Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 23 de setiembre de 2015 Tribunal Supremo de Elecciones - Auditorio

Cada tiempo, cada lugar, cada sociedad, tienen sus propias personas víctimas. El problema históricamente ha sido, que estas personas no han sido o no son visibilizadas, y no se han provisto acciones en su favor.

La situación resulta de una visión parcializada de los derechos humanos, donde en el plano fáctico, la dignidad de las personas no ha sido reconocida para todos y para todas por igual; realidad que lastimosamente aún persiste.

Desde hace casi dos décadas el Poder Judicial Costarricense inició un proceso de reconocimiento de las dificultades particulares que tienen algunas poblaciones de personas para acceder a los servicios de administración de justicia. Se dictaron políticas institucionales, directrices generales y acciones concretas, destinados a proveer un efectivo acceso a la justicia para estas personas. Estas acciones precedieron incluso, algunos convenios adoptados en el orden internacional, como por ejemplo las Reglas de Brasilia.

Actualmente el Poder judicial costarricense cuenta con una Comisión de Acceso a la Justicia, integrada a su vez por subcomisiones especiales en materia de género, personas adultas mayores, afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, diversidad sexual, indígenas, privadas de libertad, entre otras; que han incentivado el dictado de políticas y directrices institucionales especiales para la atención de estas poblaciones.

Igualmente se han adoptado lineamientos generales de atención a personas en condición de víctimas de violencia doméstica; se creó la Oficina de Atención y Protección a la Víctima de Delito (OAPVD); la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y la Prevención de la Violencia Doméstica en el Poder Judicial; se han dictado protocolos interinstitucionales de intervención para la atención de mujeres en situación de riesgo alto de muerte por violencia; la coordinación interinstitucional de equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Delitos Sexuales. Se crearon las plataformas integrales de atención a personas víctimas, PISAV, del Programa de Justicia Restaurativa; la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, entre otras.

Indiscutiblemente, las distintas vulnerabilidades interactúan para generar víctimas de distinta naturaleza. Por eso se habla de víctimas del delito, de violencia sexual y doméstica, de abuso de poder, de ultrajes y violaciones reconocidas por el Derecho Internacional Humanitario; víctimas de desapariciones forzadas; del terrorismo; del narcotráfico; de la migración forzada; del Derecho Internacional Penal, entre otras.

Quiero referirme de manera puntual, a la categoría de víctima en la administración de justicia en el campo penal, porque se debe reconocer que el sistema de administración de justicia también es un factor que vulnera y limita, el derecho de las personas víctimas a demandar una tutela judicial efectiva.

Los sistemas de Administración de Justicia han incurrido, por mucho tiempo, en la inadvertencia de invisibilizar a las personas víctimas del delito. El Derecho Penal y su jurisdicción, una de las jurisdicciones más importantes del sistema de administración de justicia, ha sido concebida desde la visión garantista de una sola de las partes. El principio de inocencia es el ejemplo visible de esas garantías. Ha sido construido para responder a la preocupación de tutela de los derechos del imputado frente al Estado; y en pleno siglo XXI perdura una gran resistencia de advertir los derechos, también fundamentales, de las personas afectadas por la acción criminal.

Bajo esa concepción, la víctima no es asumida como parte del proceso; y no puede intervenir directamente en la estrategia de la fiscalía para la demostración de la verdad y la condena a la persona culpable con el correspondiente resarcimiento a su favor. Los avances en el respeto a sus derechos son lentos A su declaración no se le ha revestido de la consideración que merece; y ha debido exponerse a la revictimización de un aparato estatal que no advierte siquiera la vulnerabilidad generada por el delito. El debido proceso se ha desarrollado, ajeno a sus derechos.

Esta situación pone en grave riesgo la credibilidad del sistema, cuando las personas que han sido víctimas de un delito no ven un resultado concreto de su denuncia. Esto sucede porque frente a las garantías de la persona inculpada no se han previsto acciones igualmente garantistas para el derecho de las personas víctimas a verse resarcidas en lo que ha sido la violación a sus derechos.

De acuerdo con el informe Primer estado de la justicia, del Programa Estado de la Nación, 2015; en la jurisdicción penal los casos en mayor riesgo de tutela efectiva de derechos, entendida como el acceso al sistema de administración de justicia para obtener una resolución de fondo ajustada al marco legal vigente, están asociados a delitos contra la vida, contra la autoridad pública, contra la propiedad, contra la salud pública, delitos sexuales y las infracciones a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Esto significa que las personas víctimas de esos tipos de delitos son los que mayor riesgo enfrentan de no obtener una respuesta del sistema judicial ni la satisfacción de su pretensión.

Señala el indicado informe que del 2000 al 2013, las desestimaciones de denuncias penales representaron más del 48% de los casos terminados. Las otras dos formas en que suelen terminar los casos penales son el archivo fiscal (21.2%) y los sobreseimientos (18.6%), con lo cual, del total de casos que ingresan al Poder Judicial, la proporción que se lleva a juicio ante un tribunal, para una sentencia de fondo, ha oscilado entre 3.8% y 7.5% . Y en estos asuntos que llegan a sentencia, 34.6% fueron desestimatorias, en el 2013.

Los sistemas de administración de justicia no pueden sostenerse ni tener credibilidad, o legitimarse, si no ofrecen mecanismos efectivos para que, quienes han recibido una afectación o violación en sus derechos personales o patrimoniales, puedan participar activamente en el proceso, obtengan una sentencia y si es del caso, reciban una justa reparación.

Lo anterior es indispensable no solo para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas víctimas de delitos, sino para que las administraciones de justicia y especialmente la justicia penal, logre revertir la crisis de legitimación que desafortunadamente parece profundizarse en nuestra región. Muestra de ello es que el promedio latinoamericano de confianza en la justicia, según el Barómetro Latinoamericano de Gobernabilidad 2009, fue tan solo del 29%.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “la impunidad es uno de los serios problemas concernientes a la administración de justicia en el hemisferio”.

Con estas estadísticas es imposible hablar de un verdadero Estado democrático si no responde a la tutela, también importante, de los derechos de las personas afectadas por la acción delictiva.

En el año 2012, por iniciativa del Poder Judicial Costarricense, la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Argentina, aprobó la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas.

En ella se establece que: “La finalidad de la presente CARTA es garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas de violencia y de delitos en particular en todo tipo de procesos judiciales de manera integral durante todos los estadios del proceso y la reparación del daño causado; sin discriminación de ningún tipo, en todos sus contactos con cualquier autoridad pública, servicio de apoyo a las víctimas o servicio de justicia. Con pleno respeto a los sistemas jurídicos y las legislaciones nacionales”.

De ahí la importancia que reviste para el Poder Judicial la realización de un congreso de esta naturaleza donde, desde una perspectiva de avance en Derechos Humanos, se promueva el análisis de los factores socioeconómicos, políticos, culturales, ambientales, tecnológicos y legales que vulneran y limitan a poblaciones enteras, el acceso a derechos fundamentales. Es el espacio para proponer y plantear la necesidad de una reforma constitucional, y las correspondientes legales, que tutelen y garanticen, de manera expresa, la efectiva participación y derechos de la persona víctima dentro de los procesos penales, con miras a hacer efectivo su derecho fundamental a encontrar en el sistema, reparación para las injurias o daños recibidos en su persona, propiedad o intereses morales. El artículo 41 de la Constitución Política que así lo consagra, no ha bastado para el logro de ese objetivo. A este país le urge llevar a cabo esta reforma.

Así por ejemplo, las víctimas de delitos requieren de representación legal efectiva y gratuita, cuando sus intereses estén en contraposición con los del Ministerio Público. Mientras se piense que el Ministerio Público represente a la víctima, continuaremos perpetrando un sistema de desequilibrio, revictimizante y en contradicción con el ejercicio efectivo de los derechos de esta parte procesal. Qué interés tiene el Ministerio Público en cuánto duran los procesos penales? A quién le preocupa si un caso se desestima o no? Qué sucede cuando el Ministerio Público decide no continuar la acción penal y la víctima queda sola en el proceso, sin asistencia legal?

En un Estado democrático de Derecho, las bases de un proceso penal garantista de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas, exige la participación efectiva de la víctima en la investigación, en la defensa, representación y en la efectividad de las resoluciones jurisdiccionales. La política criminal de un Estado debe lograr, al lado de las garantías de la persona imputada, que la persona víctima reciba seguridad del ordenamiento jurídico, asistencia desde campos interdisciplinarios e interinstitucionales, reparación de los perjuicios sufridos, recuperación de su integridad. Así lo exige este momento histórico.

El objetivo de este congreso es que a partir de la convergencia de las experiencias y el conocimiento proyectado sea posible generar estrategias para el abordaje de las vulnerabilidades y de las víctimas. Aspiramos a que las personas participantes, en los diversos ámbitos e instituciones en donde se desenvuelven, brinden un efecto multiplicador a los mensajes y al conocimiento que reciban en este Congreso, cuyo éxito dependerá del logro de este objetivo.

Los invito y las invito, a ser abanderados y abanderadas, por los derechos de las personas víctimas; sin demérito de lo que se ha avanzado en garantías para las personas inculpadas de delitos. La nueva visión que debemos forjar es que en una sociedad democrática los derechos de todas las personas deben ser respetados y valorados.

Mi reconocimiento a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, a su jefa doña Cristina Rojas y su equipo de trabajo, por el gran esfuerzo realizado al promover una convocatoria tan nutrida y la participación de tantas autoridades, especialistas en los diversos temas a tratar, a quienes también expreso mi reconocimiento por la disposición de su valioso tiempo y su esfuerzo, para compartir su conocimiento y experiencia en este Congreso.

Estimo justo reconocer la calidad que han mantenido estos congresos internacionales. Este es el cuarto que se realiza bajo el liderazgo de doña Cristina, quien pronto se acogerá a su jubilación. De manera que ha sido un valioso legado el que nos deja y que apreciamos y agradecemos.

Mi reconocimiento a las instituciones y organizaciones que año con año brindan su importante y fundamental aporte para la realización de este Congreso.

No sería posible pensar en el éxito de un encuentro de estas dimensiones, si no se contara con el apoyo y esfuerzo de muchas personas que laboran en la institución, quienes de manera invisible trabajan en distintos y muy variados componentes, cada uno de ellos importante e imprescindible: me refiero a las personas que colaboran en Artes gráficas de la Escuela Judicial, el personal de Relaciones Públicas, de Tecnología de la Información, del Despacho de la Presidencia, y todas las personas que anónimamente contribuyen a que esta actividad sea posible y todo funcione bien.

Finalmente, un agradecimiento muy particular al artista don Juan Luis Ramírez Vargas, creador de la obra que identifica a este Congreso titulada “Realidad entre Nostalgias”. Estoy segura que cada uno y cada una de ustedes darán su propia interpretación a esta obra. La mía es una interpretación esperanzadora que surge luego del abatimiento y de las cenizas. Les deseo a todos y a todas que el tiempo que van a estar en este Congreso, sea de gran aporte para su formación, para las personas usuarias de las organizaciones o instituciones en donde laboran; y para la sociedad en general.

Muchas gracias.-