El instructor del informe fue el magistrado Román Solís Zelaya.

Señalar que el proyecto de ley 19 331 “Ley Inversiones Públicas”, procura darle rango legal al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y que el texto no resulta de aplicación directa al Poder Judicial, fue lo que acordaron los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, al aprobar el informe judicial.

El estudio de la iniciativa de ley estuvo a cargo del magistrado Román Solís Zelaya, ante la solicitud que hizo la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para que el Poder Judicial emitiera un criterio al respecto.

La Corte concluyó que no se apreciaba en la redacción actual que el texto “…le implique algún tipo de limitación que afecte su organización y funcionamiento, en los términos que indica el numeral 167 de la Constitución Política por lo que su análisis de fondo carece de interés jurídico”.

Sin embargo en el informe judicial se destaca la incorporación en el texto del proyecto, de la participación social de los habitantes, en los proyectos que impacten de manera directa a la población, mediante audiencias de participación.

Además se destaca la sanción que se impondría por el incumplimiento de lo señalado por esta eventual Ley de la República y que contempla la suspensión de cualquier giro o autorización de gastos tanto del Ministerio de Hacienda como de la Contraloría General de la República. Y sobre este último punto, las autoridades judiciales recomendaron que se realice un mayor desarrollo legal y que no se limite a un solo artículo.