Mag. Román Solís Zelaya Presidente de Conamaj

Muy buenos días señoras y señores servidores judiciales, magistrados compañeros de la mesa principal, invitados conferenciantes a quienes agradezco la deferencia de venir a conversar con nosotros e instruirnos sobre este tema e invitados especiales.

Este conversatorio se enmarca dentro del quehacer que desde hace ya algunos años hemos emprendido como institución, de manera seria y responsable, de brindar atención prioritaria y especializada a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, área en la cual hemos tenido avances significativos. Sin embargo, en esta marcha surgen interrogantes, y uno de ellos, derivado de diversas experiencias que hemos tenido desde el abordaje a las poblaciones ya identificadas es si la pobreza es el factor olvidado, invisibilizado, cuando se habla y se abordan los obstáculos para el acceso real y efectivo a la justicia en Costa Rica. A esta interrogante trataremos de dar respuesta este día y también nos avocaremos a buscar formas para que deje de serlo.

El acceso a la justicia “es un derecho por sí mismo, que consiste en poder acudir a los tribunales en busca de solución a los conflictos y además tiene un carácter instrumental pues permite la tutela de los demás derechos (…) Así está enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en todos los instrumentos del Sistema Universal y continental de Derechos Humanos” Gracias a ello, por ejemplo, de manera frecuente se restituyen derechos en temas tan sensibles y vitales como la salud, la educación, el trabajo, la libertad y la dignidad humana por parte de las salas de casación y las jurisdicciones específicas. “Este derecho conlleva la existencia de tribunales independientes e imparciales que, en condiciones de plena igualdad, escuchen a las personas para la determinación de sus derechos y obligaciones”.

Para que el acceso a la justicia sea real y efectivo deben darse dos supuestos básicos, ser libre “es decir, no estar atado a condicionamientos exagerados” y ser efectivo, “no basta con la posibilidad teórica de ejercer una acción o recurso, sino la persona debe tener realmente a su disposición un instrumentos procesal accesible…”. Vale aquí preguntarse si en los casos de las personas pobres estos supuestos se cumplen a cabalidad.

La pobreza, según la ha definido la ONU es “la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios” (ONU, 1995: 57).”

Otros autores la relacionan a la carencia de de seguridad básica y vulnerabilidad ante los riesgos sociales. Wresinski identifica a la pobreza como “la ausencia de uno o más factores que permiten, a individuos y familias, asumir responsabilidades básicas y disfrutar de derechos fundamentales […]” Mientras que “Drèze y Sen sostienen que tanto la privación como la carencia de recursos reflejan carencia de titularidades más que ausencia de artículos esenciales en sí mismos. (…) La ausencia de titularidad es fundamental para la condición de pobreza: “La exclusión social afecta a individuos, personas y áreas geográficas; puede ser vista no sólo en términos de niveles de ingreso, sino también vinculada a cuestiones como salud, educación, acceso a servicios, vivienda y deuda”.

En materia de justicia, nos dicen Gustavo Galván y Víctor Álvarez Pérez, se constituye “la pobreza como obstáculo para el acceso a la administración de justicia, no sólo impide defender y ejercitar los derechos, generando, en consecuencia, su pérdida, sino que también dificulta su adquisición, constituyéndose así en una barrera para que el individuo pueda mejorar sus condiciones de vida”.

En marzo de 2008 en la Cumbre Judicial Iberoamericana, los presidentes de las cortes de 23 países adoptaron las Reglas de Brasilia, las cuales son una maravillosa declaración de principios, una valiente toma de posición a favor de “los más débiles” y un compromiso de generar cambios en los sistemas judiciales. “El objetivo principal de las Reglas de Brasilia es garantizar a todas las personas, indistintamente de su condición, un efectivo acceso a la justicia. Es claro que no basta con que este derecho se reconozca formalmente en distintos documentos, sino que deben definirse acciones y estrategias de trabajo que posibiliten la eliminación de los obstáculos identificados.” De manera diligente las Reglas, al enunciar el concepto de las personas en situación de vulnerabilidad, incluyeron la condición social y la pobreza.

Desde entonces el Poder Judicial ha realizado una labor seria, constante y encomiable en la implementación de las Reglas, que se ha materializado en un andamiaje conformado por una Comisión de Acceso a la Justicia y 9 subcomisiones, una por cada población identificada, así como la adopción de políticas, programas y acciones específicas. Las poblaciones atendidas son: personas con discapacidad; niñas, niños y adolescentes; personas migrantes y refugiadas; personas adultas mayores; personas indígenas, víctimas de Violencia sexual y doméstica, personas sexualmente diversas, personas privadas de libertad y personas afrodescendientes.

Quienes que tenemos contacto con estas poblaciones sabemos que la pobreza es el denominador común en estas poblaciones y en la mayoría de los casos de denegación o de falta de acceso a la justicia, pues cuando existen recursos económicos buena parte de los obstáculos se pueden superar. Por otra parte, también sabemos que existen miles de personas tanto en el campo como en la ciudad quienes técnicamente no “califican” dentro de esas categorías con las que estamos trabajando, para quienes la pobreza ha implicado analfabetismo, segregación, falta de acceso a servicios básicos y violación sistemática de sus derechos. Para ellas y ellos no existe una comisión ni una subcomisión, como tampoco una política institucional que obligue a restituir esos derechos vulnerados. Tampoco hemos identificado la pobreza como una condición transversal que obligue a consideraciones especiales.

Como indican Gálvez y Álvarez, “la pobreza coloca a la persona en una situación de indefensión y de alta vulnerabilidad, afectando no sólo su condición de individuo sino también su patrimonio. Por ello, se torna insuficiente que la legislación confiera un sinnúmero de derechos a las personas, si el Estado no se preocupa además porque esos derechos sean reconocidos en la práctica y porque la pobreza no se constituya en una barrera que impida acceder al sistema de administración de justicia”.

Son estas consideraciones las que nos han llevado a trabajar conjuntamente desde la Subcomisión de Migración y Refugio, Conamaj y la Comisión de Acceso a la Justicia en la realización de este conversatorio. Todos compartimos la preocupación y la pasión por garantizar los derechos de los más pobres y desamparados. Les agradezco la disposición, la solidaridad y el compromiso, haciendo que el trabajo conjunto sea no solo productivo, sino también efectivo. Soy de la firme creencia que debemos hacer, desde todos nuestros cargos y responsabilidades, más esfuerzos para reconocer y abordar, de manera explícita, la pobreza como factor de vulnerabilidad y buscar la manera para hacer real y efectivo su acceso a la justicia de tantas personas que la sufren.

Les agradezco mucho su presencia y les invito a que hoy aprovechemos este encuentro para reflexionar y generar propuestas y respuestas para la necesaria visibilización de la pobreza como un factor que os demanda una atención afirmativa y a proactiva.