El despacho del magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga organizó la presentación del XX Informe del Estado de la Nación.

Las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial se reunieron para conocer detalles de los resultados del XX Informe Estado de la Nación, el cual señala como principal reto para el país, el propiciar acciones para acelerar el índice de desarrollo humano.

La actividad la organizó el Despacho del Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, quien abrió el espacio de discusión, señalando la importancia que tiene para el Poder Judicial conocer la situación actual del país, a través de este estudio serio, como un actor protagónico dentro de la sociedad costarricense. Además señaló vital que las autoridades judiciales puedan informarse sobre las principales debilidades y retos que debe enfrentar el país de cara a un mayor desarrollo humano.

La exposición de los resultados estuvo a cargo de Leonardo Merino Trejos, Coordinador del Informe Estado de la Nación y Evelyn Villareal Fernández, Coordinadora del Informe Estado de la Justicia.

Algunos aspectos positivos sobre el período analizado entre el 2013 e inicios del 2014, es la situación sostenida del crecimiento económico y la evolución de los indicadores sociales.

Sin embargo se registran dos tendencias negativas como son un altísimo nivel de desempleo que oscila entre el 8,3% y el 9% e igualmente, una alta desigualdad entre sectores de mayor y menor ingreso. Tendencia que viene desde hace varios años.

Se destacaron importantes logros en materia de ambiente como el incremento del 188% del área marina protegida, donde el país estaba en deuda, así como la recuperación de la cobertura forestal que llegó a un 52,4%. Sin embargo, el país pierde en imagen en materia de gestión ambiental, pues se coloca en el lugar 125, de 175 países en temas como manejo de aguas residuales.

Preocupante el déficit fiscal del país, que alcanza un 5,4% del PIB, mientras el país maneja un presupuesto nacional, donde el 95% del gasto es inflexible por mandato constitucional.

En materia de educación, la situación requiere mayor atención, frente a una población entre 15 y 24 años, de la cual el 22,9 % solo trabaja, un 12,9 ni estudio ni trabaja, un 12,8% trabaja y estudia y un 46% solo estudia. Estos datos concluyen que un 41% de los jóvenes están excluidos a nivel educativo y social de forma muy marcada.

En cuanto al empleo, uno de cada tres trabajadores no recibe el salario mínimo, cerca de 100 mil personas no tienen las garantías sociales y 30 mil no tienen ni salario mínimo ni garantías sociales.

El reto que marca la situación del país es el de propiciar acciones para incrementar la aceleración del índice de desarrollo humano.