La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, expuso la afectación sensible en el funcionamiento de la institución con la actual rebaja de ¢6 500 millones.

Las diversas fracciones que integran el Congreso asumieron el pasado 16 de abril, el compromiso de revisar las modificaciones que se hicieron, en comisión, al proyecto de presupuesto extraordinario, que incluyó una reducción presupuestaria de ¢6500 millones al presupuesto del Poder Judicial y que afecta proyectos específicos e impostergables.

Los jefes de fracción atendieron la audiencia solicitada por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, quien expuso los alcances de los recortes efectuados y la necesidad de propiciar un diálogo para revisar el tema y modificarlo durante el trámite en plenario.

“Esta reducción impedirá el alquiler de un local para el traslado de la población judicial que labora en el Edificio de la Corte, mientras se realizan los trabajos de reforzamiento a esta infraestructura”, puntualizó la máxima jerarca judicial.

Cabe destacar que el reforzamiento es un proyecto impostergable, para resguardar la integridad y seguridad de las personas que laboran en sus oficinas y de las personas usuarias que visitan el lugar, ante una edificación de más de 50 años de construida.  Los estudios técnicos desde 1990 señalaron la necesidad de realizar trabajos de reforzamiento en los tres módulos que integran este edificio y concluyeron que existe una vulnerabilidad estructural del edificio principal de la Corte, ante un evento sísmico de alta magnitud.

Agregó también que “las rebajas incluyen los recursos que estaban dispuestos para un Edificio de Tribunales en Jicaral, que ya cuenta con la aprobación de los planos del anteproyecto y se está a la espera de los planos constructivos para iniciar las obras. Un proyecto que impulsa las zonas fuera de San José y que de postergarse implicaría encarecimiento de las obras frente a gastos adicionales de actualización”, explicó La Presidenta de la Corte.

Las y los diputados que representan las diversas fracciones legislativas externaron diversas consultas sobre la propuesta del Poder Judicial y acordaron analizar el tema durante la discusión del proyecto en el plenario legislativo.

Villanueva Monge recalcó la anuencia del Poder Judicial a contribuir con la rebaja del déficit fiscal y basados en estudios técnicos la institución propone una reducción de ¢1524 689 392.

Además explicó que el Poder Ejecutivo propuso una rebaja de ¢5 mil millones, la propuesta del Poder Judicial fue de una reducción de ¢1500 millones y finalmente, ambas propuestas fueron incorporadas al proyecto, lo que implica una rebaja de ¢6500 millones, monto que causaría una fuerte afectación en el funcionamiento de la administración de justicia.

Durante la reunión, la jerarca judicial contó con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva y el Director de Gestión Humana del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y Francisco Arroyo Meléndez respectivamente.