ejecutiva, transformándose en el Departamento de Trabajo Social y Psicología.

En esa fecha el Consejo Superior, traslada al Departamento de Trabajo Social las plazas de trabajo social que anteriormente estaban adscritas a los juzgados de familia en las diferentes provincias, lo que da origen a las oficinas regionales a nivel nacional.

De singular impulso para el crecimiento del Departamento fue la promulgación de la Ley Contra la Violencia Doméstica, en 1996.

Esta ley contempló las medidas cautelares en este tipo de procesos y le impuso a las autoridades judiciales, el deber de revisar los resultados de la ejecución de esas medidas mediante la intervención del Departamento de Trabajo Social y Psicología. Es decir, conforme al objeto para el que fue promulgada esa ley, que es la protección efectiva de las personas denunciantes de violencia doméstica, se asignó a jueces y juezas la obligación de garantizar la efectividad de las medidas dictadas, para lo cual puede contar con la intervención del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

Así, tanto la función de la autoridad jurisdiccional como la de este departamento están dados en razón de lograr la efectividad de las medidas cautelares.

De modo que el Departamento de Trabajo Social, tuvo un repunte importante en la institución, en torno a dos poblaciones particulares: las personas menores de edad y las víctimas de violencia doméstica.

Actualmente, este Departamento cuenta con 137 puestos, entre personas trabajadoras sociales y psicólogas, que atiende a la población nacional a través de diversos programas. Intervienen a solicitud de las instancias judiciales, en procesos de familia, violencia, pensiones y penal. Además, integran el equipo de las Plataformas Integradas de Servicios. Aplican evaluaciones en el ámbito forense y son parte del Programa de Justicia Restaurativa.

Somos la institución pública que abrió el horizonte de oportunidades de trabajo a los profesionales de estos campos, con una idea definida y clara: crear un órgano colaborador de la administración de justicia. Pero esta colaboración con la que fue pensada, no fue en razón del proceso, sino de las personas que participan en el proceso.

La visión con la que fue creado el Departamento de Trabajo Social y Psicología no fue sólo para que sus profesionales colaboraran con la decisión del juez o jueza, aunque indudablemente en muchos casos, sus criterios son efectivamente, determinantes. No. La visión de la creación del Departamento de Trabajo Social fue de profesionales que apoyaran a las personas que se encuentran involucradas en un conflicto jurídico que afecta su desarrollo personal, familiar y social y buscamos la manera de cómo apoyarla para que enfrente la situación que vive. También se tenía la finalidad de conocer mejor las condiciones de las personas.

Con la ley penal juvenil, que fue su origen. La finalidad de la intervención de trabajo social era ver la realidad, la vivencia que enfrentaba la persona menor de edad en conflicto con la ley penal. No era saber si tenía capacidad o no para poderle imputarte la culpabilidad de sus actos. Eso era tarea propia de otro departamento.

Con la Ley de violencia doméstica de pretendió garantizar las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, garantizar que la medida de protección resulte efectiva para la persona solicitante de la medida, lo que involucra un abordaje que incluso le pueda proponer acciones o medidas para enfrentar de mejor manera su situación. Se debe partir de que una autoridad judicial decidió la imposición de medidas cautelares porque determinó el riesgo en que se encuentra una mujer. De manera que su función nunca puede ser apartarse de esa decisión que ya fijó la autoridad competente. Su intervención es colaborar para que aquella persona que demandó el auxilio judicial, mantenga las condiciones necesarias que garanticen la eficacia de la medida.

Ocasiones como estas nos brindan la oportunidad de celebrar lo que se ha avanzado, los logros obtenidos y que deben ser destacados; pero también nos inducen a reflexionar sobre la funcionalidad de nuestros esfuerzos, se está cumpliendo con la razón de ser de este departamento, y en qué medida. Indudablemente, el Departamento desarrolla una gran labor de colaboración en peritajes técnicos, que sirven como pericia a los efectos de un proceso judicial.

Es apropiado que dentro de este marco en que celebramos 60 años del Departamento de Trabajo Social y Psicología, se propicie en quienes integran este Departamento, la reflexión que le siga brindando legitimidad y justificación a su existencia.

Debe entonces avocarse a la revisión de los servicios que se brindan, su nivel de efectividad en relación con las necesidades de las personas usuarias y de los fines encomendados en las distintas leyes. La visión de un Poder Judicial con rostro humano, cuyo centro de atención era la persona, fue la esencia del nacimiento y fortalecimiento de este Departamento.

Corresponde retomar ese origen y esa finalidad, dar un servicio efectivo, novedoso, pero sobre todo de compromiso con las necesidades que hoy enfrentamos.

Es necesario repensar que su intervención no solo sirva al proceso, como un elemento de prueba más, sino que se retome en función de las personas como el centro de la intervención. Esta fue la razón original por la que surgió y por la que yo, desde mi posición de magistrada, siempre he tenido compromiso en fortalecer ese Departamento.

Mi reconocimiento a quienes lideraron por tantos años el Departamento de Trabajo Social y lograron su consolidación: doña Thais Ulate, don Mario Villalobos, doña Jeanette Ortíz y doña Rosario González; así como a doña Alba Gutiérrez y a quienes hoy día trabajan en ese Departamento y buscan dar lo mejor de sí, en sus labores. Doña Alba, estoy segura de que el timón está en muy buenas manos!

Mi esperanza es que este Departamento se fortalezca y por ello agradezco esta oportunidad de celebrar y de reflexionar, en lo que es nuestra institución y el objetivo que nos otorga nuestra razón de ser.

Tengan todos y todas, un buen día.