Mag. Julia Varela Araya Sala Segunda 26 de Noviembre, 2015

En nombre de la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señora Zarela Villanueva Monge y en mi condición de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tengo el honor de dirigirme a ustedes en este importante evento.

Me siento complacida de celebrar cuatro décadas de existencia y vigencia de una institución como el Ministerio Público costarricense, una de las instituciones fundamentales para nuestra democracia.

La comunidad costarricense y la internacional, reconoce en nuestro sistema de administración de justicia un sistema fiable, independiente y respetuoso de los derechos. Varios son los factores que abonan a este reconocimiento, sin embargo, uno que resulta cardinal fue la creación del Ministerio Público como un órgano adscrito al Poder Judicial.

Nuestros legisladores de hace 40 años tuvieron la clara visión de la importancia de contar con un órgano acusador al cual se le garantizara absoluta independencia de la función persecutoria estatal. Este objetivo lo logró radicando al Ministerio Público como una dependencia del Poder Judicial. Es precisamente esa la actividad que hoy conmemoramos, cuando a través de la promulgación del Código de Procedimientos Penales, de 1973, que entró en vigencia en julio de 1975, se separó al Ministerio Público de la Procuraduría General de la República y se le trasladó al Poder Judicial, con las características principales que hoy tiene.

Sin lugar a dudas acertó el legislador de la época al radicar al Ministerio Público en el órgano público constitucional cuya independencia frente a los intereses y vaivenes del poder, tanto público como privado, es condición propia a su naturaleza. Al disponerlo así –un caso atípico- estructuró los cimientos de un sistema democrático en el que resulta favorecido y fortalecido el principio fundamental de igualdad ante la ley penal.

Y aún dentro del Poder Judicial, la independencia de ese órgano le está garantizada por su propia ley orgánica y por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en estos términos: El Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia. Del Consejo Superior del Poder Judicial depende, pero únicamente en lo administrativo y no en lo técnico profesional.

Es dentro del marco de un poder público independiente y apolítico (PJ), que el Ministerio Público ha sentado sus raíces para convertirse en una garantía de la legalidad y de la institucionalidad de este país, apoyado en dicha labor por una Corte Suprema de Justicia que ha respetado y garantizado su independencia durante todo este tiempo y que le ha puesto a su servicio las condiciones necesarias para su crecimiento en una labor tan relevante para el sistema democrático, como el ejercicio de la acción penal.

Al respaldo de esa independencia se ha unido un personal comprometido con hacer de esa institución un valuarte de la legalidad. Indiscutiblemente, ninguna legislación o sistema en el mundo sería legítimo en el ejercicio de una función tan delicada, como la acusatoria, si las personas responsables de su aplicación no están comprometidas con el principio de respeto a la independencia y a la legalidad. En eso también hemos sido afortunados. Considero que quienes han liderado el Ministerio Público han tenido como compromiso, el respeto a la institucionalidad que representan y luchan por la mejora continua del servicio público a su cargo.

Es importante señalar que existe compromiso, de quienes integran el Ministerio Público, con el respeto al sistema de derechos de las personas vinculadas a los procesos penales.

Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles para la seguridad ciudadana y para la estabilidad del país sobre todo por el problema del fortalecimiento del crimen organizado. La sociedad ve con expectativa cuál es la respuesta que desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público y desde la Policía Judicial se le brinda a esta problemática. Esto nos exige que, manteniendo siempre los más altos valores de respeto a la legalidad, lideremos una acción efectiva que mantenga en nuestra sociedad, la confianza en el ordenamiento jurídico, en el Estado y sus instituciones, que siguen siendo el mecanismo civilizado para la atención eficiente y adecuada de las amenazas que se ciernen sobre su seguridad.

Las bases del Ministerio Público costarricense, son sólidas y eso es conveniente para fortalecer nuestro Estado de derecho. Ese es el motivo por el cual tengo la confianza y certeza, como costarricense, que tenemos capacidad instalada para combatir los retos actuales de inseguridad ciudadana y de impunidad de delitos.

También podemos lograr mayor tutela de la víctima y de vincularnos al sistema garantista dentro del marco más general que ahora nos plantea tanto la Sala Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en causas relacionadas con poblaciones vulnerables.

El Poder Judicial celebra los éxitos del Ministerio Público en estos cuarenta años, en un contexto social en el que la tarea de enfrentar la criminalidad no es fácil, nuestra confianza está en el personal que lidera y trabaja en el Ministerio Público, que estoy segura se mantendrá en el camino de reinventarse cada día, para seguir enfrentando con responsabilidad y compromiso las exigencias presentes y futuras.

Mis felicitaciones a quienes participan de la dirección y del trabajo diario de esta gran organización.

Muchas gracias y buenas tardes!