Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 14 de noviembre, 2014

Como presidenta de la Corte me siento muy feliz y satisfecha de esta actividad en la que hemos logrado reunir a  casi una centena de jueces y juezas de la República.  Para la institución y para el país, una actividad de esta naturaleza reviste fundamental importancia. Son pocos los espacios para  interactuar como funcionarios y funcionarias judiciales, sobre todo con los de regiones del país que están más alejadas. La Presidencia quisiera estar más cerca de ustedes y las tareas diarias impiden hacerlos como quisiéramos así que les agradezco su presencia esta mañana.

Por primera vez  se reúnen 100 integrantes de la Judicatura convocados por la propia institución.  Este es un espacio para comunicarnos,  revisar nuestro camino y  tener claro hacia dónde vamos,  enmarcando esto dentro del papel de la institución en el contexto costarricense.

Ustedes tienen la tarea de administrar justicia. También pero son además, el motor que impulsa la gestión de cada despacho judicial, es decir, son los y las principales responsables de que todos los servicios relacionados con la sentencia buscada por las partes, se ofrezcan adecuadamente.

Sobre estos temas quiero conversarles este día.

 NUEVAS EXIGENCIA DEL TIEMPO:

Nuestra sociedad y el país en general plantean nuevas realidades:

1.  Un acceso casi ilimitado a los medios de comunicación. Hay un nuevo escenario en la información  (redes sociales, intranet, etc… que permiten un mayor y mejor conocimiento del día a día).
2. Proliferación de derechos que  son demandados a través del aparato judicial cuando no encuentran una respuesta estatal (judicialización de los derechos)

3. AUMENTO DE LAS REDES DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA.  El crimen organizado y sus manifestaciones más cruentas y dolorosas amenazan algunas regiones del territorio nacional, donde incluso, debido a su peligrosidad, muchas veces no se cuenta con personal de la judicatura que acepte nombramientos. Este peligro compromete la seguridad de la población.

Nos puede llevar a la anulación del aparato estatal; a la falta de credibilidad de la población en la respuesta efectiva del Poder Judicial.
 
ACCESO A LA JUSTICIA
 
Desde la fundación de nuestro Estado,  hemos  conformado una sociedad que  definió como  valores fundamentales  la educación, la  salud y la justicia dentro de una democracia  como forma de gobierno, con poderes independientes. 
 
En el campo de la justicia, el acceso a ella ha sido considerado un derecho fundamental, que ha fomentado la cultura de igualdad; y la seguridad de que acudiendo a la administración de justicia, las transgresiones encuentran reparación.

Por eso me interesa resaltar lo que la institución ha caminado, las política y acciones que ha adoptado para que en las diferentes oficinas judiciales se de vida a este derecho; fundamental, sobre todo para las poblaciones menos favorecidas.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

1. LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO: cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación por género en las decisiones judiciales, en el servicio de administración de justicia y en el funcionamiento interno del Poder Judicial.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL:
En el conocimiento de los casos, jueces y juezas procurarán promover el disfrute pleno y amplio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación en cuanto a etnia, sexo, género, religión, orientación sexual, opiniones políticas o de otra índole, nacionalidad, condición socioeconómica u otra condición.

En su labor de interpretación de los aspectos jurídicos, jueces y juezas, ya sea de manera amplia o restrictiva y de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y en los principios generales del derecho, deberán tomar en consideración la desigual condición entre las personas para eliminar todo sesgo de género que produzca un efecto o resultado discriminatorio en todas las esferas o materias jurídicas.

2.  LA POLÍTICA DE IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Objetivo de la Política: Garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación en los servicios judiciales, decisiones judiciales y funcionamiento interno del Poder Judicial, para las personas en condición de discapacidad.

3. LA POLÍTICA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO ACCESO A LA JUSTICIA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

Objetivo: Garantizar el reconocimiento de la persona adulta mayor  como persona plena de derechos y obligaciones
Simplificar trámites y requisitos considerando la condición etárea.

4.-LAS REGLAS PRÁCTICAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS INDÍGENAS:

ACCIONES:   Dentro de ellas:

• Promover la realización de diligencias “in situ”, en aquellos lugares donde existan territorios indígenas;
  
• ayudas económicas  a las personas usuarias indígenas que la requieran, para cubrir  gastos por traslado a los despachos judiciales;
  
• fijación de señalamientos en horarios accesibles,
  
• no revictimización especialmente  en casos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
  
• peritajes antropológicos/culturales a cargo del Estado, a fin de conocer las normas culturales particulares a cada comunidad indígena.

5. LA POLÍTICA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA

Objetivo: Garantizar un adecuado acceso a la justicia por parte de las personas migrantes y refugiadas que se encuentren en el país, con independencia de su condición jurídica sobre la base del reconocimiento de sus derechos fundamentales.

6. LA POLÍTICA JUDICIAL DIRIGIDA AL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Objetivo Específico:
Promover que toda persona menor de edad, una vez que ha entrado en contacto con el sistema judicial o iniciado el proceso, sea reconocido como sujeto de derechos y goce de un sistema de justicia adecuado a sus necesidades y que promueva su participación efectiva.

7. LA POLÍTICA RESPETUOSA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Adoptada por Corte Plena en el año 2011.  Mediante esta política la institución se compromete, entre otras, a:
La no discriminación por razón de orientación sexual tanto respecto a los servicios que se brindan a las personas usuarias como en el trato y las oportunidades de quienes laboran en la institución.

8. POLÍTICA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOMETIDOS A PROCESO PENAL EN COSTA RICA.

Objetivo: Sensibilizar a los funcionarios y funcionarias judiciales sobre la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas menores de edad víctimas y victimarias en el campo penal juvenil.

Reducir la revictimización de las personas menores de edad en los procesos judiciales,  con acciones como la prontitud del proceso, la consideración del interés superior del niño o niña; la privacidad de la diligencia, el derecho a la información, consentimiento de la víctima,  la forma del interrogatorio, etc…

9. Políticas de atención a víctimas de violencia doméstica y de delitos;  con directrices, protocolos y circulares orientados a garantizar un adecuado acceso a la administración de justicia y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, como por ejemplo:

-la carta de los derechos de las personas víctimas de delitos
-el reglamento contra el hostigamiento sexual
- las directivas dictadas en materia de violencia doméstica;  personas privadas de libertad.

Estas son políticas para garantizar una igualdad en el acceso a la justicia. Los jueces y las juezas deben comprender las distintas limitaciones que enfrentan las personas, cada una en su diferente condición de vida, para acudir a la justicia; para gestionar y obtener una sentencia; es decir, comprender que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acudir y gestionar en los despachos judiciales. Los jueces y las juezas particularmente, debemos desarrollar esa sensibilidad.

 
2) EL RETRASO JUDICIAL COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO PERSONAL Y DE LA SOCIEDAD.

Visibilizar a las poblaciones y sus dificultades de acceso a los servicios judiciales no es suficiente.  Se accede al sistema y qué es lo que pasa: la lentitud en la solución. No se es efectivo en la respuesta.  La desilusión y la desconfianza  se enfrentan a una nueva etapa.
Para ninguno o ninguna de ustedes es un secreto que el retraso judicial es un problema que viene enfrentando la institución desde hace mucho tiempo.

Con el objeto de abordar esta problemática se han realizado varias acciones:

• Creación de la Oficina de la Mora judicial
  
• Los equipos de Moderna Gestión en despachos judiciales que coadyuvan en la identificación de áreas o procesos deficientes y cómo mejorarlos.
  
• Equipos de Gestión Integral de la Calidad (Gica)
  
• Los equipos del Departamento de Planificación, que intentan buscar cuáles actividades deben ser mejoradas para el logro de eficiencia de la oficina.
  
• La oralidad, el sistema de gestión y el expediente electrónico, son también herramientas con las cuales la institución ha buscado proveer las oficinas judiciales a fin de lograr una mayor efectividad de la labor.
  
• Sin embargo, lastimosamente, muchas de estas experiencias no han sido exitosas. Por ejemplo, según las estadísticas suministradas por la Sección de Estadística de la Dirección de Planificación, durante el 2013, el promedio de duración de un proceso en materia agraria, en primera instancia, fue de 25 meses; en los juzgados de trabajo de mayor cuantía ese promedio fue de 24 meses.

DONDE ESTARÁ EL ÉXITO: Todas estas herramientas y apoyos institucionales solo serán ser exitosas si en cada oficina judicial existe personal comprometido; gente comprometida con la camisa y las banderas institucionales.

BANDERAS INSTITUCIONALES
Cuáles son esas banderas institucionales?

La primera y más importante es el cumplimiento de la misión constitucional que tenemos: ADMINISTRAR JUSTICIA EN FORMA PRONTA Y CUMPLIDA. Lo cual implica:

• mayor agilidad en la decisión de los asuntos, mejores tiempos de respuesta.
  
• fallos que evidencien conocimiento y estudio.

El Compendio de Indicadores Judiciales 2008-2012 elaborado por la Sección de Estadística de la Dirección de Planificación nos informe sobre los siguientes datos:

• Tasa de congestión en primera instancia (grado de saturación o retraso que tienen los tribunales de justicia). En el último quinquenio este indicador ha experimentado un crecimiento continuo, iniciando en el 2008 con un valor de 2,14 y terminando en el 2012 con un 2,96, valor que es el más alto del período bajo estudio e indica que en este año, se tenía que tramitar aproximadamente 2. 96 veces más casos de los que resolvió
  
• Los asuntos terminados por jueza o juez durante el año 2012 asciende a 537. La cantidad de sentencias dictadas por las juezas y jueces de primera instancia, mantienen una tendencia a la baja. Propiamente en el año 2012 se registran 143; 49 sentencias menos de las que se tenía al inicio de este quinquenio.
  
• Tasa de pendencia o resolución (cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se dan por terminados).
• Según el Compendio de Indicadores Judiciales, la tasa de resolución registra una disminución por cuarto año consecutivo y en sentido contrario la de pendencia tiende a crecer; no obstante, la baja consignada por la tasa de resolución en el año 2012 es la más fuerte (33,8), al contabilizar el valor más bajo del quinquenio. Por su parte y de forma simétricamente opuesta la tasa de pendencia se incrementó.
  
• En el año 2012 la tasa de resolución se ubica en 33,8% y la de pendencia en 56,1%, la más baja y más alta respectivamente a lo largo del quinquenio.
  
• Casos pendientes por jueza y juez de primera y segunda instancia: El 2012 consigna una cifra de casi 900 asuntos por juzgador (891), 75 casos más con relación al 2011 (9,2%).
  
• En la región latinoamericana somos el país con más jueces y jueces por cada cien mil habitantes. De acuerdo con el Departamento de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el porcentaje de jueces y juezas por cada cien mil habitantes para el 2013 fue de 23,7; y para el 2014 fue de aproximadamente 25, porcentaje que no contempla las plazas extraordinarias.

La dilación indebida atenta contra el derecho de las personas a un mejor nivel de vida, a su desarrollo personal y de la sociedad en general.

EJEMPLOS: PENSIONES ALIMENTARIAS: Siempre cito como ejemplo, el caso de las pensiones alimentarias, una materia en la que hemos logrado avances significativos. La alimentación, la educación, los medicamentos son necesidades que las personas requieren satisfacer de manera inmediata; que la persona no puede esperarse a recibirlos hasta que obtenga sentencia. Este ejemplo tan cotidiano nos sirve para visualizar las implicaciones de la función judicial en la vida de una persona. La persona necesita alimentarse ya, tomar su desayuno, su comida, sus alimentos, hoy, no en tres o seis meses. Pasado ese tiempo, de poco servirá el dinero, aún con todos los intereses o indexaciones que se le puedan reconocer. Igualmente importante es, como hemos visto en días recientes, la resolución de las gestiones planteadas por los deudores de pensiones, sobre todo cuando se ha ordenado orden de apremio en su contra. Por eso, pensar en una administración de justicia eficiente es pensar en desarrollo humano de nuestra población.

GESTIONES EN DEFENSA DEL PRESUPUESTO NACIONAL: En este punto quiero hacer un paréntesis para comentarles que, como ustedes muy bien saben, en estos días enfrentamos dos grandes luchas al externo de la institución: la defensa del régimen de pensiones y la del presupuesto institucional del año 2015. Como Presidenta de la Corte me ha correspondido ir a la Asamblea Legislativa a defender tanto uno como el otro, porque estoy plenamente consciente que tanto el régimen de pensiones como el presupuesto, son garantías para la independencia y el fortalecimiento de la institución como fundamento del sistema democrático costarricense. Sin embargo, al enfrentar esa defensa, he recibido de diputados y diputadas el siguiente cuestionamiento: ¿el dinero asignado significará que la administración de justicia trabaje mejor? que los despachos judiciales presten un mejor servicio, oportuno y adecuado? Yo tengo la esperanza de que así sea.

Con ocasión de la celebración del XXV aniversario del Departamento de Planificación, el politólogo don Jorge Vargas Cullel expuso:

“el creciente costo por caso tramitado en el sistema de administración de justicia, aunado a la fuerte reducción en los indicadores de productividad por operador judicial, llevará a crecientes y cada vez más intensos conflictos con otros poderes del Estado –y a conflictos dentro del Poder Judicial, que llevarían a conflictos internos de alto perfil público, eventualmente a interrupciones de servicios, que afectarán el desempeño y eventualmente la credibilidad del Poder Judicial en su conjunto, ante la ciudadanía.

EL RETRASO JUDICIAL ES UNA DE LAS PRIORIDADES EN MI GESTIÓN POR LO QUE SE HA PROMOVIDO:

1. EL CENTRO DE APOYO A LA GESTIÓN JUDICIAL: En la sesión de 2 de junio de 2014 propuse y fue aprobado por Corte Plena, la creación de un “Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento a la función jurisdiccional”. El objetivo es conformar una estructura organizativa de alto nivel que asuma el apoyo, coordinación, control, mejoras y seguimiento de la gestión de los despachos jurisdiccionales del país, en cumplimiento del servicio de administración de justicia.
Este centro le daría seguimiento a los despachos que son objeto de un rediseño, también estaría a su cargo la reorganización y el uso eficiente de los recursos disponibles para el logro de mejores resultados.

Lo anterior, a fin de que se implementen planes de mejora continúa para dar sostenibilidad a los procesos de rediseño y acreditación; y de esta manera asegurar el aprovechamiento de los recursos invertidos en estos procesos.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:

Hasta la fecha, ni el ámbito jurisdiccional ni el administrativo de la institución han trabajo con parámetros que permitan visualizar la labor que realizan los despachos judiciales, ver en qué se están invirtiendo los recursos.

Esta era una iniciativa que estaba pendiente desde el 2006 que se crea una Comisión institucional de Evaluación del desempeño, pero cuyos resultados no se habían concretado, nadie los había agendado. En marzo de este año promoví ante Corte Plena la aprobación del primer Reglamento de Evaluación del desempeño; y actualmente existe un proyecto de ley de evaluación del desempeño sobre el cual se le dio audiencia a las asociaciones.

La finalidad de la evaluación es demostrar que efectivamente trabajamos. No le debemos temer.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Y en esto quiero reforzar con ustedes la necesidad que existe de que en cada despacho judicial se actualicen los datos de los expedientes. Tenemos un grave problema de estadísticas que nos impide conocer con certeza la actividad de cada despacho judicial. Esto porque se omite la actualización de los datos a pesar de que existen las herramientas tecnológicas apropiadas, por eso se nos dificulta conocer para quién trabaja la administración de justicia, cuántas personas mayores de edad, mujeres, niños o niñas, jóvenes, personas migrantes, etc… acuden a nuestros servicios. En eso debemos comprometernos también.

III.- PROMOCIÓN DE UN CULTURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

El artículo 11 de la Constitución Política contiene un principio fundamental:

La Administración Pública, en general, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Esto es algo a lo que nunca nos hemos acostumbrado.

El Compendio de indicadores judiciales 2008-2012 realizado por la Sección de Estadística de la Dirección de Planificación, nos ofrece los siguientes datos:

A. COSTO PROMEDIO POR CASO: El costo promedio de los casos terminados ha venido aumentando a través de los años de manera continua. El costo promedio se extrae del costo de la justicia entre el total de casos terminados. En el año 2012, este costo (¢543.599,2) se incrementó en un 36,9% en comparación con el alcanzado en el año 2011.

En el año 2012 el gasto en justicia por habitante fue de ¢61.318,8, es decir, lo que paga cada habitante por el presupuesto institucional.

Porqué rendir cuentas:

Porque vivimos en una sociedad que así lo exige, que sabe de sus derechos y los demanda. Hay mayores demandas contra el Estado.

Una cultura judicial de rendición de cuentas es demostrar qué es lo que hacemos con los recursos públicos, en qué se destina el presupuesto institucional, en cada oficina judicial.
Los medios de comunicación y las redes sociales han generado un nuevo paradigma en la rendición de cuentas. La población exige más de nosotros y de nosotras, pide respuestas, pide información, pide cuentas. Como institución debemos prepararnos para ello no solo a nivel institucional sino también en resguardo de cada uno y cada una de nuestros funcionarios y funcionarias. Cada vez son más recurrentes las demandas contra el Estado y su personal, por funcionamiento ilegítimo o anormal de sus órganos; y existen ya algunas resoluciones donde el Estado ha sido condenado a pagar daños y perjuicios por atrasos en la resolución de asuntos judiciales.

APROBACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL EN 1993: En el año 1993, el Poder Judicial sufrió una gran reforma con la aprobación de la Ley de Carrera Judicial. Cambios introducidos: un sistema objetivo para el nombramiento en los puestos de la judicatura y el derecho a la estabilidad en el cargo. Antes de esa ley, los jueces y las juezas eran nombrados por periodos de tiempo determinados, al cabo de los cuales, debían someterse a un proceso de evaluación. Esa situación era a todas luces inconveniente porque sujetaba la permanencia en los cargos de la judicatura a la decisión de quienes realizaban los nombramientos.

Al lograr la estabilidad dimos un gran paso en la independencia del Poder Judicial. Pero esta independencia y estabilidad debió de estar acompañada de los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas, la eficiencia en la labor de los despachos judiciales; es decir, quedamos en deuda con la aprobación de la evaluación de resultados y la rendición de cuentas sin haber interiorizado que como todo funcionario o funcionaria pública nos cubre la obligación de rendir cuentas de lo que hacemos. Y cuando en algunas ocasiones se ha hablado de este tema surge una tesis errada, de que se pretende atentar contra la independencia de los jueces y de las juezas. Nada más lejano de esa finalidad. Hace escasamente dos años, con la no reelección de uno de los magistrados por causas no atribuibles a su persona, demostramos que la independencia de los jueces y de las juezas es, hoy en día un principio fundamental para nuestra institución.
Estos son datos que reflejan la necesidad de que todos y todas adoptemos acciones inmediatas, de manera consciente y comprometida en cada una de las distintas oficinas judiciales.

Al estar frente a nuevas exigencias sociales la respuesta institucional no puede seguir siendo la misma.

IV. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA:

Gobernanza abierta es una política pública para todas las instituciones del Estado se busca lograr LA TRANSPARENCIA en la gestión, como uno de los instrumentos para atacar la corrupción. Se sustenta en cuatro ejes fundamentales:

-la rendición de cuentas;
-el acceso a la información por parte de la población;
-la participación ciudadana en la toma de decisiones y
- el uso de la tecnología.

Por eso, en adelante, la función judicial deberá incorporar esa dinámica pues debemos rendir cuentas también en estos temas.

TIEMPO DIFÍCILES: Son tiempos difíciles para la institución. En estos días enfrentamos dos grandes batallas. Una de ellas, la lucha por el presupuesto institucional porque se intenta minar la gestión de la administración de justicia, los servicios que prestamos, con recorte de plazas; la otra, nuestro sistema de pensiones y jubilaciones.

En la defensa de la institución y del régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial nuestro escudo será siempre el servicio que brindamos a la sociedad: la administración de justicia, que además de independiente y confiable, sea también eficiente.

Por eso resulta tan importante la presencia de ustedes, señores jueces y señoras juezas de la República, en esta mañana. En ustedes está depositada la confianza de una nueva forma de administración de justicia. Somos formadores y formadoras de un nuevo paradigma en el sistema de administración de justicia, siempre fieles al juramento constitucional que un día hicimos de respetar y cumplir fielmente la Constitución y las leyes.

Personalmente les confieso mi esperanza de que esta sea una primera experiencia de acercamiento con la judicatura, que dará resultados muy provechosos para la calidad de la administración de justicia, con la que el Poder Judicial debe responder a la sociedad.

Finalmente quiero agradecer su presencia y su compromiso como jueces y juezas de la República. También quiero brindar un agradecimiento a las personas que se ocuparon de la logística de esta actividad: al personal del Despacho de la Presidencia, de Moderna Gestión, de la Secretaría de Ética y Valores, de la Escuela Judicial, de la Dirección de Recursos Humanos, de Prensa y de Protocolo; en fin, a todas las personas que han puesto su granito de arena para que esta actividad, tan importante, se haya realizado.

Muchas gracias!!