El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano administrativo supeditado al Consejo Superior del Poder Judicial. Ejerce control regular y constante sobre las personas que trabajan en dicha institución (salvo algunas excepciones como el caso de magistrados, fiscal general de la República y otros, para los cuales hay un régimen disciplinario diverso).

 Este órgano, en esencia, tramita y resuelve quejas recaídas en la labor de funcionarios y funcionarias judiciales, es decir, aplica el régimen disciplinario establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (cuando así proceda) dentro del marco del debido procedimiento administrativo. 

 Debe admitirse sin parangón que esta estructura administrativa ha sido reforzada por el Poder Judicial en los últimos tiempos, ya que otrora atravesó un periodo de ostracismo con etapas nebulosas para la administración de justicia.

 Por su cuenta, debe hacerse notar la importancia que le atribuyó la Ley Orgánica del Poder Judicial a este órgano disciplinario a partir de su ordinal 174, delimitando -o circunscribriendo- (sin por ello agotarse en esos tópicos) su función a la corrección, el decoro y eficiencia de la gestión judicial.

 Para ello actualmente se cuenta con dos secciones funcionales conformadas por funcionarios de amplia carrera y experiencia en variados temas judiciales. Estos fungen como inspectores generales y son quienes deben resolver en primera instancia administrativa la situación jurídica de los particulares (también encausados o denunciados) en su relación de empleo público con la citada institución.

 Cabe señalar, este órgano disciplinario ha impuesto correcciones e incluso revocado nombramientos de funcionarios que no han seguido su función según los causes legales; decisiones, en su mayoría, confirmadas por el Consejo Superior.

Puede afirmarse sin dubitaciones la importancia capital que supone para esta labor de la República el fortalecimiento de estas estructuras administrativas, máxime en este periodo moderno o de "tiempos líquidos", como le denomina el reconocido pensador y filósofo polaco Zygmud Bauman, donde la incerteza se apodera del espacio cotidiano y las relaciones entre los poderes públicos son a veces muy complicadas. Siendo necesario potenciar internamente la rectitud, transparencia y entrega desinteresada de los funcionarios al interés general.
 
Esto también se sustenta, tomando en consideración los poderes fácticos u ocultos, como aquellos que generan por medio de dinero sucio y otras fuentes de intromisión un clima de invisibilidad en el sistema, moviendo sus hilos entre bastidores y generando un declive institucional.

 Ante esta circunstancia debe actuarse rigurosamente ante la posible introducción de personas, llamados en otros círculos "topos", comprometidas hasta las vísceras con sectores oscuros de la sociedad contra los cuales se debe luchar enérgicamente en todos los frentes. Solo así podrá apartarse la corrupción, tráfico de influencias y la nefasta imagen que asocia al funcionario público con una clase socialmente privilegiada que únicamente lastra el erario y no genera a la sociedad nada positivo. 

 En esta perspectiva el Tribunal de la Inspección es un sostén y pilar de la democracia, pero sobre todo del Poder Judicial, y está empeñado en un elemento teleológico fundamental: la sana administración de justicia.