Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

Me resulta muy grato participar en una actividad como la que nos convoca esta mañana. Quiero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes; de manera particular a las mujeres y varones indígenas, quienes han venido de zonas lejanas del país para hacerse presentes.

Además de signatarios de las más importantes y reconocidas declaraciones internacionales de Derechos Humanos, nuestra Constitución Política consagra expresamente que todos los hombres y las mujeres que habitan este país -sin distinción en cuanto al motivo de permanencia- participamos de la misma naturaleza humana y como tal, de la misma dignidad, que nos hace a todos y a todas merecedores y merecedoras del disfrute efectivo de derechos fundamentales.

Pero como sabemos que en el plano de la realidad, esa igualdad no se da, que las personas no acceden con la misma facilidad a todos los derechos o ventajas que ofrece el desarrollo, la obligación de las autoridades públicas, depositarias del poder estatal, es generar acciones que propicien en sus habitantes, el ejercicio pleno y equitativo de estos derechos, .

Para el caso de la Administración de justicia, nuestra obligación es generar acciones que permitan a todas las personas, a partir de la valoración de sus diferentes condiciones de vida, acceder a los servicios de administración de justicia. Para este fin fue creada la Comisión de Acceso a la Justicia que ha desarrollado una importante labor, sobre todo, por intermedio de sus distintas subcomisiones.

Este evento tiene gran trascendencia para el Poder Judicial. Es la culminación de un proceso que inició hace más de ocho años con la creación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, coordinada por la magistrada Carmen María Escoto, quien se ha avocado tenazmente a velar porque se logre visibilizar las necesidades, los obstáculos que tiene la población indígena del país, al acudir a los servicios de administración de justicia, y gestionar que la institución genere acciones en ese sentido.

En ese proceso es imperioso conocer cuáles son esas barreras, para que a partir de ahí, se adopten las acciones institucionales necesarias. De ahí la importancia de un proyecto cuyos resultados hoy se presentan, sobre las limitaciones de acceso a la justicia de los pueblos indígenas Ngöbe y Buglé, un pueblo de personas nobles y trabajadoras, con un acceso limitado a los recursos públicos, al disfrute de los servicios que ofrece el Estado, a las posibilidades de reclamo de esos derechos, en fin, al acceso al desarrollo humano.

En las personas que integran estos pueblos reconocemos la vulnerabilidad que les genera su condición de pueblo indígena, de personas sujetas a procesos de migración entre fronteras, limitados en el acceso al idioma, a documentos de identificación, a información sobre sus derechos. Sin lugar a dudas que dentro de esta población reconocemos también la existencia de otras poblaciones mayormente vulneradas, como son las mujeres y las personas menores de edad, quienes deberían de estar en los procesos de educación y formación a que todo niño o niña, o persona adolescente, tiene derecho.

Estas situaciones, aunadas a la necesidad que tienen de un ingreso económico, los y las convierte en un blanco fácil de la explotación de todos sus derechos; más allá de los laborales. Las condiciones laborales en que son contratados y contratadas; los espacios de permanencia poco aptos para una persona; el limitado acceso a servicios públicos básicos; son algunas de las situaciones que deben llevar a una profunda reflexión y acción nacional coordinada.

Los resultados de esta investigación permitirán a la Subcomisión institucional, un análisis o replanteamiento de las Reglas Prácticas que el Consejo Superior, desde el año 2008, había aprobado con el objeto de facilitar el Acceso a la Justicia de las Poblaciones Indígenas.

Para llegar donde hoy estamos, hemos abierto rutas que antes eran estrechas; tendido puentes donde no los había. Hemos promovido el diálogo y la acción conjunta con jueces y juezas, fiscales y fiscalas, defensoras y defensores públicos, personal auxiliar, policía técnica judicial, profesionales de otras ramas, Contraloría de Servicios y diverso personal del área administrativa, con el objeto de hacer ver la existencia de una Costa Rica diversa, de múltiples culturas, idiomas y pensamientos.

El convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; y las sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana sobre la materia, nos han impulsado a salir de los despachos judiciales y caminar con las comunidades indígenas, en busca de soluciones a sus demandas históricas de reivindicación de sus derechos fundamentales.

Quiero expresarles que como institución y de manera personal, estamos comprometidos y comprometidas con este objetivo, de manera que, siempre serán oportunas las recomendaciones técnicas que se emitan para hacer efectiva la misión que tenemos de garantizar a todas las personas, el derecho de acceso a la justicia para el respeto y demanda de sus derechos.

Mi reconocimiento también a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), por el auspicio y el apoyo dado a este proyecto. Creo que la problemática que enfrentan las personas de estos pueblos debe ser abordada de manera interinstitucional; y el Poder Judicial está en la mayor disposición de participar en las acciones que resulten necesarias para garantizar el respeto y los derechos a las personas de las poblaciones Ngöbe y Buglé.

Yo espero que esta investigación nos permita esa coordinación interinstitucional, pues un verdadero acceso a la justicia no implica únicamente crear oficinas judiciales cercanas a los territorios donde se asientan estos pueblos. La presencia de personas menores de edad, de mujeres -muchas de ellas embarazadas- requerirá de una visión de género que involucre a todas las instituciones especializadas. Solo de esta forma es posible hablar de un acceso efectivo a la justicia, para estas poblaciones. El Poder Judicial está comprometido con esta causa.

Muchas gracias y buenos días!