Trabajo en grupos con el fin de elaborar una propuesta institucional

El pasado 19 de mayo, en el marco del conversatorio realizado, se generó un espacio de diálogo institucional, que ofreció las condiciones para informar a las personas participantes sobre datos estadísticos relacionados con la pobreza, las concepciones que se tienen de ella, métodos de análisis, barreras de acceso a la justicia que enfrenta la población en esta condición y el impacto en la administración de justicia.

Es la primera actividad que se realiza con este enfoque y obedece a un esfuerzo conjunto de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) y de la Unidad de Acceso a la Justicia, con el aval de la Comisión de Acceso a la Justicia.

“Este conversatorio se enmarca dentro del quehacer que desde hace ya algunos años hemos emprendido como institución, de manera seria y responsable, de brindar atención prioritaria y especializada a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, área en la cual hemos tenido avances significativos”, indicó el magistrado Román Solís Zelaya, Presidente de Conamaj.

El magistrado Solís también recordó las Reglas de Brasilia aprobadas por los presidentes de las Cortes de 23 países, durante la Cumbre Judicial Iberoamericana, en marzo del 2008, Reglas que el Poder Judicial costarricense ha implementado y materializado a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, nueve Subcomisiones que identifican cada población; así como por medio de políticas, programas y acciones específicas en poblaciones tales como personas con discapacidad; niñas, niños y adolescentes; personas migrantes y refugiadas; personas adultas mayores; personas indígenas, víctimas de violencia sexual y doméstica, personas sexualmente diversas, personas privadas de libertad y personas afrodescendientes.

“Son estas consideraciones las que nos han llevado a trabajar conjuntamente desde la Subcomisión de Migración y Refugio, CONAMAJ y la Comisión de Acceso a la Justicia en la realización de este conversatorio, todos compartimos la preocupación y la pasión por garantizar los derechos de los más pobres y desamparados”, agregó Román Solís.

Johan Granados, servidor judicial de la Unidad Administrativa de Pérez Zeledón y la Licda. Alejandra Monge Arias, Unidad Acceso a la Justicia

El encuentro contó con la asistencia de integrantes de las Subcomisiones de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, representantes del Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Judicatura, Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, Administración de Pérez Zeledón, Ciudad Judicial y de Tránsito, Departamento de Medicina Legal, Departamento de Trabajo Social y Psicología, Secretaría Técnica de Género, Contraloría de Servicios, Dirección Ejecutiva, Comisión contra la Violencia Doméstica, Escuela Judicial, así como representantes de otras instituciones: CIPAC, Defensoría de los Habitantes, Universidad Nacional, INEC.

Durante la mañana se expusieron temas conceptuales y estadísticos sobre la pobreza en Costa Rica, por parte de Sr. Pablo Sauma Fiatt, Economista y Director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y la Sra. Sofía Mora Steiner, Investigadora del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Además se contó con la participación del compañero judicial Johan Granados, quien compartió su experiencia en el tema de “Ayudas Económicas” a través de su función como encargado de la Caja Chica en la Unidad Administrativa de Pérez Zeledón.

Con los insumos obtenidos durante la mañana y a partir de la metodología diseñada al efecto, por la tarde se realizó trabajo grupal con el objetivo de elaborar una propuesta institucional para abordar la condición de pobreza, incluyendo opciones como la concienciación y capacitación del personal judicial, a través de campañas informativas, definición de políticas, coordinación interinstitucional y con las diferentes instancias judiciales, entre otras.