El abordaje de la criminalidad que enfrentamos como país requiere el compromiso de toda la ciudadanía –para denunciar y atestiguar–, con la colaboración y coordinación de las instituciones públicas competentes en sus diversos campos.

El Poder Judicial, desde el año 2011, venía analizando la oportunidad y conveniencia de conformar una jurisdicción penal especializada en narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, la detención de una persona juzgadora en Limón por supuestos actos de corrupción relacionados con este tema hizo ver la necesidad de abordar, de manera inmediata, el fortalecimiento de la institución frente a la criminalidad organizada.

Con ese fin, la Corte Plena conformó una comisión investigadora, integrada por la presidenta de la Corte, el vicepresidente, los presidentes de las salas de la Corte, el fiscal general y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Luego de varias sesiones de trabajo, esa comisión concluyó que no existen áreas institucionales o despachos penetrados por el narcotráfico o la delincuencia organizada, y que los casos evidenciados son aislados. Sin embargo, para fortalecer la institución y a su personal en las áreas más vulnerables, planteó varias propuestas que fueron aprobadas por la Corte Plena en la sesión del pasado 24 de noviembre. Entre los acuerdos, se destacan los siguientes:

Circuito Judicial de la zona atlántica. Se adoptaron acuerdos concretos para mejorar el ambiente laboral del Tribunal Penal y propiciar nombramientos en ciertos puestos ocupados por personal interino. Se abrieron causas disciplinarias contra algunos funcionarios de ese circuito judicial, y se aprobó la creación en forma ordinaria, a partir de enero del 2015, de la plaza de subjefatura para la delegación regional del OIJ en Limón.

Selección de personal. El proceso de reclutamiento y selección de personal idóneo es fundamental para cualquier organización. Por eso, se aprobó la creación de la Unidad de Investigación Social y de Antecedentes, que revisará los vínculos o historial de las personas oferentes. Se pretende centralizar toda la información en un solo sistema que incluya los antecedentes laborales de las personas, los resultados de los exámenes de ingreso a la carrera judicial, y si ha tenido causas disciplinarias en otras dependencias, como en la Fiscalía o la Defensa Pública.

Este sistema obliga a los órganos encargados de la aplicación del régimen disciplinario a actualizar la información de cada servidor al que se le haya impuesto una sanción. Ningún nombramiento en la institución podrá realizarse sin la información proveniente de esa dependencia. La revisión de antecedentes también deberá realizarse, en forma periódica, a la población judicial activa, como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño en todos los ámbitos institucionales.

Incentivo por regionalización. En algunas regiones del país, el Poder Judicial enfrenta serios inconvenientes para nombrar a personal de la judicatura, debido a la lejanía o el riesgo personal que se enfrenta en esas regiones. Ante esa situación, la Corte Plena había aprobado la creación del incentivo por regionalización como un plus económico que devengarán quienes sean nombrados en esas zonas. Se ordenó a la Dirección de Gestión Humana proceder a la implementación de este incentivo para que, en el plazo de cuatro meses, determine las regiones en las que se reconocerá este beneficio.

Evaluación del desempeño. Se pretende fortalecer los mecanismos de evaluación del desempeño durante el período de prueba –período necesario para adquirir la titularidad de un puesto, en todos los ámbitos del Poder Judicial–. También se acordó impulsar la reforma legal para ampliar esos plazos, que actualmente son muy cortos.

Valores, probidad y capacitación. Para fortalecer el compromiso con los valores instituciones, la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial, junto con la Dirección de Gestión Humana, deberá ejecutar un plan permanente de fortalecimiento de esos valores. A su vez, se dispuso para la Escuela Judicial la necesidad de incluir en sus programas capacitaciones sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

Régimen de incompatibilidades. Se busca ampliar el régimen de incompatibilidades, es decir, de supuestos en los cuales los jueces deben apartarse de conocer de algún asunto por existir alguna situación que pone en riesgo la confianza en la administración de justicia. A la fecha, se trabaja en una propuesta de reglamento que se encuentra en validación con otros órganos estatales de control de la función pública, y que, luego, de someterá a conocimiento de las agrupaciones gremiales del Poder Judicial.

Transparencia. La transparencia es una valiosa herramienta para enfrentar la corrupción, pues revela a la comunidad las acciones que se ejecutan dentro y fuera de una entidad. En la institución funciona una Comisión de Transparencia que tiene como fin transparentar todo el actuar judicial, y, por eso, se acordó brindarle mayores recursos y el apoyo de la Unidad de Control Interno del Consejo Superior.

Inspección judicial. Se adoptaron varias medidas, tendentes a fortalecer el funcionamiento interno de la Inspección Judicial –órgano encargado del régimen disciplinario del personal judicial–, y se acordó habilitar sistemas de denuncia ciudadana que sean expeditos, confiables y eficientes, ante posibles hechos de corrupción vinculados con el crimen organizado (línea gratuita, página web, correo electrónico y aplicación móvil, entre otros). Toda la información que ingrese se incluirá en el Centro de Información Confidencial (CICO). También se reafirmó la importancia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el capítulo atinente al régimen disciplinario, para así lograr mayor efectividad en esta función.

Tribunal contra el crimen organizado. Se aprobó la propuesta de creación de un tribunal especializado en crimen organizado y narcotráfico que centralizará el conocimiento de estos casos en un solo despacho en San José, pero con competencia sobre todo el territorio nacional. Este incluirá el Centro de Intervenciones Telefónicas. Un tribunal de jueces especializados en la materia significará una mayor garantía de independencia, pues sus integrantes contarán con mayor seguridad para el desempeño de su actividad.

Conclusión. Estas son, entre otras, algunas de las acciones con las que el Poder Judicial se fortalece frente al crimen organizado. La institución es plenamente consciente de que la delincuencia no duerme, y, por eso, se necesita redoblar esfuerzos para no abrirle espacios, y para no tolerar ningún asomo o germen que manche la confianza en nuestro sistema de administración de justicia. Dentro de este marco, el pasado 14 de noviembre se realizó un primer congreso de jueces, con la participación de integrantes de la judicatura nombrados en regiones que enfrentan mayores riesgos frente a la criminalidad, como son las zonas costeras, limítrofes o de paso. Su principal objetivo fue abordar los compromisos institucionales con la ética, la probidad y la evaluación del desempeño en la función judicial.