La mayor evidencia de que algo anda mal en cualquier sociedad humana es el hecho de que se produzca la agresión sistemática y grosera a sus integrantes más débiles: los niños.

Preocupa enterarse –todos los días– de un nuevo caso en que un niño ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas en nuestro país. ¿Qué significa esta tendencia, que ya está presente en nuestra sociedad y hiere hondamente nuestros espíritus?

¿Cómo deben interpretarse estos atroces ataques a la dignidad humana en contra de quienes, de entre nosotros, son los más pequeños y vulnerables?

No resulta fácil comprender que las personas que están llamadas a protegerlos –sean los padres, cuidadores o integrantes del entorno familiar cercano–, incumplan ese deber y, por el contrario, estén perpetrando actos de violencia inimaginables contra estas víctimas inocentes, que apenas están empezando a experimentar el mundo sin disfrutar de la protección y cuidados que merecen.

Derechos humanos. Las respuestas acerca de la causa de tales conductas solamente pueden ofrecerlas los profesionales de disciplinas distintas al derecho, pero los efectos de esas injustificables agresiones los sentimos todos, ya que, con esos actos, se transgreden normas sociales y jurídicas de convivencia, buena fe y de justicia.

Por otra parte, también se irrespetan los principios básicos de humanidad, consideración y respeto a la dignidad del prójimo, al cometerse actos de violencia que evidencian la más completa y absoluta negación de los derechos humanos.

A manera de ejemplo, la estadística judicial refleja que, entre el 2001 y el 2013, fallecieron 83 personas menores de edad, víctimas de homicidios dolosos relacionados con actos de violencia doméstica, cometidos por sus propios progenitores.

Solo en el año 2013, se reportaron más de 4.500 denuncias por delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad e incapaces.

En lo que va de este año, el Hospital Nacional de Niños ha atendido a 1.970 niños agredidos, suma que supera en 28% los casos que se registraron en el 2013. Esa cifra no incluye todos los casos, pues desconocemos cuántos otros no llegan a ese hospital. ¡Esto es alarmante!

Respuesta enérgica. El papel de la administración de justicia debe ser enérgico para la investigación y sanción de las agresiones que en nuestro país se cometen en contra de los niños, aplicando las disposiciones normativas vigentes.

No debe existir retardo en la atención que el Poder Judicial brinda a esos casos, en los que se debe actuar con la mayor diligencia, rigurosidad y respeto a todos los derechos de las personas involucradas.

Sin embargo, la intervención del aparato judicial ocurre siempre con posterioridad a los hechos y la sanción jurídica resulta insuficiente como mecanismo disuasorio. Por eso, se requieren acciones preventivas, amparadas en una política pública de protección a la niñez que involucre a todos los órganos competentes del Estado y propicie la participación activa de la sociedad civil.

Reflexión y soluciones. Desde el Poder Judicial continuaremos haciendo lo que nos corresponde, pero el problema no se resuelve fácilmente cuando ya el daño a la víctima se ha consumado y, como resultado, se amplía el número de personas que sufrirán las graves secuelas de haber sido agredidas en las etapas más tempranas de su desarrollo.

Por todo lo anterior, insto a la reflexión y a la búsqueda conjunta de soluciones.