Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 5 de Octubre 2015, 8:30 a.m. Hotel Radisson, San José, Costa Rica

Me complace participar en este acto en el que se conmemoran 40 años de haberse fundado en nuestro país, el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Desde su fundación sus objetivos se vinculan con la administración de justicia penal y las personas infractoras de la ley penal, labores que lo relacionan con el Poder Judicial de Costa Rica.

La misión del ILANUD es acorde con el fundamento que impregna la existencia de los sistemas procesales penales, construidos para responder a la preocupación del respeto de los derechos del imputado frente al Estado. Este Seminario nos proporciona la oportunidad de meditar y repensar sobre la justificación de la existencia de estos sistemas, valorar los cambios realizados y sobre todo, analizar el cumplimiento de sus objetivos y la contribución a la paz social-
Más allá de la academia, como representante de un poder de la República al que le corresponde constitucionalmente la administración de justicia, me parece importante reflexionar sobre la respuesta del sistema penal a la ciudadanía, a la cuál nos debemos, en última instancia.

Y desde esta perspectiva, las preguntas son:

Han sido exitosas las reformas procesales penales en América Latina?
Han logrado estas reformas un verdadero impacto en el acceso a la justicia?

Se han cumplido los objetivos de la justicia penal?
A quienes garantiza justicia el proceso penal?

Tiene el proceso penal mecanismos adecuados para el acceso a la justicia de poblaciones en especial condición de vulnerabilidad, como lo son, las mujeres víctimas de violencia, las poblaciones afrodescendientes, indígenas, migrantes y refugiadas, población adulta mayor, niñez y adolescencia, población de diversidad sexual, población con alguna discapacidad y población en condición de pobreza?

Quiénes son las personas que están en las cárceles de América Latina? Por cuáles delitos llegan ahí? Posibilita el sistema el tratamiento diferenciado de unas y otras personas, en un contexto de globalización y de incremento de los índices de pobreza, en una región que ha sido definida por Naciones Unidas, como la más inequitativa del mundo?

Después de la sentencia condenatoria, cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos en las prisiones? Ninguna cárcel en nuestra región tiene niveles aceptables de población penitenciaria; prácticamente, unas más que otras, todas se encuentran sobre pobladas y con hacinamiento.

Las respuestas a estas preguntas, que sabemos, no son alentadoras; se relacionan con una realidad: la pérdida de credibilidad y legitimación de las instituciones públicas, particularmente, del sistema de administración de justicia en general, porque lo penal es la rama que ocupa la mayor atención de la población, la que valora y sintetiza su apreciación del sistema judicial, a partir de la respuesta que brinda el sistema penal.

Para confirmarlo, basta observar el descenso en los niveles del promedio latinoamericano de confianza en la justicia. Según el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad, en el año 2009, el promedio regional fue tan solo de un 29%.

Desde mi visión, esta pérdida de credibilidad se relaciona, en gran parte, con las barreras de acceso a la justicia penal que históricamente han enfrentado las personas víctimas de delitos, cuyo papel dentro del proceso penal, ha sido tradicionalmente relegado, cuando no desconocido o minimizado. Por mucho tiempo se desconoció que en la justicia, los derechos de todas las personas deben ser igualmente valorados y garantizados. No se han visualizado las distintas condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas víctimas que acuden al sistema judicial también en busca de tutela efectiva a sus derechos o, en el más amplio sentido de la palabra, a encontrar la justicia de su caso.

En las últimas décadas, nuevas corrientes criminológicas y victimológicas han impulsado, de manera importante, la visibilización de las personas víctimas de un delito. Este es el camino en el que deben avanzar ahora los sistemas procesales penales. En la América Latina del siglo XXI no es posible pensar en una política de persecución penal, en una política criminal que no considere a la víctima, sus derechos y su marginación por el sistema penal; las condiciones de vulnerabilidad que afectan a poblaciones específicas; la identificación de acciones preventivas para disminuir nuevas victimizaciones primarias; la asistencia a las víctimas y su tratamiento interinstitucional e interdisciplinario posterior a la victimización; todo bajo un enfoque que busque la disminución de la revictimización o victimización secundaria y aún, la terciaria.

Esta reivindicación para con las personas víctimas es urgente, no solo para saldar el compromiso de respeto a sus derechos fundamentales, sino para que las administraciones de justicia y especialmente la penal, logren revertir la crisis de legitimación que desafortunadamente parece profundizarse en todos nuestros países.

Es necesario tener claridad de que, en tanto se sigan identificando los intereses del Ministerio Público como los propios de la víctima, se perpetúa el paradigma que obstaculiza a estas personas el acceso efectivo a la justicia, empezando porque el sistema no le provee de asesoría jurídica adecuada que le permita continuar el proceso por sí misma, cuando el Ministerio Público decide desistir de la acción penal. No se ha cuestionado qué hace la víctima en condición de pobreza o pobreza extrema, en esa situación, cuando no puede pagar representación letrada y no cuenta con asistencia legal gratuita como sí la tiene la parte ofensora. Esto es discriminación.

Las víctimas de delitos requieren de representación legal efectiva y gratuita, cuando sus intereses estén en contraposición con los del Ministerio Público.
Los informes de seguimiento e informes comparativos, sobre los procesos de reforma judicial en América Latina, efectuados por el Centro de Justicia de las Américas, revelan que en la región prevalece la aplicación de “mecanismos de descongestión del sistema”, como la desestimación y el archivo fiscal. Estos mecanismos rondan el 60% de las denuncias. Frente a esta política, el sistema no se ha cuestionado cuál es la respuesta que damos a quien denunció.

No se trata de que todos los procesos terminen en condenatoria o con sentencia. La propuesta es para que el conflicto sometido ante la justicia penal, obtenga un abordaje positivo para su solución; donde se garantice el cumplimiento de las obligaciones de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. En un Estado democrático de derecho, el proceso penal debe respetar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas por el delito, tanto la persona imputada, como la víctima; así lo exige este momento histórico. El proceso penal tiene que ser democrático.

DERECHOS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD:

El cambio de paradigma, ante el cual nos encontramos, ha generado el reconocimiento de los derechos de la víctima, al máximo nivel del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos. El control de convencionalidad, al que están sujetos los Estados parte de estas convenciones y tratados, nos obliga a atender estos nuevos enunciados, ya aplicados de manera directa, en varios antecedentes dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La política criminal de un Estado democrático y pluralista, debe ahora lograr que la víctima reciba seguridad del ordenamiento jurídico, asistencia desde campos interdisciplinarios e interinstitucionales, reparación de los perjuicios que ha sufrido, recuperación de su integridad; todo lo cual procede de una nueva exigencia social y humana.

Los Estados están ahora más que nunca, en la obligación de revisar el diseño y la estructura del proceso penal, de desarrollar instrumentos que visibilicen las necesidades y condiciones específicas de las personas víctimas, y garantizar su acceso efectivo, a la justicia. Los compromisos internacionales deben ser cumplidos.

Concluyo brindando mi reconocimiento al ILANUD, una institución que ha realizado importantes contribuciones a la justicia penal, al estudio del fenómeno criminológico y al análisis científico de la violencia en América Latina.

Durante 40 años consecutivos, y ejerciendo el mandato emanado de las Naciones Unidas, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), ha colaborado de manera sostenible, con todos los países de la región, en la implementación de políticas públicas, programas y proyectos, enmarcados dentro de la prevención del delito y la justicia penal.

Gracias a un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica, en 1975 se creó este organismo, que desde entonces, fue acogido por nuestro Poder Judicial; y coincido plenamente con don Elías Carranza, cuando ha dicho que “no hay otro espacio más idóneo para que el ILANUD desarrolle su labor, que en el seno de la propia justicia”.

Más allá de que el mandato inicial del ILANUD se enfocaba en la persona transgresora de las leyes penales, desde una visión de Derechos Humanos el instituto abrió su trabajo también a las víctimas, mediante procesos de investigación, formación y capacitación; además de desarrollar mecanismos para conocer el estado de la implementación de instrumentos como las Reglas de Brasilia, las Guías de Santiago y la Carta de Derechos de las Víctimas.

Me honra ser parte de la mesa que inaugura el “Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe”, actividad que sin duda alguna va a constituir un espacio de reflexión del más alto nivel; el cual esperamos pase de la academia a la praxis, mediante la identificación y propuesta de acciones concretas para el mejoramiento del acceso a la justicia penal de todas las personas.

No quisiera concluir, sin hacer mención a personas que han brindado aportes importantes a esta institución.

El trabajo realizado por don Jorge Arturo Montero, quien dirigió el Instituto por tantos años, marcó el camino de éxito y profesionalismo que don Elías Carranza ha sabido continuar y llevar hasta buen puerto.
Mi reconocimiento a don Elías, a todo el personal de este instituto, quienes durante estos 40 años han convertido la misión del ILANUD en una realidad.

Como funcionaria judicial, me siento orgullosa de albergar al ILANUD, institución forjadora de importantes legados para la justicia penal de iberoamérica y de la sociedad mundial.

MUCHAS GRACIAS.