Los datos estadísticos fueron presentados por la defensora pública Diana Montero Montero.

La Comisión Interinstitucional de alto nivel sobre hacinamiento carcelario realizó el pasado 26 de enero la primera reunión del año, en donde se analizó un informe sobre dicha problemática.

La información fue presentada por la defensora pública Diana Montero Montero, quien reveló datos del Ministerio de Justicia, al 1 de diciembre del 2014.

El informe mostró que de un total de 13.879 de población penitenciaria, 692 son mujeres, 70 personas indígenas, 1907 son extranjeros, 2999 indiciados, 1.416 sentenciados, 128 son personas sentenciados e indiciadas, 327 por pensión alimentaria y 22 corresponden a internamientos. En el tema de penal juvenil los datos destacan un total de 891 personas detenidas en un centro penitenciario.

Para la magistrada Magda Pereira Villalobos, coordinadora de la Comisión interinstitucional de alto nivel sobre hacinamiento carcelario, “… los datos reflejan tres aspectos medulares de discusión para la Comisión como son el nivel de sobrepoblación, la gran cantidad de personas indiciadas guardando prisión preventiva y la cantidad de personas extranjeras que están privadas de libertad en nuestro país”.

Por otra parte la magistrada Doris Arias Madrigal, Coordinadora del Programa Justicia Restaurativa en materia Penal Juvenil, presentó un informe reciente sobre las acciones y esfuerzos de dicho programa, así como los beneficios que se han realizado a favor de las personas menores de edad a través de las redes de apoyo. En su intervención la magistrada Arias resaltó que la última opinión consultiva No. 21-2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada en noviembre del 2014, el Poder Judicial de Costa Rica alcanzó una posición muy positiva en el tema de Justicia Restaurativa.
Este esfuerzo mencionado por la magistrada fue reconocido por la Comisión, por representar una acción positiva y de alto impacto para este tipo de población.

También se resaltó como una buena práctica, el informe rendido por el Lic. Alejandro Rojas Aguilar, Subdirector de la Defensa Pública sobre la gestión realizada por la Defensa Pública de Pérez Zeledón, con el fin de disminuir el hacinamiento en el módulo de indiciados del Centro Penal de esa localidad, en el que se reconoció el compromiso y actitud positiva con el tema por parte de funcionarios de Adaptación Social y la jueza penal de dicha zona.

Al respecto el Magistrado José Manuel Arroyo en su condición de Vice-Presidente de la Corte, manifestó su satisfacción por la forma en que se abordó el tema del hacinamiento de dicho centro y resaltó la disposición y voluntad política de todos los actores que participaron en la resolución del problema.

En la actividad además participaron la Magistrada Carmen María Escoto Fernández, la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante; así como representantes de diferentes instituciones gubernamentales como Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio de Salud, Asesores (as) de Diputados y Diputadas, integrantes de las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Planificación, ILANUD, Ministerio de Educación Pública, Adaptación Social, y Centro de Atención de Personas con Enfermedad en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) y Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, Defensores y Defensoras de Ejecución de la Pena.

Este encuentro se realizó la mañana del lunes 26 de enero en el Salón Multiusos de la Corte Suprema de Justicia y fue coordinado por la Comisión de Acceso a la Justicia, la Subcomisión de Personas Privadas de Libertad y la Dirección de la Defensa Pública.