La política institucional fue aprobada en la sesión ordinaria de Corte Plena el 6 de julio del 2015

El reconocimiento al derecho de la participación ciudadana fue el objetivo que llevó a los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, a aprobar la propuesta de Política Institucional de Participación Ciudadana.

El documento fue elaborado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) el cual integra objetivos, principios que regirán el accionar institucional y las propuestas de implementación a partir de ejes estratégico definidos.

La política institucional fue aprobada en la sesión ordinaria de Corte Plena del pasado 6 de julio y señala como ente rector para su cumplimiento a la CONAMAJ. Además junto a la Dirección de Planificación tendrán a cargo la evaluación y monitoreo.

La política desarrollará en la gestión del Poder Judicial los principios de igualdad, respeto a los derechos humanos y rechazo a cualquier forma de discriminación, el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, la petición y demanda ciudadana, la transparencia y rendición de cuenta, la responsabilidad y reconocimiento de deberes de la persona funcionaria como servidora pública.

También, para su efectiva implementación, incorpora funciones específicas y coordinadas, como entes responsables de la implementación a Corte Plena, el Consejo Superior, el Despacho de la Presidencia, CONAMAJ, Dirección de Planificación, Departamento de Prensa y Comunicación, Dirección Ejecutiva, el Ámbito Administrativo, Ámbito Auxiliar de Justicia, los Consejos de Administración de Circuito, la Comisión y Subcomisiones de Acceso a la Justicia, la Escuela Judicial, la Contraloría de Servicios, entre otros órganos y oficinas judiciales.

Entre las acciones que se emprenderán destacan la divulgación de información accesible, inclusiva y oportuna, el uso gratuito de medios masivos de comunicación y productos comunicativos adecuados, innovadores y de impacto para la ciudadanía usuaria. La formación a través de charlas y talleres dirigidos a las personas usuarias y grupos organizados, sobre los derechos que les asisten para ejercer la participación ciudadana.

Se contempla la incorporación de procesos de sensibilización las personas operadoras de justicia sobre el derecho de la ciudadanía a la participación ciudadana. El fomento de actividad de participación en cada Circuito Judicial y la respectiva rendición de cuentas regional; así como la ampliación de los espacios formales de interacción entre el Poder Judicial y la ciudadanía desde los Consejos de Administración de Circuito, las Comisiones de Personas Usuarias, la Contraloría de Servicios, el impulso de mesas de diálogo, entre otros.