Mag. Carmen María Escoto Fernández Coordinadora, Comisión Acceso a la Justicia 10 diciembre 2014

En 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 423 V, invitó a los Estados miembros y a las organizaciones interesadas, a adoptar el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos, conmemorando así la proclamación de la Carta Magna del Derecho Internacional: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e instando a redoblar esfuerzos para avanzar en el respeto de estos derechos.

Con la proclamación de la Declaración Universal, la ONU buscó sentar las bases para el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todos los Estados, tratando de sanar las heridas dejadas por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de personas padecieron crueldades injustificables.

Los derechos consagrados en la Declaración Universal, tienen carácter de derecho internacional consuetudinario, por estar aceptadas por los Estados, e incluso citados en las constituciones y leyes fundamentales de algunos países. Es ésta Declaración el punto de partida de muchos tratados internacionales de protección de derechos humanos de diversos colectivos, que consagran normas concretas relativas a la niñez, la mujer, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los pueblos indígenas y otros grupos en condición de vulnerabilidad, con la intención de protegerles de las prácticas discriminatorias presentes a lo largo de la historia.

Para que nosotros (as), como institución, aportemos al cumplimiento de los derechos consagrados en la Declaración Universal, tenemos que trabajar en la construcción de sujetos de derechos, es decir, promover que aquellas personas hacia quienes van dirigidas las normas, se apropien del poder que les otorga estos derechos, y los ejerzan. Por ello, el trabajo que realiza el Poder Judicial de nuestro país en materia de difusión de derechos, a través de varios proyectos de formación y capacitación de personas usuarias de diversos grupos en condición de vulnerabilidad (personas adultas mayores, personas migrantes, personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas con discapacidad, etc.) es vital para convertir a los usuarios y usuarias de nuestro servicios en protagonistas y no en meros espectadores.

De forma simultanea, debemos continuar con la sensibilización y concienciación de todo el personal judicial buscando un cambio a favor del respeto, y promoción de la diversidad humana, garantizando así el derecho humano al acceso a la justicia sin discriminación para todas y todos.

No debemos olvidar que conviven en nuestra sociedad grupos que enfrentan múltiples formas de vulnerabilidad y, que, en la práctica diaria, el derecho al acceso a la justicia no es el mismo para estos sectores marginados y excluidos. Un ejemplo latente es el caso de las mujeres, quienes por mucho tiempo experimentaron las dificultades de alcanzar una efectiva tutela de sus derechos.

Las mujeres víctimas de la violencia, por ejemplo, que sufieron la deficiencia de las investigaciones en casos de violencia de género, porque nuestra sociedad no consideró las agresiones hacia ellas como formas de violencia sino como asuntos del ámbito “privado”, y esto trajo consigo que en la adminsitración de justicia no se tramitaran estos procesos, y no se juzgara a sus perpetradores, generando la perpetuidad de los patrones socioculturales del patriarcado.

Por ello, La Comisión de Acceso a la Justicia, con el apoyo de la Unidad de Acceso a la Justicia quisiero realizar la conmemoración de este importante día con la película “Las Hermanas de la Magdalena”, que retrata muy claramente varias formas de violencia que las mujeres debieron tolerar; y aunque es una película dura y dolorosa, como administradores (as) de justicia debemos conocer la realidad que ha golpeado a esta población, con el fin de enteder sus luchas y las medidas afirmativas que actualmente existen para garantizar la erradicación de todas las formas de violencia contra esta población.

Muchas gracias!