José Manuel Arroyo Gutiérrez Vicepresidente Corte Suprema de Justicia 1°, de octubre, 2015

El día de hoy conmemoramos el 189 aniversario de la instalación de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país.

De acuerdo con los historiadores Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Mauricio Masís Pinto, quienes en el año 2006 realizaron una investigación de la historia de la Corte Suprema de Justicia, la creación de una Corte Superior de Justicia se dio en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero de 1825; con las bases que había establecido la Constitución Federal de Centroamérica de 1824; sin embargo, la integración de la Corte y su entrada en funcionamiento no fue fácil.

Señalan estos historiadores que para esa época había pocos abogados costarricenses y las condiciones presupuestarias del país no ofrecían ningún atractivo salarial. El primer presidente de la Corte que fue nombrado, así como el primer fiscal, ambos abogados nicaragüenses radicados en ese país, se excusaron de asumir el cargo, lo mismo que el tercer magistrado electo, lo cual se repitió también en relación con el fiscal nuevamente nombrado y con el primer y tercer magistrados electos. De ahí que la Asamblea, preocupada por esta carencia, dispuso que el 1° de octubre de 1826 se instalara la Corte, con los integrantes que estuvieran presentes.

Tanto la instalación de la Corte como la independencia patria se acercan a su bicentenario; con una diferencia de apenas cinco años. Esto significa que la consolidación del Estado Costarricense fue concomitante, a la del Poder Judicial. En sus inicios, nuestra institución tampoco estuvo exenta de los vaivenes políticos que conoce nuestra historia patria, en la conformación de la identidad nacional.

Sin embargo, hoy por hoy, el Poder Judicial es un bastión del Estado democrático costarricense. Cuando hablamos de democracia, nos interesa redimensionar el término porque en ocasiones, la recurrencia a su nombre para justificar muchas acciones, pone en la penumbra cuál es el verdadero significado de un sistema democrático confundiéndose o restringiéndosele su contenido, al tema de la representativa y elección popular de quienes ejercen el gobierno y los demás poderes públicos.

Un sistema democrático es un sistema de organización política en el que las personas están sujetas a un régimen de derecho, el imperio de la ley, que garantiza el respeto a los derechos fundamentales de las personas y por ende, genera una convivencia pacífica.

En una democracia las personas cuentan con la seguridad del respeto a sus derechos fundamentales para una vida digna, segura y con posibilidades de desarrollo.

Cuando las democracias fallan, la anarquía o el autoritarismo sustituyen al régimen de derecho y los derechos de la población, en todas sus dimensiones –aún las que consideramos básicas- comienzan a ser, los que el dictador o tirano, definen.

Por supuesto que eso no es lo que queremos para nuestro país, acostumbrados y acostumbradas, como lo hemos estado a un régimen democrático y social de Derecho que nos ha permitido un régimen de libertades y derechos que nos han posibilitado un adecuado desarrollo. Por supuesto que no estamos ciegos, ni desconocemos las vulnerabilidades en el acceso a derechos fundamentales que enfrentan muchas personas, particularmente ubicadas en distintas categorizaciones, por su condición de género, de capacidad económica, de alguna discapacidad, de su etnia o algunas de las otras tantas condiciones que esta institución dichosamente ha reconocido de manera formal, como limitante del acceso a derechos fundamentales, particularmente del derecho de acceso a la justicia.

La administración de justicia, como dije, sigue siendo un bastión de la democracia. Las personas que no encuentran satisfechos los derechos que el sistema le debe garantizar, encuentran en nuestra institución el mecanismo civilizado para el reclamo efectivo de esos derechos.

Cuando las personas no reciben los alimentos de la persona que está obligada a brindar esa prestación para garantizar su derecho fundamental a la vida, acude a los tribunales de pensiones alimentarias; cuando una persona es víctima de violencia que afecta su derecho a la integridad personal, a vivir una vida digna, libre de violencia, acude a los tribunales de violencia doméstica o a los tribunales penales; cuando es necesario definir discusiones en torno al derecho de propiedad, a su restitución o reconocimiento, tiene las vías civil, agraria, contenciosa, de cobros, entre otras; cuando sus derechos fundamentales han sido violentados o puestos en grave riesgo de violación, y las demás instancias públicas no le han logrado dar una adecuada respuesta acude al tribunal Constitucional. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el Poder Judicial garantiza a través de sus servicios, el respeto a los derechos fundamentales que el Estado democrático, por principio, debe garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas.

De ahí la importancia de la respuesta que brinda el sistema de administración de justicia a la población usuaria de nuestros servicios. Una prestación eficiente y eficaz de nuestros servicios le significa a las personas la confianza de que el sistema democrático funciona y que se debe trabajar por él.

Al conmemorar el 189 aniversario de la existencia del Poder Judicial he definido señalar la importancia del Poder Judicial para la permanencia de nuestro sistema democrático ante la serie de embates que estamos recibiendo desde fuera, particularmente al limitar nuestro presupuesto institucional.

No se advierte la necesidad de mayores servicios que nos requiere la población año con año; la cada vez más cruenta criminalidad organizada que nos rodea y nos acecha, frente a lo cual, las acciones de la policía judicial, del Ministerio Público, de la misma Defensa Pública y de los tribunales penales, resulta fundamental. No se visualiza la necesidad de fortalecer nuestra institución y por el contrario, publicaciones que exarceban el ánimo de la población, critican los salarios de los empleados judiciales, sin tomar en cuenta, la distinta naturaleza de nuestras funciones, la prohibición establecida por ley para garantizar que los jueces y las juezas y una gran cantidad de funcionarios y funcionarias se dediquen de manera exclusiva a impartir justicia y no nos encontremos frente a inconvenientes conflictos de intereses. Esta prohibición no existe para la mayoría de las entidades públicas.

La jerarquía institucional es plenamente consciente de la situación fiscal del país. Por esa razón, el presupuesto 2016, contiene el menor porcentaje de aumento de los últimos diez años; tampoco se crearon plazas nuevas.

Pero este compromiso con la situación fiscal del país y las finanzas públicas tiene que provenir de cada uno de los funcionarios y funcionarias, porque le costamos a cada habitante el país, un promedio de $140. Esta es una de las críticas que enfrentamos, porque cuando hemos aumentado la cantidad de funcionarios o funcionarias para atender la morosidad de un despacho judicial, la productividad, en lugar de ascender, disminuye porcentualmente.

La mora no es un problema nuevo. La enfrenta la institución desde hace muchos años y desde diferentes acciones se ha buscado su abordaje, porque la respuesta pronta y eficiente, es lo que esperan las personas que acuden a nuestros despachos.

La institución promueve ahora un sistema de evaluación del desempeño y rendición de cuentas, aplicable a todas las oficinas judiciales, tanto administrativas como jurisdiccionales. Atendemos con esta propuesta, la obligación constitucional introducida en el año 2000, al artículo 11 de la Constitución Política, que así lo dispone.

La institución hace lo propio para garantizar que su personal sea competente y esté debidamente capacitado para el mejor cumplimiento de sus funciones y de sus metas. La Escuela Judicial así como la Dirección de Gestión de la Capacitación están pendientes de los aspectos en los cuales se requiere reforzar el conocimiento o las habilidades. Sin embargo, a nada conducen estos esfuerzos si de parte de quienes reciben estas tutorías no existe un verdadero compromiso de aprendizaje y de la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos.

Por esa razón se planeó el curso virtual “Mi formación, mi responsabilidad”, una iniciativa de Gestión de la Capacitación que ha contado con el apoyo de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

Este curso busca ser un primer acercamiento para las personas servidoras judiciales que incursionan en los procesos de capacitación virtual, que enfatiza en la importancia que tiene este tipo de formación y los deberes éticos que asumen las personas inscritas, como principales responsables de su proceso de aprendizaje.

En el curso se revisan las implicaciones de participar en los procesos de formación, a partir de varios principios éticos.

Se espera que con este nuevo curso, las personas servidoras judiciales puedan tener mayor claridad sobre las ventajas que implica tener a su alcance procesos de formación hechos a la medida de la institución; reconocer cuáles son sus compromisos como estudiantes y hacer un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Todos estos son esfuerzos institucionales para mejorar. Indiscutiblemente que en el logro de este objetivo el gran motor será siempre la disposición y el compromiso de cada uno y cada una de los servidores, no solo por ofrecer un servicio eficiente sino también transparente y honesto, porque eso es lo que espera la sociedad, del Poder Judicial.

La campaña institucional “Cadena de Valores” tiene el definido propósito de fortalecer los principios éticos que deben regir la función de los servidores y servidoras judiciales. Es una campaña muy llamativa, que busca que cada uno y cada una de nosotros, se anime a aprenderse e interiorizar los valores de: compromiso, excelencia, honradez, iniciativa, integridad y responsabilidad con los que debemos asumir nuestras funciones desde cualquiera de las funciones en que nos desempeños.

Finalmente, mi reconocimiento a quienes el día de hoy reciben con orgullo el certificado al mérito judicial por 20, 25 y 30 años de servicio. La institución les agradece sus valiosos servicios e insta a quienes se mantienen laborando a seguir por la senda de los lineamientos trazados por la institución, a través de los valores reconocidos así como de las políticas institucionales que en general se pueden resumir en la búsqueda del respeto a la dignidad, tanto de quienes nos acompañan en las labores del día a día, como de las personas que demandan nuestros servicios.