La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional es una garantía constitucional dispuesta en favor de la población. Por su medio se garantiza que los jueces y las juezas deban resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, con apego a las disposiciones legales y la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso. Con ello se descarta la arbitrariedad o el sometimiento a intereses externos, vicios nada convenientes para un sistema democrático. La independencia no significa que no sean responsables de su actuar.

 El Poder Judicial ejerce un régimen disciplinario sobre todo su personal, por la comisión de errores graves y groseros o cualquier otra falta de las establecidas en la ley. 

 El año anterior se inició un proceso de reforzamiento de la Inspección Judicial, reestructurando su proceso de gestión, y la elaboración de los perfiles de selección de su personal. Se busca mejorar la eficiencia y efectividad de las funciones correspondientes a ese importante órgano institucional encargado, junto con la Corte Plena, el Consejo Superior y las jefaturas de los despachos, de aplicar el régimen disciplinario institucional, como garantía de legalidad de la gestión judicial.

 RETRASO JUDICIAL: El retraso judicial es uno de los ejes respecto de los cuales la institución ha orientado su gestión desde hace varios años. Para su abordaje debemos reconocer que la demanda de servicios judiciales es significativa. 

 En los últimos cinco años, a nivel nacional se recibieron más de 3.300.000 casos nuevos, un ingreso cercano a los 622.000 asuntos por año que genera un circulante superior a 890.000 expedientes en trámite. En materia penal, el número de causas ingresadas de octubre 2013 a setiembre 2014 fue de 182.722, aproximadamente 16.611 causas penales por mes. En la jurisdicción de cobro se registró un ingreso de 148.503 demandas y en pensiones alimentarias se presentaron 38.696 casos nuevos en todo el país; un promedio de 3.518 por mes. En violencia doméstica ingresaron 47.890 denuncias, aproximadamente 3.986 por mes. Durante este mismo periodo, en materia laboral se recibieron en primera instancia 30.832 demandas; y la Sala Constitucional registró un ingreso de 19.517 asuntos, en su mayoría recursos de amparo.

 La justicia pronta y cumplida es nuestro norte; la aspiración hacia la que destinamos la mayor parte de nuestros esfuerzos. En febrero de 2014 la Corte Plena aprobó el Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño. El mecanismo ideado funciona sobre la base de perfiles por competencias, donde convergen tres factores: rendimiento o cumplimiento de metas; compromiso y valores; y aptitudes personales. Estos son los aspectos a evaluar.

 Con base en el Reglamento se emprendieron las acciones necesarias para la instauración del sistema; y para fortalecerlo se impulsa un proyecto de ley. Las evaluaciones se aplicarán a todos los ámbitos y despachos de la administración de justicia.

 El Poder Judicial no se detiene en la búsqueda de soluciones para responder adecuadamente a las demandas de la sociedad y a las necesidades específicas de los sectores que la integran. Los recursos que se destinan a la administración de justicia atienden áreas sensibles de la sociedad como el derecho a alimentos (pensiones alimentarias), el respecto a derechos fundamentales (jurisdicción constitucional y laboral), la equidad y el respeto en las relaciones familiares (violencia doméstica), y la capacidad de pago o endeudamiento de las personas (cobros). Por eso, la inversión en justicia es una garantía para una convivencia pacífica y para el desarrollo económico y social del país.
 
*Presidenta Corte Suprema de Justicia