Participaron en el panel de discusión, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, el Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Gilbert Armijo Sancho, como moderador; la magistrada Presidenta de la Sala Penal de El Salvador, Doris Luz Rivas Galindo y el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Víctor Roberto Prado Saldarriaga.

La posición del Poder Judicial de Costa Rica fue enérgica en la necesidad de que los Sistemas de Justicia de América Latina deben propiciar servicios especializados y el reconocimiento de los derechos orientados a las personas víctimas del delito, propiciando un rango constitucional.

Así lo reiteró la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, durante la mesa de trabajo denominada “Problemas críticos de la justicia penal y el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe”, que se desarrolla en el marco del Congreso Internacional sobre Criminalidad y Sistemas de Justicia Penal en América Latina y el Caribe, organizado por el ILANUD.

Villanueva Monge señaló diversas acciones concretas a favor de las víctimas del delito, para garantizar acceso a la justicia, como lo son la representación legal gratuita, propiciar su participación activa en todas las partes del proceso, evitar su revictimización y la discriminación por cualquier condición de vulnerabilidad, así como tender a una infraestructura cómoda y accesible.

“Promover que los derechos de víctimas sean elevados al rango constitucional. Esta es una aspiración para Costa Rica, el que tenga normas constitucionales para visibilizar, proteger y garantizar los derechos de las victimas”, puntualizó la máxima jerarca del Poder Judicial de Costa Rica.

La Presidenta de la Corte también hizo referencia a propiciar mejoras en el sistema de estadísticas judiciales, que ya se trabaja en la Cumbre Judicial Iberoamericana, para identificar la características sociodemográficas de las personas víctimas y la aplicación de la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, que señala los principios generales que debe orientar una política orientada a la protección de estas personas.

Además se expuso servicios especiales que implementa el Poder Judicial como lo son la Plataforma Integral de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) que reúne los servicios de la Fiscalía, Defensa Pública, Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima y está dirigido a víctimas de violencia. A este trabajo se suma el programa de los Equipos de Respuesta Inmediata para la Atención de Víctimas de Violación, que procura un abordaje integral a las víctimas en las primeras 72 horas de ocurridos los hechos y que propicia una coordinación entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hospitales estatales, Fiscalía, Policía Judicial, Medicatura Forense y la aplicación de antiretrovirales.

El panel contó con la participación de la magistrada Presidenta de la Sala Penal de El Salvador, Doris Luz Rivas Galindo, quien resaltó que en su país se han logrado avances sustanciales en materia de acceso a la justicia, sin embargo se tienen retos pendientes en temas de violencia contra la mujer y la atención del factor pobreza.

“Los problemas sociales jamás lo va a resolver el Derecho Penal y esta es la crisis que actualmente tenemos. Entre los desafíos, el tema de las víctimas debe buscarse la reparación de los derechos de éstas y creo que en El Salvador debemos dar pasos fundamentales en esta línea”, afirmó Rivas Galindo.

Por su parte, el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, expuso sobre la necesidad de desarrollar una justicia penal intercultural, para visibilizar a las víctimas y hacer efectivo su acceso a la justicia, especialmente superando brechas de discriminación de género. Además explicó el tratamiento que la justicia peruana viene dando a los actos de abuso y violencia sexual sufridos por niñas y adolescentes y que tiene como perpetradores a integrantes de las comunidades andinas y amazónicas del país.

El moderador de la mesa, el Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Gilbert Armijo Sancho, destacó que cada país latinoamericano tiene sus propias realidades y cada Estado debe impulsar su propia legislación adecuada a su realidad.

Durante la jornada de trabajo de la tarde se continuó con la segunda parte del panel de discusión , con la participación del Presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, el Magistrado Suplente y Director Nacional de Instituto de la Defensoría de Oficio de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Gabriel Elías Fernández Madrid, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Leonidas Bustos Martínez y el Ministro del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Sebastião Alves dos Reis Júnior.