Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 25 de noviembre, 2014

Nos reunimos para conmemorar el “Día Internacional de la No violencia contra las mujeres”.

Hoy, la institucionalidad pública costarricense, de la mano con la sociedad civil, expresamos la más firme condenatoria y reproche a este flagelo dirigido a la mitad de nuestra población.

La violencia contra las mujeres, es un fenómeno multidimensional con una gran gama de causas y de formas de manifestación que se presenta en diferentes contextos y tiene múltiples y profundas consecuencias, no solamente para quienes directamente la sufren, sino también, para sus familias, la comunidad y la sociedad en general.

La violencia contra las mujeres es parte del modelo de relación social patriarcal; tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud han señalado que la violencia contra las mujeres, sean éstas adultas, niñas, adolescentes o adultas mayores, es una realidad innegable en el mundo entero, afecta a la mitad de la población y asume múltiples formas que van desde la violencia interpersonal en la pareja, violaciones y agresiones sexuales por parte de familiares o extraños, acoso callejero, hasta la violencia institucional que se da en entornos laborales, estudiantiles, centros penitenciarios, en manifestaciones del crimen organizado, la trata de personas o la violencia realizada por cualquiera de las instancias del Estado, sea por acción o por omisión.

Continuamos conviviendo en un modelo de sociedad que no solo mantiene y perpetúa las violencias contra las mujeres, sino que también va transformando las formas de ejercerla, lo que requiere una alerta permanente para identificarla.

Desde una mirada macroeconómica, la violencia contra las mujeres, impone a las economías nacionales una enorme carga financiera, de miles de millones de dólares anuales, en concepto de atención sanitaria, gastos judiciales, gastos policiales y pérdida de productividad.

En América Latina, región que ha sido definida como la más inequitativa del mundo en términos de distribución de la riqueza, las mujeres deben convivir diariamente no solo con la pobreza y la falta de oportunidades sino también con el temor a que su integridad física y vida sean irrespetadas.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, del año 2013, elaborado por Jorge Agüero, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Connecticut (EE.UU.) denominado “Estimaciones causales de los costos de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, señala que la violencia tiene un llamativo patrón de género: los hombres son más propensos a ser atacados por un extraño que por una persona de su “círculo íntimo”, mientras los principales agresores de mujeres son sus maridos o parejas.

Costa Rica no es la excepción, según datos de la Sección de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial:

• Entre enero del 2008  a diciembre del 2013, ingresaron a  los Juzgados de Violencia Doméstica del país 287.692 solicitudes de medidas de protección.
  
• Entre enero del 2008 a diciembre del 2013, fueron interpuestas ante el Ministerio Público,  9.869 denuncias por el delito de violación sexual.
• Entre enero del 2008 a Diciembre de  2013   por aplicación de la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres, el Ministerio Público tramitó 96.391 denuncias.
• 322 mujeres perdieron sus vidas, producto de femicidios, entre enero de 2001 y julio del presente año 2014.

Es por esa razón que el Poder Judicial de Costa Rica, ha dedicado años y recursos para evidenciar esas formas de violencia, para definir políticas públicas dirigidas hacia la prevención, atención y denuncia, como parte de sus acciones prioritarias.

Hoy, el Poder Judicial, manifiesta su compromiso de lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la ejecución de una política pública, clara y directa; a la cual la Corte Suprema de Justicia le ha otorgado el contenido presupuestario requerido, expresando de esta forma, su voluntad política desde la más alta jerarquía.

Me refiero a Programas, Acciones y Servicios como:

• La Plataforma Integrada de Servicios a Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica (PISAV)
• La Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público (la cual atiende en su mayoría a mujeres víctimas de violencia)
• El Protocolo interinstitucional de suministro de antirretrovirales a víctimas de violación para impedir transmisión de VIH, liderado por la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial y la CCSS
  Estas dos instituciones impulsamos además los Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación Sexual
• Diseño e implementación de una Política Institucional Interna Contra la Violencia Doméstica y el Hostigamiento Sexual para nuestras funcionarias.
• El impulso de la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas
• Diseño e implementación del Juzgado Modelo de Pensiones Alimentarias.
• Protocolos de no revictimización en delitos sexuales y violencia doméstica.
• Instalación y monitoreo de 15 Cámaras de Gessell en todo el país.

Y por supuesto el personal y unidades especializadas en la atención de víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales, que vienen funcionando desde hace décadas en los Juzgados de Violencia Doméstica, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial.

El día de hoy, nuestra institución, RENUEVA SU COMPROMISO con las mujeres y con nuestra sociedad para cumplir con la obligación adquirida por el Estado costarricense a través de la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención de Belén do Pará.

Hoy renovamos nuestro compromiso para velar para que el DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA de las mujeres, se refleje en un cumplimiento estricto del PRINCIPIO DE DEBIDA DILIGENCIA, en la erradicación, investigación, sanción, reparación e impunidad de la violencia contra las mujeres.

Con los programas que señalé, los cuales deberán ser sostenibles y extensivos a todo el territorio nacional, nos comprometemos a velar por ese DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, para las mujeres de todos los grupos:

• mujeres indígenas,
  
• mujeres afrodescendientes,
  
• mujeres migrantes,
  
• mujeres rurales,
  
• mujeres adultas mayores,
  
• mujeres con alguna discapacidad,
  
• mujeres en condición de pobreza,
  
• mujeres de las poblaciones sexualmente diversas,
  
• niñas y adolescentes;

Es indispensable atender al llamado que hace Naciones Unidas,   a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, jóvenes, al sector privado y a los medios de comunicación, para unir fuerzas con el fin de atender la pandemia mundial de violencia contra mujeres y niñas.

Concluyo con un párrafo del Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la  COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de la Organización de Estados Americanos, el cual señala que:

“El deber de los Estados de investigar efectivamente, tiene alcances adicionales cuando una mujer ve afectado su derecho a la vida, integridad física o su libertad personal; en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres, en vista del imperativo de reiterar la condena de la sociedad, y mantener la confianza de las mujeres en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia.”

Muchas gracias.