La designación por parte de la  Corte Suprema de Justicia de una persona que se encargue de la dirección del OIJ es particularmente delicada.

Debe tomar en cuenta los enormes desafíos que enfrentan los órganos responsables  de combatir la criminalidad y sus nuevos fenómenos, como el crimen organizado (tráfico de sustancias prohibidas, de armas y de personas); el lavado de dinero; el incremento de homicidios asociado a estas nuevas formas de criminalidad (sicariato) y, en general, el aumento de los delitos con grave violencia, alta cuantía o ligados a recursos tecnológicos de avanzada.

 La tarea es escoger a la persona que, cumpliendo  los requisitos mínimos de ley, presente un diagnóstico acertado de las necesidades institucionales, una propuesta de estrategias y políticas públicas en materia de investigación y represión del delito y un currículum donde la especialización en la materia y la experiencia sean aspectos clave para su legítima designación.

 Ningún esfuerzo en clarificar el perfil idóneo y las condiciones necesarias que debe reunir el nuevo o la nueva jerarca deberá escatimarse para que los magistrados cuenten con información suficiente, de manera que se acierte en la escogencia.

 Si la Corte Suprema de Justicia tiene la pesada responsabilidad de ejercer el control político sobre este órgano policial, debe desplegar todas sus energías y recursos a su alcance con el fin de asegurarse la escogencia de la mejor persona en este cargo.
 
 Contar con una Policía Judicial que sepa ser eficaz en el combate del delito, tanto como ser respetuosa de los derechos fundamentales de las personas, es la única fórmula de equilibrio que puede asegurar su contribución a la convivencia democrática.
  
Contexto histórico.

Para entender la labor del OIJ en el contexto actual, es necesario recordar que la más importante reforma de nuestro sistema penal, en la década 1970-1980, según los líderes de aquel inédito proceso,  debían ser coronados con la creación de una policía técnica y científica, ubicada en la esfera del Poder Judicial y que fungiera como auxiliar directo de los tribunales de justicia.

El  Organismo de Investigación Judicial (1974) fue concebido, entonces,  para superar una época de oscurantismo, deficiencias, corrupción, violación sistemática de derechos humanos y abuso de autoridad en la  investigación de los delitos.

La idea central consistió en crear una “policía judicial” con independencia funcional y los recursos suficientes, caracterizada por su  imparcialidad, honestidad y una metodología científica de investigación.

El paso del empirismo arbitrario y abusivo a la investigación técnica-científica suponía la resolución de los casos evitando los errores judiciales (condena de un inocente o absolutoria de un culpable), y dando el sustento necesario a los fallos judiciales, a través de equipos de trabajo con alta calidad moral y sólida preparación profesional.

Sobre la base de distinguir entre una policía ubicable en el ámbito del Poder Ejecutivo, de naturaleza preventiva (básicamente la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales administrativos) y otra en el ámbito del Poder Judicial, de naturaleza represiva (el OIJ como órgano auxiliar de los tribunales penales), el nuevo organismo se perfilaba, en lo fundamental,  como “una cuestión de carácter institucional, que obedece a la necesidad de que los jueces tengan un auxiliar técnico, que esté bajo las órdenes (de los jueces) durante toda la tramitación del proceso…” (vea expediente legislativo No. 5202, exposición de motivos).
 
El balance.
 
Los diferentes momentos históricos por los que ha transcurrido el OIJ han estado marcados por una mayor o menor estabilidad, con diversos desafíos según las coyunturas que han debido enfrentarse.

Ha habido momentos de verdadera crisis y se han experimentado, esporádicamente, incluso, serias acusaciones por abusos y violaciones a derechos fundamentales. Sin embargo, el balance general es altamente positivo.

El OIJ ha significado una institución de capital importancia para el desarrollo y la estabilidad democrática del país.  Su modelo ha trascendido nuestras fronteras y son innumerables los intercambios regionales que han consolidado su proyección. 

Está claro que cualquier falta, exceso o extravío en la actividad de este cuerpo policial ha de serle cobrado a la Corte, como órgano legalmente a cargo de su control político.

De ahí la importancia y responsabilidad del actual momento, signado por un cambio como nunca antes se había vivido en las modalidades de criminalidad que amenazan la estabilidad institucional del país y la posibilidad de seguir conviviendo de manera pacífica y justa.