Andrea Marín Mena
Periodista

Institucionalizar la participación ciudadana en el quehacer judicial, abrir espacio para que la ciudadanía contribuya en la mejora continua de la gestión judicial, resguardando el principio de independencia jurisdiccional, es parte del compromiso asumido por el Poder Judicial con la aprobación de la Política Institucional de Participación Ciudadana.

Taller de conformación del Foro Ciudadano por la Justicia de Pococí. 2015. (foto cortesía: CONAMAJ)

El trabajo no es nuevo dentro de este poder de la República. Por años, diversas iniciativas han impulsado la incorporación de la sociedad civil y organizaciones sociales, dentro del trabajo judicial. La política lo que busca es permear todos los ámbitos de la institución: administrativo, auxiliar de justicia y jurisdiccional. “El proceso debe tender hacia una participación activa, que implica el involucramiento de la población en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Se aspira a la construcción de una cultura judicial más inclusiva y respetuosa de la ciudadana responsable que participa, que señala los errores y pone de sí para mejorar”, destacó Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La máxima jerarca judicial recalcó que la puesta en marcha de esta política debe garantizar la representación de todos los sectores sociales, especialmente los que se encuentran en condición de vulnerabilidad, mediante mecanismos efectivos para el ejercicio del derecho de participación de las personas usuarias o destinatarias de los servicios judiciales.

Así, el Poder Judicial establece la participación ciudadana como un proceso democrático para garantizar la contribución responsable, activa y sostenida de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y la ejecución de políticas dentro del Poder Judicial.

Establece claramente que “…Por participación responsable se entiende una intervención transparente, desprovista de intereses personales y políticos, que involucra la participación de sectores diversos de la sociedad civil en los espacios abiertos por el Poder Judicial como forma de ejercicio del control social y la transparencia de la función judicial”.

El avance que logre el Poder Judicial durante el proceso de implementación dependerá de la apertura y el cambio organizacional y cultural de cada despacho y oficina judicial, así como de la respuesta de la ciudadanía, pues son procesos y acciones que no se imponen. “La participación ciudadana se dará en cuanto a la prestación del servicio público de justicia hacia las distintas comunidades. Es allí a través de foros o comités ciudadanos, que se puede lograr un diálogo constructivo con las autoridades judiciales para mejorar la prestación del servicio público de justicia. La participación ciudadana no va a significar presión para el juez o la jueza, quienes van a seguir trabajando con total y absoluta independencia, ni tampoco es para fiscalizar determinados juicios o expedientes, esto está totalmente excluido”, destacó el magistrado y Presidente de la CONAMAJ, Román Solís Zelaya.

Corte Plena aprobó la política institucional el pasado 6 de agosto en su sesión ordinaria.

Solís Zelaya señaló que serán los distintos despachos judiciales en los diversos circuitos judiciales del país, quienes deberán iniciar en sus zonas los diversos programas y acciones en materia de participación ciudadana y que desde la CONAMAJ se les brindará todo el soporte técnico.

Plan de acción toma forma

Desde CONAMAJ se traza un plan de acción para su cumplimiento. “Vamos a iniciar con acciones de sensibilización y capacitación dirigidas hacia la población judicial, porque la participación ciudadana puede estar inmersa en todos los despachos y oficinas judiciales”, destacó Ingrid Bermúdez Vindas, coordinadora del Programa de Participación Ciudadana de la CONAMAJ.

Según explicó Bermúdez Vindas, la política comprende un proceso de información sobre los lineamientos institucionales, la capacitación y sensibilización, así como la interacción que contempla la construcción de un diálogo de la institución con la ciudadanía, que pueden materializarse en diversas acciones como la creación de foros en la página web institucional con acceso y consulta ciudadana, reforzamiento de las Comisiones de Personas Usuarias, foros ciudadanos, consejos consultivos ciudadanos, mesas de diálogo e incluso foros de transparencia y rendición de cuentas por circuito, puestos de información, charlas de capacitación, redes ciudadanas, mesas de diálogo, auditorías ciudadanas, grupos de fiscalización, entre otros.

El objetivo es que desde cada despacho y oficina judicial se emprendan acciones de participación ciudadana. Para ello, CONAMAJ colgará en la web lo que denomina 'caja de herramientas', que incorpora acciones que pueden emprenderse, con el detalle de la metodología de aplicación.

La política es “…flexible porque tiene que adaptarse al contexto y características de cada cantón. Específica porque atenderá las necesidades de cada zona y gradual porque, aunque el Poder Judicial esté muy avanzado en participación ciudadana en regionales como San Carlos y Pococí, hay circuitos donde se debe trabajar de cero y dependerá mucho de la respuesta e iniciativa ciudadana”, detalló Ingrid Bermúdez.

Inversión y alianzas

Talleres del proyecto piloto sobre participación ciudadana en Región Huetar Norte. 2012. (foto cortesía: CONAMAJ)

“El Poder Judicial ha invertido en participación ciudadana desde hace bastante años, con diversos programas e iniciativas como consejos ampliados, la planificación presupuestaria abierta, las distintas comisiones que dan paso a la participación ciudadana como las Comisiones de Personas Usuarias, programas como Justicia Restaurativa y Gestión de Calidad”, detalló Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de CONAMAJ. De ahí que la inversión que deberá promover el Poder Judicial para la puesta en marcha de la política y su efectivo cumplimiento, requiere mayoritariamente de una inversión en compromiso y empeño de parte de quienes laboran en las diversas oficinas y despachos judiciales, para la apertura de espacios ciudadanos. El acompañamiento de la CONAMAJ promoverá y fortalecerá diversas acciones de participación como rendición de cuentas a comunidades, mejor manejo y claridad en la información que se da a las personas usuarias, visitas a comunidades para la identificación de necesidades, la conformación de Comisiones de Personas Usuarias de manera democrática y éstas serán determinantes.

Experiencias exitosas: retos en doble vía

La Política de Participación Ciudadana para el Poder Judicial de Costa Rica se sustenta en ocho años de trabajo profundo e investigación, que desarrolló un equipo interdisciplinario, bajo la coordinación de la CONAMAJ y la asesoría y cooperación internacional.

“Iniciamos con participación ciudadana desde un plan piloto en la Zona Huetar Norte, en el II Circuito Judicial de Alajuela, sede Ciudad Quesada. Una experiencia que nos dejó muchas lecciones y permitió interactuar con comunidades de características diversas como Guatuso, Upala, Los Chiles, La Fortuna y Ciudad Quesada, con altas exigencias y que desarrollaron su propio esquema de participación, como integrar la primera Comisión de Personas Usuarias del Poder Judicial, constituida por votación popular y con representación de los diversos segmentos sociales”, destacó Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de CONAMAJ.

Hoy interactúan comunidad y Poder Judicial, al traer iniciativas y acercar recursos comunitarios, se generan procesos de capacitación sobre las principales problemáticas en cada zona y se abren espacios hacia la mejora del servicio. Un segundo plan piloto se impulsó en el 2014, en la Zona Atlántica, en el II Circuito Judicial, sede Pococí. Mediante la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, se iniciaron labores con una comunidad ya organizada. Carlos Campos Rojas, coordinador del Movimiento de Ciudadanía que construye Territorio Seguros de Pococí, señaló que “como ciudadanos, somos actores directos de un proceso de cambio en el Poder Judicial. Hemos estado aprendiendo a hacer participación ciudadana de forma activa. El ciudadano debe comprometerse a no tener miedo a las instituciones ni a las y los funcionarios públicos y a impulsar la cultura de la rendición de cuentas”.

Constitución del Foro Ciudadano por la Justicia de Pococí. 2015. (foto cortesía: CONAMAJ)

Detalló que desde el Poder Judicial y la comunidad, se desarrollan tres proyectos pilotos en Pococí, el blindaje de las comunidades con el Ministerio Público, que busca una relación más cercana entre ciudadanía y fiscalía, para que su accionar sea más efectivo. El proyecto de transparencia con el Poder Judicial, para impulsar procesos de rendición de cuentas, y la creación del Primer Foro Ciudadano y la participación de la ciudadanía en el Consejo de Administración.

El trabajo en Pococí culminó con la construcción de una propuesta macro de política institucional en participación ciudadana, la cual CONAMAJ afinó y adaptó para el Poder Judicial.

La política institucional fue aprobada en la sesión ordinaria de Corte Plena del pasado 6 de julio y señala como ente rector para su cumplimiento a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), quien tuvo a cargo la construcción de la misma. Además junto a la Dirección de Planificación tendrán a cargo la evaluación y monitoreo.

Hacia una participación ciudadana activa

Max Esquivel Faerrón Magistrado Tribunal Supremo de Elecciones ¨Si se toma como punto de partida que el ser humano es la causa y fin de todo el sistema político institucional –como lo postula el derecho de la Constitución- resulta evidente la necesidad de una interacción constante entre la población y las organizaciones estatales responsables del ejercicio de ese poder delegado. Por ello no cabe duda de que la magnitud de los compromisos adquiridos por el Poder Judicial en materia de participación ciudadana en el Poder Judicial a través de la política aprobada en esta materia, señalan un camino sin retorno hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y del régimen democrático. La construcción -con visión participativa- de una justicia con rostro humano que reconozca las diferencias y condiciones particulares de sectores de la población, implica una apuesta por una institucionalidad robusta e inclusiva que incidirá, definitivamente, en la vigencia de los derechos fundamentales de los usuarios y usuarias del servicio público de Administración de Justicia. A partir de este momento procede, entonces, materializar la política en acciones concretas, articuladas y permanentes que permitan alcanzar tan esencial objetivo.¨

Alexander Matarrita Casanova Administrador Regional II Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada Las sociedades democráticas modernas exigen del funcionario público, transparencia y ésta se logra solo dándole participación a ese ciudadano en el diseño de las políticas públicas. Cuando hablamos de participación, tenemos que referirnos a una participación real. No es solo llamar participación ciudadana a escuchar al funcionario, sino también involucrarlo tanto en el diseño de la política pública que lo puede afectar, como también en temas como datos abiertos, gobierno abierto. No solo publicar el presupuesto institucional, sino que el ciudadano sepa como se ejecuta e ir más allá, al exigir eficiencia y eficacia en el servicio público que se brinda. Que las personas vean que las instituciones funcionan bien y visualizar al Estado como un protector de sus derechos y no como alguien que le obstaculiza su desarrollo”.

Roman Solís Zelaya Magistrado Presidente de CONAMAJ “Lo que nos interesa en el Poder Judicial de la participación ciudadana, es lo que conlleva a ese diálogo entre autoridades judiciales con los grupos organizados de las distintas comunidades, para lograr una prestación efectiva y más eficaz del servicio público de justicia. El plan tiene también una vocación de poder ser compartido con otras agencias del Estado costarricense, que quieran implementar programas o definir políticas de participación ciudadana y toda esta metodología puede ser compartida. La política se presentó recientemente a miembros de CONAMAJ y entes como la Contraloría General de la República está muy interesada en el desarrollo de un programa de participación ciudadana en la fiscalización presupuestaria de las oficinas del Estado. Al Tribunal Supremo de Elecciones le interesa mucho el tema de la participación electoral que tiene un alto contenido de participación ciudadana. En el caso del Ministerio de Justicia manifestaron el interés por desarrollar diálogos con la sociedad a través de estas metodologías, frente a temas como la apertura de centros de tratamiento laboral a la población que guarda prisión”.

Monserrat Solano Carboni Defensora de los Habitantes “Viendo la política de participación ciudadana, ya Costa Rica está dando pasos importantes en el cumplimiento de estas metas, gracias al Poder Judicial que una vez más toma la batuta y nos señala el camino para tener un desarrollo muchísimo más sostenible. Celebramos desde la Defensoría el enfoque del ciudadano del Poder Judicial y esto también debería reflejarse en un mayor enfoque hacia las víctimas, en esto reconozco los esfuerzos de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Es importante señalar que este proceso dependerá también de esa interacción que tengan los y las habitantes con el Sistema Judicial y también de la conciencia que tengamos en relación con nuestros derechos, que es parte del mandato de la Defensoría de los Habitantes sobre la promoción de los derechos, cómo hacerlos valer frente a un Sistema Judicial que no se esconde frente a eso, que más bien sale y busca la participación de las y los ciudadanos”.