Zarela Villanueva  Monge                           Presidenta, Corte Suprema Justicia 6 de marzo, 2015

Comparezco a esta sesión solemne a inaugurar formalmente el año judicial 2015, una tradición de rendición de cuentas y transparencia de hace más de 20 años. El acto es una oportunidad para informar a la ciudadanía, a los poderes del Estado y a la comunidad internacional sobre la situación de la administración de justicia costarricense y los esfuerzos emprendidos durante el último año para fortalecer nuestra función fundamental.  También lo es para reconocer con honestidad nuestros aciertos y deficiencias   y exponer las proyecciones estratégicas en las que se trabaja.

Nuestra obligación constitucional es administrar  justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, garantizando la calidad en la prestación de los servicios a todas las personas usuarias, sin discriminación. Esta es nuestra aspiración, el norte de nuestras acciones e iniciamos reconociendo que aún hay un largo camino por recorrer para alcanzar las metas propuestas.

Este informe nos permite analizar lo que se hizo el año anterior y los avances logrados en la búsqueda de una justicia moderna, más eficiente y accesible, proceso que iniciamos hace varias décadas.

Contexto en el que se desarrolla la Administración de justicia

El entorno en el que se desenvuelve la administración de justicia hoy, es complejo: Costa Rica presenta uno de los índices más altos de litigiosidad en la región, que obliga al país a tener un aparato judicial de gran magnitud para satisfacer el servicio. El aumento sostenido en la violencia social de las últimas décadas ha obligado a destinar casi un 65% de los recursos a las materias Penal, Penal Juvenil y Violencia Doméstica, así como a los órganos auxiliares relacionados con estas áreas: el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial.

En los últimos cinco años se recibieron más de  3.300.000 casos nuevos en los distintos despachos judiciales a nivel nacional, un ingreso cercano a los 622.000 asuntos por año que genera un circulante superior a 890.000 expedientes en trámite.

En materia penal, el número de causas ingresadas de octubre 2013 a setiembre 2014 fue de 182.722, aproximadamente 15.226 causas penales por mes.

En la jurisdicción de cobro se registró un ingreso de 148.503 demandas y en pensiones alimentarias se presentaron 38.696  casos nuevos en todo el país; un promedio de 3.224  por mes.

En violencia doméstica ingresaron 47.840 denuncias,  aproximadamente 3.986 por mes.

Durante este mismo periodo, en materia laboral se recibieron en primera instancia 30.832 demandas; y la Sala Constitucional registró un ingreso de 19.523 asuntos, en su mayoría recursos de amparo.

He señalado la materia penal, la de violencia doméstica, la laboral, la de cobro, la de pensiones alimentarias y la constitucional, por ser áreas vinculadas a la seguridad ciudadana, al índice de empleo, a la capacidad de endeudamiento de las personas, al cumplimiento de responsabilidades familiares y al reclamo por derechos fundamentales no satisfechos; que representan el mayor impacto en la demanda de nuestros servicios.

El sistema de administración de justicia se presenta como el mecanismo al que acude la población para satisfacer sus demandas y rescatar la nación a la que históricamente hemos aspirado: un país donde se respeta la dignidad y los derechos fundamentales; las garantías laborales; la equidad en las relaciones  familiares; y la garantía del debido proceso para todas las personas.

Con compromiso y claridad en nuestra función, hemos destinado  recursos para garantizar el acceso equitativo de todas las personas a los servicios;  y preservar la democracia. Por eso, la administración de justicia debe ser parte de las estrategias de desarrollo. No es posible  concebir un plan de concertación nacional que deje al margen el sistema de administración de justicia, único capaz de equilibrar los conflictos.

I.-  ACCIONES PARA LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD.

Me referiré a algunas acciones concretas realizadas con la finalidad de lograr mayor eficiencia y efectividad.

SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para impulsar una cultura institucional consciente de la obligación que tenemos, como funcionarios y funcionarias, de responder ante el país por la inversión realizada en talento humano, iniciamos un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias laborales; para todos los ámbitos de la institución.  En febrero de 2014,  la Corte Plena aprobó un reglamento de evaluación del desempeño, con base en el cual se emprendieron las acciones necesarias para la instauración del sistema; y para fortalecerlo se impulsa un proyecto de ley.

Cuando se habla de evaluación del desempeño no puede pensarse en un simple examen o cuestionario. El mecanismo ideado funciona sobre la base de perfiles por competencias, donde convergen tres factores: rendimiento o cumplimiento de metas; compromiso y valores; y aptitudes personales.  Estos son los aspectos a evaluar. Se trabaja en el desarrollo de un proyecto piloto para validar la propuesta metodológica del modelo, el cual tiene un avance importante en la definición de puestos del Ministerio Público,  del Organismo de Investigación Judicial y de una gran parte del ámbito administrativo alcanzando casi un 70% de los puestos estudiados, con perfil definido. El reto es establecer los parámetros de evaluación para quienes administran justicia.

CENTRO DE APOYO, COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

En la misma línea de implementar acciones para generar un mejor desempeño se aprobó la creación de un Centro para el apoyo, coordinación, mejora y seguimiento a la gestión de los despachos jurisdiccionales de todo el país, cuyo funcionamiento iniciará a finales del primer semestre de este año. Su creación no requirió plazas nuevas. Se logró  a través de una reorganización de puestos existentes.
 
El Centro supervisará y ayudará a reducir los circulantes de las distintas oficinas judiciales,  brindándoles el apoyo que  requieran, cuando existan retrasos.

Hasta su creación no existía en el Poder Judicial una dependencia que realizara esta importante función, lo que ha dificultado a la administración superior la coordinación y la gestión uniforme de  los despachos.

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

Se conformó una Dirección Jurídica Institucional, unificando en un solo despacho, las distintas asesorías jurídicas que se encontraban disgregadas en la institución.  Hoy se cuenta con un órgano de asesoría técnica que brinda criterios y estudios jurídicos a las distintas oficinas que lo requieran.  También coordinará con otras dependencias la posición y defensa de los intereses institucionales.

REORGANIZACIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES.

En el plano operativo, para identificar las acciones que generan atrasos o ineficiencia en los despachos judiciales, el Programa de Gestión Integral de la Calidad (GICA-Justicia), Moderna Gestión y el Departamento de Planificación, han trabajado en el rediseño, reestructuración y acreditación de la calidad del servicio de varias oficinas judiciales.  Se rescató la experiencia de estos equipos de trabajo para el rediseño de despachos judiciales, unificándose sus objetivos y coordinando su labor.

 Su intervención condujo al rediseño e implantación del modelo oral-electrónico del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos); la reestructuración de la Inspección Judicial; el rediseño de los juzgados cobratorios del I° y II° circuito judicial de San José;  la apertura de un tercer juzgado especializado de cobro en el I Circuito Judicial de esta provincia; y la eliminación de la jornada vespertina del Juzgado de Cobro del Estado.

Para atender la demanda, en Pensiones Alimentarias, se continuó la consolidación de despachos orales-electrónicos, con 9 juzgados de los 12 que están previstos.  Este modelo dimensiona la conciliación y ha reducido significativamente los plazos para la fijación de las pensiones alimentarias provisionales y definitivas. También permite la tramitación en línea de las solicitudes de apremio,  la realización de depósitos y la consulta  por parte de la policía administrativa, antes de la ejecución de un apremio.

La alta demanda de servicios en materia de cobros propició la especialización  de 17 juzgados en esta materia, en todo el país.

Se ha continuado la expansión sostenida del Programa de Flagrancia a nivel nacional; y en el I y II Circuito Judicial de San José se ofrece un servicio ininterrumpido, todos los días del año, a pesar de las limitaciones presupuestarias. Estos son tribunales que tienen un rendimiento y un porcentaje de aplicación de soluciones alternas, superior al de los tribunales ordinarios.

En materia Penal Juvenil se logró implementar y fortalecer el proceso de especialización de siete Juzgados Penales Juveniles, en diversas provincias.

II.- MEJORA EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

En materia de acceso a la justicia, continuamos con la tarea de  identificar las necesidades de personas que por razones específicas tienen mayor dificultad en el ejercicio efectivo de ese derecho. Para mejorar la atención de estas poblaciones se han conformado comisiones, subcomisiones, programas  e instancias técnicas de apoyo, trabajo al que también se une la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia; la mayoría de ellas lideradas por magistrados o magistradas de esta Corte; e integradas por personas con gran compromiso.

En su funcionamiento radica  gran parte del avance que tenemos en  acceso a la justicia de las poblaciones en condición vulnerable. Su gestión ha sido fundamental en materia de formación, sensibilización y capacitación del personal, suscripción de convenios interinstitucionales y  proyectos directos con la comunidad; todos con el objetivo de acercar los servicios a las personas usuarias y ofrecer un servicio humanizado. El apoyo de la Escuela Judicial a estos proyectos, ha sido estratégico.

El detalle de las acciones realizadas se incluye en el disco compacto que se ha distribuido.
De manera especial menciono la importante participación de la Defensa Pública en la introducción de la perspectiva de género en una ley para el combate del narcotráfico, que posibilitó a mujeres vinculadas con tráfico de drogas, cumplir sus penas fuera de prisión.  Igualmente importante fue su participación en la promulgación de la  ley  de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal; y en el acompañamiento que brinda a la parte actora, en los procesos de pensiones alimentarias.

III.-  EQUIDAD TECNOLÓGICA

En el campo tecnológico y con el objeto de mejorar la gestión, la institución ha asumido sus propios riesgos, a pesar de la carencia de una política nacional en este tema.
El Comité Gerencial de Informática y la Dirección de Tecnología de la Información han trabajado para dar sostenibilidad a los sistemas; se han superado las dificultades técnicas que ocasionaron la suspensión de  servicios y se cuenta  con  insumos para la formulación de una política institucional en materia de tecnología de la información que contempla la planificación y la prevención.

La plataforma tecnológica ha sido reforzada mediante el cambio de los servidores de las sedes regionales y de aproximadamente el 90% de los servidores de la Dirección de Tecnología.  Se sustituyeron 5040 computadoras en todo el país.

Hoy existen 339 despachos electrónicos y 91, con el Sistema de Gestión, que representan un 62% de las 710 oficinas judiciales existentes. Realizamos esfuerzos para que en los próximos 3 años  se logre la equidad tecnológica a nivel nacional.

La tecnología y el rediseño de procesos, se aplican  a circuitos judiciales  completos, no ha despachos aislados, para asegurar  un mayor impacto de sus beneficios.

IV.-  GOBIERNO JUDICIAL ABIERTO

En la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada en Londres, en el 2013, el Poder Judicial se comprometió con la aprobación de una “Política de Gobierno Abierto para el Poder Judicial”.

Esta iniciativa es parte de un movimiento internacional que busca herramientas para enfrentar la corrupción en la Administración Pública.  Se sustenta en tres pilares: la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración mediante alianzas estratégicas. Para cumplir este objetivo, hemos contado con la cooperación internacional en la mejora de los sistemas informáticos.

Destaco en este ámbito,  como parte de las acciones para fortalecer al Poder Judicial frente a las redes de corrupción,   la labor de la Comisión institucional conformada para analizar este tema.  Esta comisión concluyó que no existe ninguna instancia judicial que haya sido tomada por la corrupción o el narcotráfico; y propuso acciones de prevención frente a posibles amenazas.

Se ordenaron y ejecutaron mejoras en la Inspección Judicial; se trabajó en un proyecto de reforma al capítulo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el régimen disciplinario;  se aprobó la propuesta de creación de una Jurisdicción Centralizada contra el Narcotráfico y Crimen Organizado; se dictaron medidas para reforzar el sistema de reclutamiento y selección del personal judicial; y el fortalecimiento de los valores institucionales.

Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y rendición de cuentas son obligaciones constitucionales de la función pública que el Poder Judicial viene atendiendo. La tecnología es la herramienta estratégica en este tema, porque permite transparentar lo que hacemos,  cómo lo hacemos y la forma en que invertimos nuestros recursos.

Como parte de la transparencia institucional, en los próximos meses se conocerá el primer informe del “Estado de la justicia”, el cual impulsamos de manera conjunta con el Estado de la Nación. Tenemos la convicción de que la observación externa, técnica y objetiva, de la labor del Poder Judicial, nos dará herramientas para mejorar.

Con esta visión la institución tiene la disposición y ha invertido recursos  para  adaptarse al sistema nacional único  de compras  del Estado. Detuvimos nuestro avance  esperando  la fijación de  la  política nacional definitiva.

Participación ciudadana

Se continúa con el impulso a la participación ciudadana,  mediante proyectos que involucran a  personas usuarias en la gestión de los servicios.
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) ha desarrollado una vasta experiencia en este tema, donde  destaca el Servicio Nacional de facilitadores y facilitadoras judiciales, extendido a varias regiones del país y que ya cuenta con más de 201 personas colaboradoras.
El programa de justicia restaurativa también es un proyecto que va de  la mano con la comunidad, integrando más de doscientas organizaciones en la red de apoyo; y propiciando el servicio comunitario.

Durante este año 2015, el Circuito Judicial de Cartago será objeto de un rediseño general como circuito electrónico. Aprovecharemos para implantar ahí el primer plan piloto del modelo de gobierno judicial abierto.

V.- LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

En el ranking de independencia judicial para América Latina 2013-2014, Costa Rica se ubicó en tercer lugar, superado únicamente por Uruguay y Chile. La independencia sigue siendo bastión fundamental sobre el que descansa esta institución y el sistema democrático costarricense.

Los jueces y las juezas somos funcionarios y funcionarias públicas con absoluto respeto a la constitución y a la ley; lo que nos impide actuar con criterios subjetivos. Como jueces y juezas de derecho tenemos la obligación de someternos a la actividad probatoria o procesal que las partes hayan desplegado dentro del proceso.

Discutir la legalidad o no de un fallo judicial en otras vías es deslegitimar a una institución que constituye un  baluarte para la paz social, el desarrollo humano y la institucionalidad democrática.
Por supuesto, ello no descarta el ejercicio de la potestad disciplinaria cuando se incurre en  errores graves y groseros; o en las otras faltas tipificadas en  la ley. Toda persona funcionaria pública está sujeta a la legalidad, a ajustar su actuar a los límites que le impone la ley; y debe rendir cuentas de sus actuaciones, conforme a los procedimientos establecidos legalmente para esos efectos.

VI.- JUSTICIA: UN ASUNTO DE TODOS Y DE TODAS

La justicia es un asunto que nos concierne a todos y a todas.

Estamos pendientes de las recomendaciones realizadas por el Estado de la Nación.  Seguiremos en la línea de procurar un mayor acceso a los servicios, la simplificación de los procesos judiciales, nuevos mecanismos como la resolución alterna de conflictos, la justicia restaurativa, la conciliación, la oralidad, la gestión electrónica, la gestión integral de calidad, las alianzas o convenios interinstitucionales, en fin, las herramientas que nos permitan propiciar la mejora en los servicios que ofrece nuestra institución.  También reconocemos la necesidad de agilizar los procesos internos en la  toma de las decisiones necesarias para las reformas del aparato judicial.

La tarea de construir una sociedad más justa, más equitativa, más transparente, en la que se utilicen eficientemente los recursos y prevalezcan la ética y los valores como barreras contra la corrupción es una responsabilidad de todos los Poderes de la República, de las instituciones, su personal y de la sociedad en general.

Para lograr ese objetivo, comparto con los jerarcas de los otros Poderes reunidos hoy aquí, la necesidad de mejorar los canales de comunicación y coordinación, en un marco de respeto a las funciones constitucionales.

Los recursos asignados a la justicia no son un gasto, sino una inversión necesaria para la permanencia de una sociedad pacífica; y para  el desarrollo social y económico del país. 
 
Somos conscientes de la situación financiera que se enfrenta desde hace varios años. La elaboración del presupuesto institucional  se  realiza como un proceso técnico, con participación de todas las instancias involucradas y con el convencimiento de que los recursos públicos deben ser bien utilizados y aprovechados. Cada oficina judicial, cada circuito jurisdiccional,  todos los órganos auxiliares proponen su presupuesto, siguiendo los lineamientos  de austeridad fijados por la Corte Plena. Este proceso descarta la improvisación  y genera un alto nivel de ejecución presupuestaria. Durante el periodo 2014  fue de un 98.25%.

No puedo dejar de mencionar  la importancia que tiene para la institución, el avance de  proyectos de ley que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa: el Código Procesal Agrario,  el Código Procesal  Civil y el Procesal de Familia.  

De particular relevancia es el proyecto de reforma al régimen de pensiones promovido por la institución.  Fue un proyecto consensuado con representantes de las asociaciones, para fortalecer un régimen con 75 años de existencia; previsto como garantía de permanencia e independencia de quienes se dedican por completo, y de manera exclusiva a la función judicial.

A lo interno, insto a todas las personas que laboran  en esta institución a trabajar bajo una misma bandera, que nos fortalezca en la defensa de este régimen.

Antes de  concluir, felicito a las personas  ganadoras de los reconocimientos “Luis Paulino Mora Mora al buen profesional” (señora Marta Asch Corrales),  “Ulises Odio Santos a la mejor publicación” (juez Gustavo Jiménez Madrigal); “Fernando Coto Albán al buen juez o jueza” ( juez Francisco Sánchez Fallas); y “Miguel Blanco Quirós al buen servidor o servidora judicial” (señor Armando Rivera Salas). Un saludo muy especial para ustedes y para sus familias. Son un ejemplo a seguir para toda la familia judicial.

También expreso mi felicitación a las personas integrantes de los despachos que reciben la acreditación o reconocimientos por la implantación del sistema de Gestión de la Calidad GICA-Justicia; lo que evidencia su compromiso con la mejora en los servicios.

Finalmente, quiero reafirmar que las puertas de la justicia costarricense están abiertas para todas las personas, sin discriminación.

Mi reconocimiento a las señoras Magistradas y a los señores Magistrados por su aporte a la administración de justicia con sus iniciativas y su liderazgo en comisiones y proyectos específicos, así como por su trabajo en las distintas Salas de la Corte que integran.

Durante este año 2014 la Sala Constitucional celebró sus 25 años de existencia y fue una valiosa oportunidad para reconocer la capacidad de respuesta y el nivel resolutivo que ha llegado a tener esa Sala, a pesar del gran volumen de asuntos que ingresan.

Mi reconocimiento a las señoras y señores integrantes del Consejo Superior, en quienes destaco un trabajo disciplinado, serio y comprometido con la tarea de ejecutar las políticas institucionales, sin distingo de ninguna clase, tarea  nada fácil.

 A las jefaturas y al personal del Ministerio Público, de la Defensa Pública, del Organismo de Investigación Judicial;  jueces y juezas de todo el país, personal administrativo; y en general, a las  11.900 personas que laboran en esta institución.  Sin su mística, compromiso y lealtad no sería posible el logro de los objetivos institucionales.

Al inaugurar el año judicial 2015 les insto a continuar con su esfuerzo, a no decaer ante la adversidad ni ante la dificultad que exista al avanzar; a seguir en la senda de los valores institucionales que compartimos.

Enfrentamos un momento crucial del desarrollo del aparato judicial, en el que se plantean –como nunca antes- posibilidades inéditas de información, acceso y participación ciudadana que potencian la conciencia en la población, sobre los deberes y exigencias en la prestación de un servicio público,  obligándonos  a una mejora decidida.
 
Veo con optimismo los avances obtenidos a pesar de los retos que enfrentamos.

Hemos  puesto  a discusión y definido, situaciones  cuya solución se postergaba,  en construcción, en lo tecnológico,  en evaluación del desempeño, en  la  gestión del despacho judicial, en un contexto   de cambio  externo  e interno, donde los acuerdos  no son fáciles.

Ha llegado el momento  de  someter a análisis de la Corte  Plena, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de la Carrera Judicial  que se han venido  discutiendo hace bastante tiempo, y sobre las cuales se trabajó  en la Presidencia el último año, para  recopilarlas y ordenarlas.  Espero que en los próximos meses pueda  realizarse un análisis cuidadoso y tranquilo sobre ellas.

Reafirmo  la voluntad decidida de que este Poder de la República siga siendo un abanderado de la independencia, un referente de la democracia; y avance en  la mejora  de los servicios construyendo una sociedad en la que el desarrollo y el disfrute de los derechos fundamentales  sean accesibles para todas las personas.

Parafraseando a Eleanor Roosevelt, una gran luchadora por los derechos humanos, deseo concluir afirmando que: “No basta con hablar de la justicia. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”.

Muchas gracias.