Equipo de Trabajo de la Unidad de Capacitación y Supervisión de la Defensa Pública. De pie, Ana Karen Arias, Damaris Cruz, Marilyn Rivera, Derek Granados; sentados Yanela Álvarez; Marta Iris Muñoz (Directora de la Defensa Pública); Adriana Gómez; Juan Carlos Morales.

Una ambiciosa propuesta de capacitación es la que ofrecerá la Defensa Pública este 2015. Se desarrollarán actividades académicas en todas las materias que se atienden, dando mayor énfasis a la materia penal de adultos, pues esta sigue siendo la que mayor trabajo genera en esta institución. La tecnología será una herramienta vital.

“Consideramos que es primordial contar con defensoras y defensores públicos que estén actualizados y a través de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública hemos logrado implementar una capacitación transversal, lo que ha implicado que para este año el énfasis de la formación académica esté en la materia penal de adultos”, detalló Marta Iris Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública.

La jerarca explicó que la agenda es muy amplia frente a las materias que atiende la Defensa Pública como lo son: pensiones alimentarias, disciplinaria, penal, penal juvenil, ejecución penal, agraria, contravenciones, flagrancia, justicia restaurativa, programas de tratamiento en drogas bajo supervisión judicial, familia y están a la expectativa de la materia laboral.

Con un Plan de Capacitación bien estructurado, se definieron cinco grandes programas de trabajo que responden al contenido económico y de recursos humanos que representa para la institución, así lo explicó el Coordinador a.i. de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, Juan Carlos Morales Jiménez.

Dentro del Proceso de Selección y Reclutamiento, dirigido a defensores y defensoras públicas se contemplan cursos de nivelación, práctica supervisada y evaluaciones orales y escritas.

El Programa de Formación Inicial profundizará en las competencias y labor de la Defensa, así como el desarrollo de temas administrativos, con el objeto de conocer el fundamento del sistema democrático en el que se contextualiza la institución, las funciones y su aplicación sensible frente a las políticas institucionales aprobadas por el Poder Judicial.

En el Programa de Actualización se procura que las defensoras y defensores públicos manejen los conceptos más recientes sobre políticas institucionales, principalmente en temas como personas migrantes y refugiadas, justicia restaurativa, ética y valores.

El personal administrativo también recibe capacitación dentro del proceso de actualización y para este año está por finalizarse la segunda generación en formación y se espera a mediados de año, iniciar con la tercera generación. Las personas participantes llevarán cursos sobre herramientas informáticas, generalidades de la función administrativa de la Defensa, gestión de calidad y aspectos técnicos para la atención de las personas usuarias, entre otros.

La actualización tiene programado para la Unidad de Investigación un curso de refrescamiento sobre el manejo de armas de fuego. Las personas asistentes jurídicas recibirán capacitación con énfasis en el área penal y en temas puntuales como concursos, prescripción, imputación objetiva e inducción en el área penal juvenil.

“El Programa de Especialización tiene como público meta a las defensoras y los defensores públicos. Esta especialización se divide en ciclos y cursos autónomos y se espera que se abarque a una población aproximada a las 100 personas. No solo vamos a ahondar en aspectos técnicos, sino también en la aplicación de criterios de sensibilización hacia las poblaciones en condición de vulnerabilidad y en especial sobre el resguardo de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad”, puntualizó Morales Jiménez.

De esta manera, en el caso de la especialización penal se abarcarán temas diversos como la atención en indagatoria, el tratamiento de los delitos funcionales, criterios para la defensa civil de personas imputadas, las medidas cautelares, crimen organizado, sistema interamericano de derechos humanos, entre otros.

Se cuenta con una propuesta en penal juvenil enfocado a la implementación de redes de apoyo interinstitucional. La especialización en ejecución de la pena y privación de libertad, profundizará en el monitoreo de los derechos humanos en los centros penitenciarios, como garantía de acceso a la justicia. También se contará con una especialización en penalización contra la violencia contra la mujer fundamentalmente en temas como el proceso abreviado y la imputabilidad disminuida. Y la especialización en pensiones alimentarias se dirigirá a la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y las implicaciones que tendría el Código Procesal de Familia.

El proceso de especialización también abarca a la jurisdicción agraria, que se abordará desde la perspectiva de los derechos humanos y, por otro lado a la disciplinaria, en la que se analizará la jurisprudencia contenciosa administrativa y su relación con estos procesos. En cuanto a la jurisdicción laboral, actualmente se cuenta con un plan piloto en el II Circuito Judicial de San José, además se trabajará con el tema de la valoración de la prueba y se está a la espera de que se defina la situación de la vigencia del nuevo Código Procesal Laboral para determinar si se amplía la propuesta académica en esta materia.

El Plan de Capacitación propone el uso de metodologías alternativas, en “busca de ahorrar recursos y ampliar la cobertura geográfica de la capacitación, de modo que se reforzará el uso de recursos tecnológicos vigentes como lo son las videoconferencias, así como también aumentarán los cursos regionales. Se estima que en cada ciclo de videoconferencias participen alrededor de 40 personas, pues se coordina con las administraciones regionales que cuentan con sistemas instalados para realizar las conexiones”, explicó el Coordinador a.i de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública.

Sobre los ciclos de videoconferencias se programaron cuatro, que desarrollarán tres videoconferencias cada uno, cuyo tema prioritario será la materia penal. Los temas a impartir versan sobre la revisión integral de la sentencia, los estándares de prueba, las políticas institucionales y el abordaje de temas como la discapacidad psicosocial, la justicia para personas indígenas y el programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.

Otros temas que se estudiarán son las medidas cautelares, las reformas legales sobre medios electrónicos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En cuanto a los cursos regionales a impartir, se definió abarcar prioritariamente las zonas de Santa Cruz, Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón y Pococí.