La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, expuso al Ministro de Hacienda las prioridades del Poder Judicial para el 2016.

Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia entregaron el pasado 17 de junio, el proyecto de presupuesto judicial para el 2016, con el crecimiento más bajo de los últimos 10 años, tras un esfuerzo por mantener las políticas de restricción en proyectos jurisdiccionales, plazas, sustituciones e incapacidades.

Así lo dio a conocer la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, al Ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, al Viceministro de Egreso, José Francisco Pacheco Jiménez y al equipo de asesores.

El proyecto de presupuesto del Poder Judicial 2016 registra un monto neto de ¢424 759 151 267, lo que significa un crecimiento de un 6,84%, con respecto al presupuesto del 2015.

De acuerdo con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, desde el Poder Judicial se desarrolló un esfuerzo porque el plan de inversión, para el próximo año, atienda los temas prioritarios para la institución y se garantice el funcionamiento general del sistema de administración de justicia.

“Se evidencia un esfuerzo del Poder Judicial por no crecer en el número de plazas. Incluso aportamos una disminución de 25 puestos para el 2016. Este crecimiento también representará la paralización de la implementación a nivel nacional de los Programas de Atención Integral a Víctimas y Justicia Restaurativa”, explicó Villanueva Monge.

La máxima jerarca judicial puntualizó que la restricción judicial continuará el próximo año en temas como las sustituciones de personal, incapacidades y se apuesta para el 2016 al proceso de evaluación del desempeño, para propiciar mejoras en el trabajo institucional.

Además de seguir con la política de austeridad del Gobierno Central, concientes de la situación fiscal del país.

También se presentó al Ministerio de Hacienda un presupuesto aparte que contiene el eventual costo que tendría para el 2016, la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, cuyo proceso de levantamiento del veto presidencial, está en estudio ante la Sala Constitucional. Este proceso representará para el Poder Judicial recursos nuevos por un monto estimado de ¢15 209 millones, que requerirá para alojar al nuevo personal que atenderá los requerimientos de la ley, donde se incluyen 18 plazas para jueces o juezas, 15 de técnicos judiciales y 108 plazas para la Defensa Pública que asumiría eventualmente, por mandato de ley, la representación y asesoría legal social del 80% de los casos en la materia.

Durante la reunión con las autoridades de Hacienda, se contó con la participación del Vicepresidente de la Corte en ejercicio, Orlando Aguirre Gómez, el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Marta Asch Corrales y la Jefa del Departamento de Financiero Contable, Nacira Valverde Bermúdez.