Los resultados fueron publicados como parte del Estudio Cultura política de la democracia en Costa Rica y en las Américas 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas del Programa Estado de la Nación.

Con un 52,9% de confianza, el Sistema de Justicia costarricense ocupa el segundo lugar, superado únicamente por la Iglesia Católica con un 62,6%.

Los resultados fueron publicados como parte del Estudio Cultura política de la democracia en Costa Rica y en las Américas 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas del Programa Estado de la Nación.

El capítulo sobre Legitimidad de las instituciones democráticas tuvo como objetivo determinar la medida en que la ciudadanía costarricense apoya las principales instituciones de su régimen democrático.

El primer lugar en confianza lo ocupa la Iglesia Católica que alcanza un 62,6%, seguido del Sistema de Justicia con un 52,9%, la Policía Nacional ocupa el tercer lugar con un 47,3% y el Parlamento con un 41%. En un cuarto lugar se encuentra la Iglesia Evangélica con un 38,6%, el Presidente con un 38,1% y los Partidos Políticos con un 37,8%.

"Nos satisface que la población confíe en el trabajo del Poder Judicial y su función constitucional de administrar justicia. Trabajamos fuerte por consolidar nuevos proyectos que permitan mejorar la atención en todas las áreas, especialmente a las poblaciones vulnerables", explicó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge.

Para el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, “estos datos nos dan la señal de que todavía la gente espera y confía en las instituciones democráticas y en particular en la Administración de Justicia y en el Sistema de Justicia. Por ello, debemos seguir adelante concientes de que la gente que llega a tocar las puertas del Poder Judicial y de los Tribunales lo hace por necesidad, porque tiene un conflicto que resolver”.

Es así como desde diversos frentes, el Poder Judicial trabaja impulsando programas de acceso a la justicia, el acercamiento y diálogo con las comunidades, además de reformas internas para el control y rendición de cuentas que contribuyan en brindar un servicio público de calidad.