Andrea Marín Mena
Periodista
La solicitud de la Defensa Pública de enero del 2015, para que las medidas ordenadas a la administración penitenciaria, tendientes a eliminar el hacinamiento carcelario en el área de indiciados del Centro de Atención Institucional El Valle, en Pérez Zeledón, fue avalada por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón.
El equipo de monitoreo de la Defensa Pública evidenció la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en ese lugar.
El recorrido de los defensores públicos en la cárcel El Valle, confirmó que el ámbito E-2, área de indiciados, ya contabilizaba 220 personas al 7 de enero del 2015, rebasando en un alto porcentaje su capacidad real, pues ese centro cuenta con una capacidad real para 88 personas.
Desde el 9 de enero del 2015 la Defensa Pública gestionó ante las instancias judiciales correspondientes de la localidad de Pérez Zeledón el cierre del área de indiciados de dicho centro carcelario y después de varias acciones ante el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de esa jurisdicción, este último determinó que el Juzgado sí tenía competencia para velar por las condiciones de cumplimiento de las medidas cautelares impuesta a personas imputadas que habían sido detenidas a su orden y ello comprendía la toma de acciones en contra del hacinamiento de ese ámbito.
“El monitoreo es un tipo de control que ejerce la Defensa Pública, sobre el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad indiciadas y sentenciadas. Lo hacemos con los mismos recursos con los que ya contamos”, destacó Marta Iris Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública. |
 |
Para la Defensa Pública la función de monitoreo es fundamental para crear conciencia en la población judicial y la sociedad civil, al mostrar el drama que se vive en las cárceles del país. |
|
Para la Directora de la Defensa Pública, la función de monitoreo es fundamental para crear conciencia en la población judicial y la sociedad civil, al mostrar el drama que se vive día a día en las cárceles del país.
“El actual sistema de encierro, no cuenta con condiciones necesarias para que las personas puedan rehabilitarse, producto del hacinamiento se violan otros derechos como a la salud, la pérdida de citas médicas, la atención psiquiátrica es cuestionable, las condiciones de infraestructura no son las adecuadas. No se puede llegar a la población cuando hay un hacinamiento que supera el 50%”, puntualizó Marta Iris Muñoz.
Monitoreo de cárceles en detalle
La Defensa Pública realiza desde hace tiempo las visitas a los centros de adaptación social. Sin embargo este año, se inició con un procedimiento más sistematizado.
 |
Fotografías incorporadas a los informes de monitoreo 2015 de los Centros de Atención Institucional del Adulto Joven y San Sebastián. Condiciones de los servicios sanitarios en el Adulto Joven. Cocina y patio en la cárcel de San Sebastián. |
|
“Se estandarizaron los procedimientos que ejecutan los equipos de monitoreo de la Defensa Pública en todo el país, ya que el crecimiento del hacinamiento carcelario así lo exige”, según explicó Juan Carlos Morales Jiménez, Coordinador de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública.
Se realiza un monitoreo general con la visita al centro como mínimo cada 6 meses, para determinar las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad; también se hace monitoreo individual, que abarca los casos de denuncia individual sobre tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortuosos.
“Verificamos que las condiciones en que se cumple la privación de libertad sean afines a los derechos humanos y estándares internacionales. Brindamos seguimiento a todos los casos”, puntualizó Morales Jiménez.
El equipo de monitoreo, mediante informes y archivo fotográfico, documenta todas las situaciones que se observan. Procura una estrecha comunicación con el personal que labora en cárceles y directores de los centros. Se busca a través del diálogo una solución a las situaciones que se detectan. De no obtener respuesta se acude a las instancias correspondientes.
En las visitas se visualizan aspectos como el trato a las personas recluidas, las medidas de protección de su entorno, las condiciones materiales del centro (infraestructura, acceso al agua, servicios sanitarios, educación, etc.). El régimen y las actividades de estudio y recreativas, el acceso a los servicios médicos, la capacitación del personal de seguridad, entre otros.
A lo interno de la Defensa Pública, una Comisión de Monitoreo, liderada por la Dirección, organiza y calendariza las visitas e integra los equipos de monitoreo en cada jurisdicción. Además recibe e imparte capacitación y da seguimiento a los informes y ejecuta las acciones que se consideren pertinentes, como Recursos de Amparo o Hábeas Corpus. |
Al primer semestre del 2015, ya se cuenta con los informes de los centros de Adulto Joven de La Reforma, Adulto Mayor, CAPEMCOL, el Buen Pastor, el Gerardo Rodríguez, La Reforma, Pérez Zeledón, San Sebastián, Pococí, San Carlos, Liberia, Puntarenas y el Penal Juvenil Zurquí.
Realidades tras las rejas
“Marta”, una mujer privada de libertad del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor, fue una de las personas cuya necesidad tuvo eco, gracias a la intervención del monitoreo de la Defensa Pública.
Ella cumplía una sentencia por robo, su situación era difícil dentro del centro penitenciario ya que padecía de obesidad mórbida y le era difícil caminar, al punto que llegó a una situación tan crítica que no podía ni desplazarse al sanitario y las otras mujeres del penal no podían ayudarla por su peso.
Para la Defensa Pública este caso particular fue un asunto más de humanidad. Las gestiones del equipo de monitoreo lograron que se ordenara a su favor el arresto domiciliar.
“Lo que procuramos es que estas personas estén cumpliendo sus sentencias condenatorias o prisiones preventivas en condiciones mínimas aceptables, porque son seres humanos”, explicó Rodolfo Brenes Blanco, coordinador del Programa de Monitoreo Carcelario de la Defensa Pública,
En ese mismo centro, también se atendió el reclamo por la alimentación, ya que en ocasiones la comida no alcanzaba para todas las personas recluidas en el penal. Las gestiones del equipo de monitoreo con la administración penitenciaria, llevaron a garantizar la ración para toda la población.
Actualmente la Defensa Pública trabaja para que se rehabilite el servicio de un profesional especialista en ginecología para este centro penal femenino, ya que por diversas razones la plaza aún no se ha podido reactivar. |
 |
La Defensa Pública señaló que casos tan particulares como el de “Marta”, una reclusa que padece obesidad mórbida fue un asunto más de humanidad y en el cual lograron un arresto domiciliar a favor de la privada de libertad. |
|
Existen otros casos que siguen latentes, como la situación que enfrenta el Centro para la Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol). El reciente informe de monitoreo de la Defensa Pública así lo demuestra.
De acuerdo con Rodolfo Brenes, el edificio, una antigua fábrica de pantalones, no reúne las condiciones mínimas para las personas recluidas. El cuarto de dormitorios cuenta con espacios muy limitados entre camas y es muy frío durante las noches. La sala de terapia es únicamente un espacio abierto, donde las personas privadas de libertad pasan la mayor parte del tiempo y no reciben ningún tipo de terapia. Se ubica una “isla” médica, en la que en un día hábil no se encontró personal de atención, detalla el informe de monitoreo.
El informe visualizó el estado de los baños, cuyas áreas son muy pequeñas y poco accesibles, la falta de ventilación y luz natural del cuarto de aislamiento, un comedor que no se utiliza y las zonas verdes con aguas negras expuestas, que impide que las personas salgan por ser focos de contaminación.
Hacinamiento: el drama mayor
El 178% de hacinamiento que registró el Centro de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, ubicado en San Rafael de Alajuela a inicios del 2015, llevó a la Defensa Pública a hacer visible la problemática en esta cárcel.
 |
Equipo de trabajo de monitoreo de cárceles de la Defensa Pública se reúne permanentemente, con el acompañamiento de su Directora Marta Iris Muñoz Cascante. |
|
El informe de monitoreo determinó que la unidad de indiciados con capacidad para 240 personas, a inicios del 2015 ya registraba 429 personas recluidas.
La Defensa Pública promovió un Recurso de Amparo en marzo del 2015, contra el Ministerio de Justicia y Paz y las autoridades administrativas de ese centro penitenciario, para que atendiera esta situación de hacinamiento, que sobrepasó los niveles razonables de sobrepoblación (que se establece según estándares internacionales, en que no puede sobrepasar el 20% de su capacidad real).
La Sala Constitucional en su resolución 2015-5666, declaró con lugar el amparo, contra las autoridades de Justicia y Paz y del Centro Penitenciario y ordenó “…que eliminen el hacinamiento crítico existente en la Unidad de Indiciados del CAI Dr. Gerardo Rodríguez dentro del plazo ordenado por este mismo Tribunal Constitucional en la sentencia número 2014-18911”.
Ya en un fallo anterior, el máximo Tribunal Constitucional determinó que“…en el caso concreto, se comprueba la existencia de un hacinamiento crítico que vulnera los derechos fundamentales de los privados de libertad”, voto 2014-18911. |
El amparo de la Defensa Pública permitió demostrar con documentación objetiva, que la cárcel Gerardo Rodríguez tenía un hacinamiento de casi un 180%.
En este mismo centro la Defensa Pública también ganó este mismo año un recurso de amparo, porque se mezclaban las poblaciones de indiciados con sentenciados y fue una acción que dio buenos resultados al corregirse la situación. |
