En los tiempos que estamos viviendo, no podemos sustraernos de un debate público que sin duda alguna debe ser profundizado por medio del diálogo: la judicialización de la política o la politización de lo judicial.
 
Es frecuente escuchar críticas o reclamos en ambos sentidos o de ambas partes. Quienes se desenvuelven en el mundo de la política, usualmente manifiestan su descontento señalando que desde los órganos de administración de justicia, se toman o dejan de tomar decisiones que afectan a las instituciones públicas y a la acción del Estado como un todo. Se cuestiona la extralimitación de acciones que tienen su origen en supuestas afinidades políticas, todo lo cual ocasiona según este grupo denunciante, una pérdida de objetividad e imparcialidad de la justicia. 
 
Este tipo de denuncias no formalizadas son sumamente serias y atentan de forma directa en contra de la credibilidad y la confianza en la justicia, la cual tiene la obligación de ser totalmente independiente para poder estar en capacidad de garantizar plenamente los principios y garantías fundamentales en un Estado democrático y de derecho.
 
Desde el otro ámbito de la justicia, igualmente se reciben esas manifestaciones como intentos o acciones concretas de politización que atentan contra la independencia del Poder Judicial y de sus órganos. En estos tiempos no son extrañas las “presiones políticas” que se hacen a través de los medios de comunicación o mediante manifestaciones públicas que pueden contravenir o pretender afectar muy seriamente la independencia de los órganos judiciales. 
 
Un ejemplo reciente de ese fenómeno de la “intromisión política” en los temas judiciales, estuvo presente a raíz de la oposición que principalmente, desde la Asamblea Legislativa, se generó en relación con la reelección del fiscal general de la República por parte de la Corte Plena.
 
Podemos citar otro ejemplo histórico de posibles “intromisiones políticas” desmedidas. Tal es el caso de la no reelección del magistrado Fernando Cruz Castro de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa por razones muy cuestionadas en su momento. 
 
Desde la óptica de la ciudadanía, es muy posible que un amplio sector de la población piense que desgraciadamente ambas cosas vienen siendo lo mismo. Es decir, que para muchas personas, probablemente no importa si se habla de judicialización de la política o de politización de la justicia. Pensarán, y así me lo han manifestado algunas personas, que todo es lo mismo y que “el orden de los factores no altera el producto”.
 
En lo personal, pienso que sería catastrófico para nuestro país generalizar la negación o contradicción de un sistema de gobierno basado constitucionalmente en la independencia de los poderes públicos del Estado concebido a partir de los frenos y contrapesos institucionales. Cualquier fenómeno contrario a esa independencia verdadera y objetiva de los poderes del Estado, lesiona gravemente nuestra vida democrática sin importar cómo le llamemos a ese fenómeno. Este tipo de acciones deben ser repudiadas abiertamente por la ciudadanía en quien finalmente descansa la soberanía y el poder. 
 
 Continuaré defendiendo la independencia del Poder Judicial, de sus jueces y de sus funcionarios en general. Igual seguiré respetando en mis actuaciones, las competencias y responsabilidades que son propias de otras instituciones u órganos de gobierno. Debemos recordar siempre que en la Constitución Política y en las leyes de la República, encontramos claramente nuestro marco de actuación funcional y competencial como servidores públicos. Si respetáramos esto al pie de la letra, no tendríamos este tipo de discusiones, y sin duda alguna, nuestra democracia gozaría de una mejor salud.
 
Quisiera para terminar, dejar planteada una enorme preocupación a los amables lectores y a la opinión pública en general. Tiene que ver con el incumplimiento constitucional y el rompimiento de todos los plazos razonables para que la Asamblea Legislativa haya podido cumplir a la fecha con su obligación de nombrar un magistrado o magistrada en la Sala Primera de la Corte. 
 
Han pasado muchos meses y la vacante sigue sin ser llenada a pesar de que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea hizo desde hace mucho tiempo su informe presentando al Plenario Legislativo a las personas seleccionadas en el proceso de escogencia… Lo cierto, es que sin que se conozcan razones objetivas, la decisión legislativa continúa pendiente.
 
Será un caso más de “politización de la justicia”. El pueblo tiene la palabra para juzgar.

Miercoles 08 Abril, 2015