Ante Comisión de Hacendarios de Asamblea Legislativa
Presidenta de la Corte expuso presupuesto del Poder Judicial para el 2016
Andrea Marín Mena
Periodista

Presidenta de la Corte Zarela Villanueva Monge explicó que para el 2016 el Poder Judicial no aumentará en plazas nuevas.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge puntualizó esta tarde, sobre los programas prioritarios para el funcionamiento efectivo del Poder Judicial para el año 2016.

Villanueva Monge señaló en la Comisión Legislativa que la formulación presupuestaria para el 2016 adoptó más de 100 directrices de contención del gasto.

“El 43,2 % del presupuesto se dedica al Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública y se han postergado los proyectos de expansión de carácter social como la Plataforma Integral para la Atención a Víctimas (PISAV) y Justicia Restaurativa. No hay plazas nuevas y se disminuye en anualidades ¢2500 millones. Lo que representa una disminución en recurso humano de un 2,1%, con respecto al año 2015”, detalló la máxima jerarca del Poder Judicial.

En el plan de gastos del Poder Judicial se identifican subpartidas que registran crecimiento en inversión y necesidades básicas. Algunas de éstas, mediante acuerdo entre la institución y la Subcomisión de Hacendarios registraron una importante reducción que ronda en total los ¢4 mil millones.

La Presidenta de la Corte indicó que se apostará al mejoramiento de la gestión judicial “…apuntando a la evaluación del desempeño, tema donde hemos dictado un reglamento y que la Asamblea Legislativa tiene un proyecto de ley, donde se establecen indicadores de desempeño, perfiles por competencia tanto genéricas como específicas de valores y compromiso y una rendición de cuentas y transparencia”.

Entre las prioridades está la construcción de edificios que incluye poco más de ¢10 mil millones, dirigidos a infraestructura de gran impacto como el Edificio de Los Chiles, la tercera etapa del Edificio de los Tribunales de Limón, el reforzamiento del Edificio de La Corte, el Edificio de Jicaral y la atención de exigencias legales por la Ley 7600.

Se incorporaron recursos para la atención de suplencias, pues el servicio público del Poder Judicial, no puede paralizarse. La no sustitución implica una afectación directa en el servicio y diligencias judiciales ya programadas.

El aumento de la inversión tecnológica responde a necesidades puntuales: en telecomunicación, ampliación de la “nube” de respaldo y protección de la información judicial y asegurar la continuidad de los servicios electrónicos Esta subpartida alcanzaría unos ¢ 3.900 millones, que incluye el pago de los servicios en telecomunicaciones.

El mantenimiento de los edificios existentes responden a criterios de seguridad para las y los servidores judiciales y las personas usuarias, por ello requerirá una inversión de poco más de ¢2.192 millones.

La comparencia se dio el pasado 23 de setiembre.
La subpartida de equipo de transporte atenderá en su mayoría la necesidad de la policía judicial de sustituir vehículos por desgaste natural, los que se utilizan para la lucha contra la delincuencia común y organizada, esta subpartida se estima en poco más de ¢4 mil millones para el otro año.

Cerca de ¢871 millones se invertirán en la subpartida de útiles y materiales de resguardo y seguridad, para atender como prioridad el reemplazo de 925 chalecos de la policía judicial, que luego de siete años de uso está por vencer su garantía.

El reforzamiento de la seguridad informática institucional, así como la creación de un centro alterno de cómputo, se convierten en prioridades institucionales para dar continuidad en el servicio. El incremento de la subpartida de equipo y programas de cómputo es de unos ¢387 millones.

Los servicios médicos y de laboratorio presentaron una disminución en su contenido para el año 2016, por ello concentran su uso en la contratación de servicios médicos, de laboratorio, radiológicos y de pruebas interlaboratoriales que desarrolla el OIJ en la etapa de investigación.

El monto de actividades protocolarias y sociales responden a la ejecución de acciones puntuales de la Institución, de la Comisión Nacional para el mejoramiento de la Justicia, la Escuela Judicial en la atención de los cursos que se realizan, la Contraloría de Servicios para reforzar el acercamiento con las comunidades (sesiones de trabajo, foros, talleres, ferias de personas usuarias, reuniones con fuerzas vivas de sociedad civil, pago de servicios, útiles, materiales y suministros de actividades oficiales y publicaciones de interés jurídico). En el 2015 dicha partida sufrió un rebajo importante en el mes de junio.

En las partidas de transporte al exterior y viáticos aunque visualizan un incremento importante con respecto al 2015, esto responde al rebajo que se aplicó en el presente año a dicho rubro, mediante presupuesto extraordinario.
Al finalizar los diputados y diputadas que integran la comisión consultaron sobre las partidas presupuestadas por la institución.

Lic. Hugo Vega Castro
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
Lic. César González Granados
Licda. Mónica Chavarría Bianchini
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