Desde hace varios años, pero sobre todo durante el 2014, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial ha enfrentado cuestionamientos sistemáticos sobre su estabilidad financiera y sostenibilidad futura.

Se ha creado una átmosfera de incertidumbre, con intereses no claros haciendo creer que estamos en medio de una crisis a corto plazo.
El Poder Judicial no se opone a la fiscalización ni al escrutinio público pero sí a los intereses ocultos que pretenden perjudicar la estabilidad de nuestro Fondo, que ya tiene más de 75 años de existencia gracias a los aportes de servidoras y servidores judiciales activos y retirados. A lo largo del tiempo se ha demostrado solidez y el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Se arremete constantemente contra la forma que se ha administrado el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, y lamentablemente se brinda información sesgada al señalar que las personas se jubilan a los 55 años de edad con el cien por ciento del salario agregando que los montos son de “lujo”.

Estas imprecisiones han creado un clima desfavorable hacia el régimen jubilatorio del Poder Judicial. Al respeto debemos enfatizar que para que una persona en el Poder Judicial se retire con una jubilación equivalente al 100% de su salario promedio, debe cumplir con 60 años de edad y 30 años de servicio.

Nuestras pensiones y jubilaciones no son de lujo. El 77% de las personas beneficiarias del Fondo reciben una pensión que no supera un millón trescientos colones y únicamente 39 son superiores a los 5 millones las cuales corresponden a personas que ocuparon puestos de jerarquía en de la institución. Como puede verse son montos apegados a principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben otorgarse de acuerdo a los aportes que la persona realizó a lo largo de su vida laboral.

Durante este año la institución finalizó un proceso de reforma de ley, que constituye una propuesta integral ya que ajusta los aportes, beneficios así como el sistema de financiamiento del régimen. Además, este proyecto fue el producto de un proceso exitoso de diálogo y acuerdos que se extendió durante año y medio con la participación de 17 agrupaciones gremiales del Poder Judicial.

La propuesta legal que impulsa el Poder Judicial se fundamenta en estudios técnicos por cuanto se basa en la valuación actuarial contratada en el 2012 y define una nueva forma de cálculo de la jubilación con base en los últimos 120 salarios y ya no en los 24 como lo prevé la legislación actual, se establece como edad mínimo de retiro de 55 años de edad y se establece un tope máximo de jubilación, entre otras reformas que permitirán garantizar, a más largo plazo, la sostenibilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
 
* Directora Ejecutiva del Poder Judicial