Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia Auditorio Miguel Blanco Quirós 10 de marzo de 2015

La Convención de los derechos de los niños y de las niñas (1990), tiene ya casi 25 años de haber sido aprobada. Este instrumento internacional propició la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), ocho años después. Ambos instrumentos tuvieron la virtud de introducir en buena parte de la población, un cambio cultural importante. Subsistía la idea de que lo que pensaban o sentían las personas menores de edad no era jurídicamente importante; su destino era regido por lo que les definían sus progenitores; en los procesos judiciales sus declaraciones tenían poco reconocimiento; y en el plano social no eran relevantes las agresiones que sufrían, en su propio hogar, en la escuela o en su comunidad.

El movimiento en favor de los derechos de los niños y de las niñas, que quedó plasmado en esa normativa, nos obligó como sociedad a repensar en esta población; y como institución, a ajustar nuestra gestión al compromiso adquirido por el Estado Costarricense, de adoptar todas las medidas administrativas o legales necesarias para hacer efectivos los derechos previstos para esa población.

En el año 2010 aprobamos la Política Judicial dirigida al mejoramiento del acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. El Objetivo general de esa política es hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia para todas las personas menores de edad, eliminando cualquier tipo de discriminación, restricción o barrera que impida el ejercicio de sus derechos, a partir de una cultura judicial que desarrolle el paradigma de protección integral de la niñez y de la adolescencia. Esta política nos obliga a ser creativos y creativas para poder visualizar todas aquellas barreras que limpiden o limitan a las personas menores de edad, el acceso a los servicios de administración de justicia.

Con este norte nos hemos ocupado de acondicionar algunos espacios donde deben permanecer niñas o niños vinculados a un proceso judicial, a fin de disminuir sus niveles de stress y de temor; gestionamos la compra de cámaras de Gessel para evitarles la revictimización; se ha implementado y fortalecido el proceso de especialización de la materia penal juvenil para personas menores de edad infractoras de la ley penal; así como la especialización en pensiones alimentarias, donde la parte actora es mayormente una persona menor de edad.

Lamentablemente la acción del aparato judicial se genera, en la mayoría de los casos, cuando los niños, las niñas o las personas adolescentes han sufrido la violación o el ultraje a sus derechos. Las desgarradoras noticias de los últimos días, sobre la tortura y muerte de un niño de escasamente dos años, dentro de su propio hogar; las estadísticas penales sobre el ingreso de denuncias por violación o abusos deshonestos; el bulling en escuelas y colegios que llega a niveles insospechados de violencia y agresión física y psicológica; entre otros, reflejan que la protección estatal existente sigue siendo insuficiente y tardía, pues no tenemos conocimiento de la agresión que está sufriendo una persona sino hasta que se genera el desenlace fatal.

De acuerdo con datos suministrados por la Sección de Control y Evaluación del Departamento de Planificación, solo durante el 2013 ingresaron a las fiscalías penales juveniles y penales de adultos, un total de 5412 denuncias por delitos relacionados con abusos sexuales, corrupción, corrupción agravada relaciones sexuales; relaciones sexuales remuneradas y, la primera denuncia por seducción o encuentros por medios electrónicos, todos en perjuicio de personas menores de edad. Debo hacer la aclaración de que el total no contempla las denuncias por violación porque hasta la fecha esta información no estaba desagregada por edad de la víctima, aspecto en el que ya se está trabajando.

Por esa razón, en esta mañana me siento contenta de estar inaugurando la incorporación de la aplicación Empodérate, en la APP del Poder Judicial para teléfonos celulares.

Pienso que esta será una herramienta efectiva para posibilitarles a las niñas, niños y adolescentes la denuncia judicial de las violaciones a sus derechos; pero más que ello, la llamada de auxilio con la que puedan impedir la agresión o la afectación. Pienso en esta aplicación y pienso que mis nietas tienen ahora un instrumento para su defensa personal, para conocer de sus derechos, para orientarlas hacia los lugares donde pueden encontrar ayuda; y puedan acceder al servicio de emergencias 911. Con esta aplicación una buena parte de las personas menores de edad serán menos vulnerables, porque la mayoría cuenta con habilidades y posibilidades de manejar este tipo de tecnología.

Mi reconocimiento a la magistrada Doris Arias que ha liderado este proyecto en la institución; a la UNICEF, por el apoyo y la colaboración brindados; así como a la SUTEL, al Ministerio de Educación Pública, al Organismo de Investigación Judicial y a las demás instancias que han hecho posible la concreción de esta idea, para que juntos y juntas enfrentemos la agresión y el maltrato infantil y adolescente.

Muchas gracias!!