La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, señaló la importancia del compromiso de los jueces y juezas con la rendición de cuenta y la evaluación del desempeño como herramientas de mejora.

El planteamiento de los retos actuales que enfrenta el Poder Judicial,  así como el análisis de los proyectos impulsados desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para contrarrestar el retraso judicial  y fortalecer el tema ético frente a la realidad nacional, fueron ejes temáticos que se desarrollaron durante el Primer Congreso Nacional de Jueces y Juezas de la República.

La actividad, organizada por la Presidencia de la Corte,  reunió a 100 jueces y juezas de juzgados y tribunales de todo el territorio nacional, provenientes de zonas que enfrentan mayores riesgos frente a la criminalidad. 

La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, destacó el avance obtenido por el Poder Judicial durante los últimos 25 años, en materia de acceso a la justicia; así como de la importancia que representó para la institucionalidad democrática del país, la carrera judicial, en el marco de la ponencia “Administración de Justicia como factor de desarrollo humano”.
 
Además, señaló que frente a la lucha contra las redes criminales y el retraso judicial, el Poder Judicial ha asumido el compromiso de trabajar en ejes puntuales como evaluación del desempeño, transparencia y Gobierno Abierto.

 “El mejor recurso que tiene el país y el mejor recurso que tiene la institución es contar con una judicatura formada, independiente y dispuesta a avanzar.  Tenemos grandes déficit en espacio físico y en recursos materiales, sin embargo la confianza de las autoridades judiciales está depositada en ustedes”, afirmó la Presidenta de la Corte.

El Vicepresidente de la Corte, José Manuel Arroyo Gutiérrez, tuvo a cargo la po nencia sobre “Dignidad Humana y Dignidad de la Judicatura”, quien realizó una evolución histórica de la dignidad humana y destacó las tres virtudes de la judicatura: la independencia, la objetividad y la probidad.

“Los mejores ciudadanos y ciudadanas han de ser quienes deben elevarse a la dignidad de la función pública.  Y esa posición de privilegio por encima del ciudadano común, solo porque se le ha escogido para resolver conflictos y depositar la confianza general en que lo harán con independencia, objetividad  y probidad, conlleva una responsabilidad que también es calificada.  Hoy sabemos que no es el cargo que le da dignidad y brillo a la persona, es al contrario, es la persona la que puede  enaltecer y dignificar el cargo que ocupa” destacó Arroyo Gutiérrez. 

El Congreso permitió a las autoridades judiciales hacer un recorrido por las políticas instituciones vigentes, con el fin de promover un efectivo cumplimiento de cara a la mejora del servicio de administración de justicia que se brinda a las personas usuarias y principalmente a las poblaciones más vulnerables como lo son las víctimas de violencia doméstica, las poblaciones indígenas, las personas migrantes y refugiadas, población adulta mayor, personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil, políticas de género y a favor de la niñez, entre otras.

A la actividad se sumó el Presidente de la Sala Primera, magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga. Además, se tuvo la participación del Procurador Director del Área de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República, Gilbert Calderón Alvarado, quien desarrolló la charla “Ética y probidad en el ejercicio de la función pública”.
          
 La sesión de trabajo estuvo a cargo de la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial. 
           
El Congreso finalizó con la charla “Atención de las necesidades de las personas usuarias y la humanización del servicio”, en la que participó como conferencista la Asesora de la Presidencia de la Corte y Excontralora de Servicios del Poder Judicial, Lena White Curling.
          
De acuerdo con las autoridades del Poder Judicial, se procurará replicar esta actividad formativa hasta abarcar a todas las personas que integran la Judicatura del país.