El pasado 13 de noviembre asistimos a la conmemoración del XXV aniversario de la creación de la Sala Constitucional, oportunidad propicia para rememorar la reforma constitucional que la fundó, y reflexionar sobre la función indiscutible que ha llegado a tener en el acontecer nacional.

Importancia. Costa Rica es un ejemplo de reconocimiento de los derechos humanos. Su récord destaca, incluso, en comparación con el de naciones económicamente más desarrolladas. Pero este desarrollo tiene un antes y un después de la creación de la Sala Constitucional en 1989.

El Poder Judicial ha reflejado, en los últimos 25 años, una clara determinación política de continuar cumpliendo con el mandato histórico de quienes forjaron los cimientos de nuestra patria. De igual forma que con el establecimiento de la gratuidad de la enseñanza y el acceso a los servicios de salud del pueblo costarricense, el acceso a la justicia se ha ido consolidando como derecho fundamental, por etapas que apuntan hacia su ampliación. La Sala Constitucional representa la consolidación de un nuevo paso para hacer efectivo ese derecho fundamental.

Este tribunal vino a darle plena efectividad a los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los convenios y tratados internacionales, con fallos trascendentales en materia de derechos de pueblos indígenas, de personas menores de edad, privadas de libertad, de actos de discriminación, de adopciones internacionales, diversidad biológica y del derecho a la paz, por citar solo algunos ejemplos. Ha sido, sin lugar a dudas, una de las reformas constitucionales y legales más trascendentes de los últimos años.

Su labor ha sido ardua no solo por la cantidad de asuntos que atiende (15.251 en el 2013, o 16.923 de enero a octubre del 2014), sino también por la variedad de materias sobre las cuales le ha correspondido resolver ante la demanda de personas que deciden acudir a sus servicios para pedir la satisfacción de derechos que no son atendidos por las instancias naturalmente competentes.

Una garantía de la legitimidad de la labor que despliega este tribunal se halla en la profundidad de sus resoluciones, las cuales rebasan la interpretación y aplicación de las normas, y contribuyen a la especificación y actualización de los principios y valores que inspiraron a nuestros constituyentes, adecuándolos a la cambiante realidad política y social de cada época.

Reformas propuestas. En círculos judiciales, profesionales y académicos se ha afirmado la necesidad de hacerle algunas enmiendas a la jurisdicción constitucional.

En la corriente legislativa se encuentran dos proyectos de reforma, ambos con dictámenes afirmativos unánimes. Las reformas proponen medidas como la creación de tribunales constitucionales especializados o secciones dentro de la Sala que atiendan, en primera instancia, asuntos propios de esa jurisdicción, para descongestionar el circulante del propio tribunal en pleno, reducir los plazos de espera y mejorar el servicio.

Entre los temas de mayor relevancia que se han discutido es la pertinencia de conservar, o no, la consulta legislativa, ante lo cual debe valorarse si esta propicia, o no, la interferencia entre poderes; si impide, o no, la toma de acuerdos a través del respeto a las mayorías y si se justifica, ante la posibilidad de la acción correspondiente, una vez vigente la ley.

De frente a las propuestas, destaco que el único fundamento para el cambio deber ser el avance en el respeto a derechos fundamentales. Las propuestas, de ser necesarias, deben provenir de un proceso de consenso del propio tribunal –no de posiciones políticas externas–, enriquecido con los valiosos aportes que puedan brindar todas las personas que trabajan en ese tribunal y en la materia. En esencia, lo que se requiere es lograr una posición de la Sala como cuerpo colegiado que marque el camino a seguir, conforme a su valiosa experiencia.

Retos. Entre los diversos retos que visualizo se encuentran los siguientes:

1. La justicia constitucional debe seguir la pauta institucional orientada hacia la transparencia, el libre acceso a la información y la rendición de cuentas. Igual que lo han hecho 65 naciones del mundo, Costa Rica debe fortalecer su compromiso con el concepto de “gobierno abierto”, mediante la consolidación de un gobierno judicial que, además de los principios mencionados, garantice la participación y colaboración de la sociedad civil.
2. Es fundamental contar con información estadística desagregada que permita visualizar quiénes acuden al tribunal constitucional, e identificar las personas que solicitan sus servicios.
3. Se necesita la desconcentración geográfica o de servicios. Las oficinas de la Sala Constitucional están ubicadas en San José, y se requiere la creación de oficinas, secciones o unidades en regiones distintas, a fin de que las personas de las zonas más alejadas del país puedan acudir con mayor facilidad a esos servicios. Por ejemplo, de la información disponible (enero a octubre del 2014), casi el 80% de las personas usuarias provienen de San José, le sigue Alajuela, con 7,8%, y otros porcentajes muy bajos corresponden a las restantes cinco provincias. La Presidencia de la Corte respaldará toda iniciativa que tienda a este objetivo.
4. El seguimiento a la ejecución de las sentencias para verificar que su cumplimiento riguroso deba insertarse en la cultural institucional y del país. Esta constituye una garantía de la verdadera eficacia e impacto de la labor de la Sala en las vidas de las personas usuarias de sus servicios. A partir del 2009, la Sala Constitucional mantiene un programa especializado de seguimiento de sentencias, cuyos datos revelan que alrededor del 85% de las sentencias declaradas con lugar, y que contienen una orden expresa, son cumplidas por la autoridad o persona recurrida.

Conclusión. En el ámbito mundial, los derechos humanos, su reconocimiento y tutela siguen siendo vulnerados. El panorama mundial actual no parece positivo, dadas las groseras violaciones a los derechos humanos de las que nos enteramos todos los días. El balance general de la labor de la Sala es positivo, con tiempos de respuesta realmente alentadores. Pero los tiempos exigen una dirección clara del pensamiento y de los lineamientos institucionales. A la Sala Constitucional se le debe reconocer su defensa permanente de los derechos humanos, lo cual contribuye a nuestra común aspiración de un mundo mucho más seguro, más equitativo, de justicia y de paz para todas las personas.