Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia 18-08-2015

Me siento muy complacida por la presentación oficial de la política de participación ciudadana en el Poder Judicial, que fue propuesta por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y aprobada por Corte Plena, en la sesión No. 26 del 6 de julio del año en curso.

Su aprobación es una señal de que nuestra institución comprende la importancia de la participación de la ciudadanía. La participación ciudadana es la esencia de un sistema democrático.

La democracia es un sistema en el que las personas tienen el derecho a que sus opiniones sean ponderadas y valoradas en la definición de las políticas públicas, para un mejor funcionamiento del aparato gubernamental en su función de lograr la adecuada satisfacción de los derechos de la población

Contenido de la política aprobada

La participación ciudadana comprende el suministro de información y actividades de consulta hacia y desde la comunidad; pero va más allá. El proceso debe tender hacia una “participación activa”, que implica el involucramiento de la población en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Esta política aspira a la construcción de una cultura judicial más inclusiva y respetuosa de la ciudadanía, así como a una ciudadanía más activa.

Debe garantizarse la representación de todos los sectores, especialmente los que se encuentran en condición de vulnerabilidad, a favor de los cuales el Poder Judicial ha aprobado políticas específicas para el acceso a la justicia.

La política de participación formulada, parte de una sólida base conceptual, fundamentación jurídica, aspiraciones, principios orientadores, objetivos, ejes estratégicos, líneas de acción y un plan de acción para su implementación, el cual contempla el monitoreo, la evaluación de acciones, y se identifican los responsables.

Consiste en una propuesta bien diseñada, que incorpora valiosos aportes que se recibieron de fuentes diversas.

Significado de la aprobación de la política de participación ciudadana

Con la aprobación de esta política, el Poder Judicial se convierte en el primer Poder de la República en dar este paso trascendental en favor de la ciudadanía costarricense.

Cumplimos así con el mandato contenido en el artículo 9 de nuestra Constitución Política, al disponer que el gobierno es “popular, representativo, participativo, alternativo y responsable” y con el artículo 11, que define la obligación de la Administración Pública de someterse al control de resultados y a la rendición de cuentas.

El cumplimiento de tales preceptos requiere que se asuman compromisos y se realicen acciones concretas que incluyan mecanismos para el ejercicio del derecho de participación de las personas usuarias o destinatarias de los servicios.

Como institución pionera, esperamos que este ejercicio sea compartido y seguido también por otras instituciones del sector público.

La experiencia del Poder Judicial en esta materia servirá para motivar y disipar los temores que surgen cuando se plantea un cambio cultural que favorece la apertura, la transparencia, el diálogo y la rendición de cuentas.

Procesos participativos

Los niveles de educación, información y acceso a la tecnología, que tiene la mayoría de la población actual, plantean mayores demandas y expectativas. No es posible subestimar su capacidad de efectuar aportes valiosos, ni desconocer el rol asumido en la búsqueda del “buen gobierno”.

Para lograr una participación ciudadana de calidad se debe trabajar en conjunto con la sociedad civil y apoyarla para el ejercicio de su derecho a participar. Tenemos que modificar la forma en que concebimos su participación e innovar, con la ayuda de la tecnología, las herramientas y metodologías que se utilizan.

Debo reconocer el esfuerzo del equipo de la CONAMAJ que ha trabajo este tema, inspirado en el convencimiento –el cual comparto- de que solo a través de la promoción de una cultura de apertura del sistema de justicia podremos superar los retos que hoy se presentan, para mantener la legitimidad y credibilidad de la población y brindar servicios de calidad a las personas usuarias.
Es justo reconocer el trabajo que ha realizado la Comisión bajo el acertado liderazgo del Magistrado Román Solís, al plantearse el reto de formulación de esta política y desarrollar proyectos en los que se ponen en práctica los valores de la participación ciudadana. Esta política representa un significativo avance en la incorporación de una nueva visión acerca del papel de las personas usuarias en la gestión de los servicios públicos, en el contexto de una sociedad que aspira a fortalecer su modelo democrático.

Deseo destacar que para la formulación de la propuesta, la CONAMAJ realizó un proceso ampliamente participativo, se recogió la experiencia existente y se contó con apoyo técnico para la elaboración de un documento de gran calidad.

Acciones de gobierno abierto

La participación ciudadana constituye, junto con la transparencia y la colaboración inter-institucional, uno de los tres ejes fundamentales de lo que hoy se denomina “Gobierno Abierto”.

El proyecto de Gobierno Abierto, ha sido asumido por muchos países. Propone la apertura de los gobiernos, del aparato público en general, mediante el libre acceso a la información, una amplia interrelación con la sociedad civil, la transparencia, la rendición de cuentas. Se plantea como una herramienta en la lucha contra la corrupción.

El gobierno abierto es “aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente (Calderón y Lorenzo, 2010).”

Desde el 2012, nuestro país forma parte de la iniciativa multilateral denominada Alianza para el Gobierno Abierto y, por ello, en el 2013 el Poder Judicial de Costa Rica asumió el compromiso de incorporar al sistema de administración de justicia los principios que inspiran esta propuesta.

Es dentro de este contexto en el cual resulta propicia la aprobación de una política de participación ciudadana en el Poder Judicial.

Instancia al personal judicial y personas habitantes

La participación ciudadana significará en nuevo modelo de administrar justicia. Por supuesto que esto no significa la sustitución de órganos o la intromisión de funciones. Es la incorporación de la visión externa en la definición del rumbo de los servicios que brindamos, para una mejor satisfacción de los derechos e intereses de las personas usuarias. Invito a las servidoras y servidores judiciales a que asuman con entusiasmo esta nueva visión y contribuyan a aplicar la política aprobada, porque es indispensable el apoyo de todas y de todos, para alcanzar las metas propuestas.

Es justo mencionar que desde hace algunos años la institución ha venido trabajando en proyectos que involucran ese componente participativo. Existe una fuerte vinculación de la política aprobada con muchos proyectos que se encuentran en marcha. Pero contar con una política definida, nos permitirá claridad en las acciones y en los objetivos de cada proyecto institucional.

Reflexión final

Tengo la firme convicción de que la gestión de la administración de justicia debe ser transparente, abrirse hacia la participación ciudadana y construir una cultura colaborativa.

Esto requiere un cambio en la cultura organizacional que ya hemos iniciado, pero debe extenderse a todos los ámbitos y a todo el personal, para que juntas y juntos construyamos un Poder Judicial íntegro, democrático, sólido, con la capacidad de responder a las necesidades de las distintas poblaciones; y de dar cuentas de nuestras acciones.

Cada vez más, la sociedad reclama mayor apertura, mayor rendición de cuentas, más espacios para ser escuchada. El mundo avanza y las instituciones tienen la obligación de avanzar. El Poder Judicial de Costa Rica no debe cesar en su interés de asumir la mejora continua, atendiendo de manera prioritaria, los requerimientos planteados por la propia sociedad. ¡Les insto a que sigamos adelante, siempre como institución pionera en temas que tienden al fortalecimiento de nuestro Estado democrático y del bien común.

Muchas gracias.