Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia Universidad para la paz 12 de agosto de 2015

Me siento honrada de compartir con ustedes, la inauguración de un nuevo programa del Diplomado internacional El nuevo derecho público del Siglo XXI y la protección multinivel de los derechos humanos, programa que con acierto y compromiso, es ofrecido por la Universidad para la Paz y el Centro Heidelberg para América Latina, con el apoyo del Poder Judicial y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Las dos grandes conflagraciones bélicas de la primera mitad del siglo pasado evidenciaron la capacidad de autodestrucción de la humanidad y con ello, la necesidad y obligación de todos los países del orbe, de trabajar por la paz entre las naciones y dentro de las naciones.

Pero esta paz se construye solo a partir del respeto a la vida, a la dignidad y a todos los demás derechos, de cada una de las personas que habitamos este planeta. Y ese es un objetivo inconcluso.

Los cruentos conflictos internos e internacionales; la pobreza; la hambruna; la trata y violación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes; los desastres climáticos; la exclusión económica; la inseguridad ciudadana; el crimen organizado; la inequidad en el acceso al desarrollo y a las ventajas que ofrece la modernidad, por mencionar solo algunos ejemplos, evidencian que el vertiginoso desarrollo normativo y científico al que se ha llegado con la adopción y promoción de instrumentos internacionales de derechos humanos, no ha impactado en la condición de vida de personas, en muchas regiones del planeta.

Los Objetivos del Milenio aún no se cumplen. Los ciudadanos y ciudadanas del mundo, que estamos en posición de alzar voces, de actuar, estamos en deuda con el resto de la humanidad, sobre todo, con los segmentos de la población para quienes fueron pensados esos objetivos.

Por esa razón, un programa de estudio como el que ofrece este Diplomado, es un escenario propicio para analizar el estado actual de desarrollo del Derecho Público en la región latinoamericana, donde nuestros países comparten realidades comunes: un limitado nivel de desarrollo económico nacional y en el acceso de las personas a ese desarrollo; la intromisión de redes de narcotráfico y el cúmulo de delincuencias que se generan a su alrededor; un escaso desarrollo de los niveles de acceso al reclamo de los derechos; violencia contra determinadas poblaciones en condición vulnerable; solo para mencionar algunas de las condiciones compartidas.

Significativo será entonces, frente a estas realidades, poder analizar el impacto que tiene en la región el Sistema Interamericano de Derechos y el conjunto de normas del Derecho Público relacionados con derechos humanos, así como el avance que en esta materia se ha tenido en otras latitudes; y que nos puedan servir de faro al abordar nuestras realidades.

Retos del derecho público del Siglo XXI

Y en este punto debe reconocerse que nunca antes como ahora, ha cobrado vigencia e importancia, el conocimiento y la especialización del Derecho Público, rama del Derecho que en la época actual está presente en casi todas las acciones de la vida de las personas.

De singular importancia para nuestro país es constituir la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; contar con reconocidos especialistas formados en este campo; y, no cabe duda, la labor de la Sala Constitucional, cuya creación en 1989, significó el impulso nacional más importante a la defensa y efectividad de los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por el país.

El Poder Judicial hace esfuerzos en ese sentido. Las políticas de acceso a la justicia para facilitar el acceso a las personas en condiciones vulnerables; la creación de oficinas judiciales en zonas alejadas; el programa de facilitadores y facilitadoras judiciales; el uso de la informática para facilitar la gestión ante los tribunales; los programas de capacitación, son algunas de las acciones que se han adoptado para que las personas puedan ver más cercana la justicia, en el reclamo de sus derechos.

Por eso me complace la participación de funcionarios y funcionarias judiciales en este programa. El Derecho de los Derechos Humanos urge ser plasmado, cada día más, en resoluciones jurisdiccionales. Esto solo es posible a través de personas profesionales conocedoras de estos instrumentos, que además estén decididas a su aplicación.

El Poder Judicial ha dado su apoyo a esta iniciativa de capacitación debido a que su enfoque no solo es teórico, sino que pretende dotar de elementos prácticos, útiles para enfrentar los retos actuales.

No me cabe la menor duda de que las personas participantes obtendrán una valiosa formación integral en este campo y estarán mejor preparados para contribuir a la edificación de esa cultura de respeto que añoramos.

Agradecimiento.

Agradezco a quienes han contribuido a la generación de este importante espacio de estudio y análisis; e insto a quienes participan a obtener el máximo provecho de esta experiencia.

Concluyo deseándoles éxitos para que esta actividad sea de gran provecho no solo para sus vidas personales, sino para la sociedad en general, porque el avance en derechos humanos depende de que las personas los conozcan y los puedan hacerlos valer.

¡Muchas gracias!