El análisis de la iniciativa de ley estuvo a cargo del magistrado instructor Carlos Chinchilla Sandí.

Una serie de recomendaciones fueron emitidas por los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, sobre el proyecto de “Ley de Gobierno y Tecnologías Digitales, que podrían tener incidencia en el desarrollo y establecimiento de políticas en materia tecnológica del Poder Judicial.

El informe aprobado por Corte Plena se dio ante la solicitud de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, que pidió el criterio judicial sobre el expediente 19 122, que se encuentra en análisis de este órgano legislativo.

El análisis de la iniciativa de ley estuvo a cargo del magistrado instructor Carlos Chinchilla Sandí.

Una de las conclusiones que señala el informe de Corte Plena es que “…con la propuesta, se elimina la competencia de la institución – por medio de su Departamento de Tecnología de la Información – para definir qué programas se ajustan a sus necesidades, y se elimina también la competencia del departamento de Proveeduría, para contratar las adquisiciones de software, y en cambio, se traslada dicha función a un ente externo: la “Agencia Nacional de Tecnologías Digitales”, a la cual se le asigna la función de “…implementar y ofrecer servicios basados en tecnologías digitales, de forma centralizada para todo el Estado…” (artículo 17 inciso j) del Proyecto de Ley de Gobierno y Tecnologías Digitales)”.

Para Corte Plena, la disposición que contiene el proyecto de ley de entregar la administración y gestión de tecnología de la información a un ente centralizado, fuera del Poder Judicial, cedería también el control de las políticas informáticas institucionales.

“…en la actualidad el ejercicio de la función jurisdiccional es inseparable del apoyo informático, al entregar la definición de políticas, adquisiciones e implementación o mejora de programas en el ente centralizado que se propone en el Proyecto de Ley, se estaría afectando de forma muy directa y sensible, la labor jurisdiccional y el margen de decisión de Corte Plena, en relación con un aspecto que resulta esencial en el desarrollo y definición del plan estratégico del Poder Judicial”, puntualizó el informe judicial.

Los magistrados y magistradas concluyeron que al determinar la iniciativa de ley que el máximo jerarca de la Agencia Nacional de Tecnologías Digitales, responda al gobierno de turno, esto incidiría en la falta de continuidad de los planes que requieren una implementación y desarrollo a mediano y largo plazo, así como el monopolio de la gestión de compras públicas que se regula en las normas transitorias, al imponerse un determinado sistema para todas las adquisiciones del Estado.

También señalaron la preocupación sobre los sistemas informáticos judiciales, donde según el texto propuesto, la Agencia tendría un acceso irrestricto a todas las bases de datos, con lo que se prevé un riesgo al implicar una manipulación sobre el gran cúmulo de información sensible que se maneja en el Poder Judicial.

“… la aprobación de la propuesta tal y como se encuentra planteada, genera roces constitucionales y legales, por desconocerse los principios de legalidad, equilibrio presupuestario y, además, por invadirse competencias que la ley ya asigna a otros entes, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las dificultades y la dilación que pueden generarse ante una concentración de funciones en un órgano con las características de la Agencia Nacional de Tecnologías Digitales, es fácilmente predecible.”, detalló el criterio de Corte.