Magistrada Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia 13 de Noviembre, 2014

Me complace participar en este acto en el que celebramos el 25 Aniversario de Creación de la Sala Constitucional, oportunidad propicia para rememorar la reforma constitucional que hizo posible la existencia de este tribunal constitucional, y para analizar los valiosos aportes que con su labor ha efectuado en defensa de los derechos humanos.

La importancia de la Sala Constitucional

La existencia de una jurisdicción constitucional especializada constituye un eslabón del proceso que inició este país desde hace muchos años, cuando optó por el fortalecimiento de la educación, la salud y la justicia.

El Poder Judicial ha reflejado, en los últimos 25 años, una clara determinación política de continuar cumpliendo con el mandato histórico de quienes forjaron los cimientos de nuestra Patria. De igual forma que con el establecimiento de la gratuidad de la enseñanza y el desarrollo de la salud del pueblo costarricense, el acceso a la justicia se ha ido consolidando como derecho fundamental, por etapas que apuntan hacia su ampliación.

La Sala Constitucional representa la consolidación de un nuevo paso para hacer efectivo ese derecho fundamental.

Su creación vino a darle plena efectividad a los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la normativa interna e internacional. Ha sido, sin lugar a dudas, una de las reformas constitucionales y legales más trascendentes de los últimos años, cuyo objetivo fue reivindicar los principios y garantías constitucionales.

Ha tenido un innegable efecto en la vigencia de la Constitución y de los convenios internacionales vigentes, en fallos trascendentales en materia de derechos de pueblos indígenas, personas menores de edad, privadas de libertad, despido por discriminación, adopciones internacionales, diversidad biológica y el derecho a la paz, por citar algunos.

Veinticinco años después podemos ahora analizar el impacto que ha producido su funcionamiento.

Su labor ha sido ardua, no solo por la cantidad de asuntos que conoce (15.251 en el 2013), sino también por la variedad de materias sobre las cuales le ha correspondido resolver. Ante un Estado que experimenta dificultades para satisfacer y gestionar los derechos de las personas, la Sala cumple una función equilibradora de la democracia, que posibilita fortalecer y armonizar las distintas fuerzas sociales coexistentes.

La defensa de la Constitución ha sido posible para la población debido a las herramientas de acceso que ha proveído la jurisdicción constitucional, mediante procesos gratuitos y sencillos, que hacen factible que cualquier persona pueda recurrir ante esa instancia, sin mayores obstáculos.

Reformas propuestas a la Jurisdicción constitucional

Las dos décadas de su funcionamiento nos permiten revisar su labor. En círculos judiciales, profesionales y académicos se ha afirmado la necesidad de hacerle algunas enmiendas a la jurisdicción constitucional.

En la corriente legislativa se encuentran dos proyectos de reforma a la jurisdicción constitucional, ambos con dictámenes afirmativos unánimes. Las reformas proponen medidas como la creación de tribunales constitucionales especializados o secciones dentro de la Sala, que atiendan en primera instancia asuntos propios de esa jurisdicción, para descongestionar el circulante del propio Tribunal en pleno, reducir los plazos de espera y mejorar el servicio.

También se ha planteado como objeto de reforma la pertinencia de conservar la consulta legislativa.

Por ello, considero absolutamente necesario que quienes integran este Tribunal, por su valiosa experiencia y conocimientos especializados en esta materia, sean los que definan y quienes propongan el rumbo que se debe seguir; que esta fundamental decisión surja de un proceso de consenso del propio tribunal. Que la Sala tenga una clara y única posición, que sea producto no solamente del pensamiento de sus jerarcas sino que se enriquezca con los aportes de todas las personas que trabajan en ella.

Es claro que ninguna reforma que se realice debe ir en detrimento de la Sala Constitucional ni sus funciones. Lo contrario significaría un retroceso en un ámbito de la administración de justicia que afectaría sensiblemente la capacidad del Estado costarricense de hacer cumplir de manera correcta y oportuna las normas que reconocen derechos fundamentales para quienes habitamos en este Estado social y democrático de Derecho.

La Sala debe proponer las reformas si las considera necesarias priorizando el acceso a la justicia y la garantía a los derechos fundamentales y considerando un contexto o realidad cambiante.

Retos que visualizo: Un mayor acceso a la justicia constitucional.

1. Todos los tribunales y jurisdicciones de la Administración de Justicia costarricense se encaminan hacia un gobierno judicial abierto, orientado hacia la transparencia, el libre acceso a la información y la rendición de cuentas.

2. Es fundamental contar con información estadística desagregada que permita ver quiénes acuden a la justicia constitucional, cuáles son sus demandas y necesidades específicas; dónde viven, en qué trabajan, cuál es su condición migratoria, en fin, conocer a las personas para las que trabaja la justicia constitucional.

3. Desconcentración geográfica o de servicios: De las estadísticas disponibles para este año (enero-octubre 2014), se desprende que el 78.6% de los asuntos ingresados a la Sala Constitucional, cuya procedencia ha podido ser determinada, son de la provincia de San José y es mucho menor la cantidad de asuntos de las demás provincias.

Las oficinas de la Sala Constitucional están ubicadas en el Primer Circuito Judicial de San José. Se requiere que para el acceso a sus servicios se tenga mayor presencia geográfica, mediante la creación de oficinas, secciones o unidades en regiones distintas de San José, de manera que las personas de las zonas más alejadas del país puedan acudir con mayor facilidad a esos servicios. La extensión de los servicios resulta congruente con las políticas institucionales de acceso a la justicia para las poblaciones vulnerabilizadas. La Presidencia de la Corte respaldará toda iniciativa que tienda a este objetivo.

4. La ejecución de las sentencias del órgano constitucional, y la verificación de su cumplimiento riguroso debe insertarse dentro de la cultural institucional del país. Esta constituye una garantía de la verdadera eficacia e impacto de la labor de la Sala en las vidas de quienes acuden a esta para la defensa de sus derechos.

IV. Conclusión: En el ámbito mundial, vemos que los derechos humanos, su reconocimiento y tutela siguen siendo vulnerables. El panorama actual no parece positivo, dadas las groseras violaciones a los derechos humanos de las que nos enteramos todos los días.

Resultan, por tanto, necesarios los mecanismos que, como nuestra Sala Constitucional, se crean con el fin de compeler al cumplimiento de los deberes del Estado de garantizar el respeto y la satisfacción uniforme y generalizada de los derechos humanos.

La realidad es cambiante, existen nuevas fuerzas políticas y nuevas exigencias. El informe del Estado de la Nación 2014 confirma los profundos cambios que se han registrado en la vida social y económica de nuestro país, en comparación con las últimas dos décadas.

Aunque los indicadores de salud, educación, acceso a servicios públicos e ingresos medios de las familias continúan mejorando, se presenta un déficit de puestos de trabajo, se redujo el dinamismo del sector exportador y existe un desgaste en el estilo de desarrollo, por lo que se reporta un desempeño insatisfactorio en materia de desarrollo humano.

Persisten el desempleo, el aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos y la pobreza, que afectan a amplios segmentos de la sociedad. Enfrentamos, además, una baja escolaridad promedio, que según se reporta, llega apenas al noveno año.

El reto supone la búsqueda conjunta, por parte de todas las instituciones del Estado, de nuevas formas de dar cumplimiento a sus obligaciones para el efectivo respeto a los derechos de las y los habitantes.

Cierre

Agradezco la oportunidad de participar en este acto, que para mí es motivo de celebración.

Expreso mi reconocimiento a los magistrados y magistradas que han integrado la Sala Constitucional y a los magistrados y a las magistradas que actualmente la integran, así como al personal administrativo y de apoyo, por su trabajo, su compromiso y grandes esfuerzos para hacer de esta una jurisdicción de la que el país se siente muy orgulloso.

Costa Rica debe reconocer a la Sala Constitucional su defensa permanente de los derechos humanos, lo que contribuye a nuestra común aspiración de un mundo mucho más seguro, más equitativo, con justicia y de paz para todas las personas.

Este seminario permitirá un valioso intecambio de conocimientos con los y las juristas tan reconocidos en este campo, que nos acompañan.

Muchas gracias.