Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 31 de Octubre de 2014

Hoy es una fecha de mucha trascendencia para el país, para el sistema de administración de justicia, para el Poder Judicial y para ustedes, en razón de que en mi condición de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia tengo el agrado de presidir el acto de su juramentación como juezas y jueces de la República.

Este cargo que hoy se les confiere debe considerarse como del más alto rango al que puede aspirar una persona habitante de nuestra República, ya que les otorga el deber y la potestad de resolver, con carácter vinculante, los conflictos de las personas que integran nuestro conglomerado social. Por tanto, estará en sus manos dirimir disputas de toda índole: desde los asuntos de mayor trascendencia pública hasta los que se relacionan con el ámbito de mayor privacidad del individuo, que es el que de sus más íntimas relaciones afectivas y familiares.

Esta función que desempeñarán tiene especial relevancia en una época en que, contrario a lo que se supondría al considerar el extraordinario desarrollo científico y tecnológico del siglo pasado y del actual, estamos presenciando serios deterioros en la convivencia humana, que dan origen a la violencia, al irrespeto de los derechos de los demás, a conductas sociales perjudiciales y, en otras latitudes ajenas a la nuestra, incluso a la guerra y a la matanza sin sentido entre los seres humanos.

Ese contexto de conflictividad crea un terreno apto para la crisis de valores, para los riesgos de corrupción, para el crimen organizado, para la desintegración de la familia como elemento básico de la sociedad, por lo que deberán enfrentar ustedes, en su condición de juzgadores y juzgadoras, numerosos retos para asegurar no sólo el cumplimiento fiel de la función que se les encomienda, sino para asegurar la credibilidad, legitimidad y confianza en el Poder Judicial como órgano del Estado encargado de propiciar la convivencia armoniosa y el fortalecimiento de la democracia que con muchos esfuerzos construyeron nuestros antepasados.

Los retos de la judicatura en el siglo XXI superan los de otras etapas de la historia y ustedes tendrán que enfrentarlos.

Además de los muchos beneficios que se obtienen al laborar en nuestra institución, como el prestigio, la estabilidad, el acceso a capacitación, la posibilidad de ascensos en la carrera judicial, un salario digno y otros, son muchos los deberes que deben cumplirse para que, ante la ciudadanía, nuestros derechos no sean vistos como injustificados privilegios sino como merecidas recompensas por el trabajo honrado, la integridad y la capacidad académica e intelectual.

Es lamentable para el país cada vez que se conocen irregularidades atribuidas a juezas y jueces de la República. Ello no solo produce descrédito para la mayoría de funcionarios y funcionarias que trabajan con dedicación y entrega, sino que alimenta las dudas y críticas hacia nuestra institución y desmoraliza a quienes han puesto en nuestras manos la resolución de sus asuntos personales. Se crea, lamentablemente, no sólo desprestigio hacia el Poder Judicial sino dudas sobre la integridad, la probidad y la eficiencia con que atendemos los delicados asuntos de las personas usuarias.

¡No podemos, darnos el lujo de permitir que afloren estas dudas sobre la función jurisdiccional!

Por ello, en medio del júbilo que estoy segura que comparten ustedes y sus seres queridos, me siento hoy en la necesidad de recordarles que aunque son muchos los deberes del profesional en Derecho, son aún más los que se asumen al aceptar un nombramiento como juezas y jueces de la República.

La judicatura actualmente debe garantizar lo siguiente:

La independencia judicial

La independencia judicial está consagrada en el artículo 154 de la Constitución Política, que establece:

“El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.”

Esa garantía de independencia no debe nunca visualizarse como un beneficio para las juzgadoras y juzgadores, sino como una garantía para las partes que asegura que su conflicto será resuelto en consideración al mérito de los autos y en estricta conformidad con las leyes, sin que ninguna influencia indebida afecte el trámite y resultado del proceso.

Interesa dejar claro que en cuanto al uso de los recursos públicos, la forma en que se gestiona el despacho y los casos; se deben seguir los lineamientos que la institución dicta para obtener mejores rendimientos y agilizar el resultado.

La prestación de un servicio público eficiente y de la mayor calidad

Constantemente se nos exige, con justa razón, la prestación de un servicio público de calidad, lo cual implica el uso eficiente de los recursos así como el respeto a la dignidad de todas las personas usuarias, sin discriminación. Quienes habitan en nuestro país nos exigen una justicia pronta, cumplida y sin denegación.

Se espera de ustedes, no solo un correcto trato hacia las personas usuarias, sino que asuman la responsabilidad de organizar los recursos y motivar al personal a su cargo para que en su labor cotidiana las oficinas judiciales reflejen el compromiso institucional de brindar este servicio de calidad, a todas las personas y en todas las regiones del país, y que se cumplan todas las políticas institucionales vigentes que aseguran el respeto a los derechos de las personas usuarias.

La apertura del Poder Judicial a la sociedad

En una sociedad democrática debe actuarse siempre con absoluta transparencia, evaluación de resultados y la rendición de cuentas, en aras de tutelar el interés público. El Poder Judicial debe, por ello, asegurar que en todas las actuaciones de sus funcionarios prevalezcan estos principios constitucionales.

El mejoramiento continuo de la administración de justicia

Es responsabilidad de todas las funcionarias y funcionarios judiciales involucrarse en el análisis crítico para generar propuestas de mejora del sistema de administración de justicia. No es esta una responsabilidad exclusiva de las autoridades superiores, sino que debe asumirse como un compromiso de todas las servidoras y servidores judiciales.

Nuestra labor debe siempre estar orientada por el interés en la mejora continua, por lo que se hace indispensable que se apoyen todos los mecanismos que se han propuesto para ello: la gestión integral de calidad, los indicadores de desempeño, los controles institucionales, la regulación sobre conflictos de interés, así como los mecanismos correctivos que se requieran para asegurar la eficiencia e integridad de la función judicial.

La capacitación permanente para fortalecer el conocimiento y las competencias requeridas para el correcto ejercicio de la función.

La capacitación ha sido, por muchos años, uno de los aspectos en los que más ha invertido la institución. La Escuela Judicial y las oficinas de capacitación de las dependencias judiciales realizan muchos esfuerzos para asegurar una oferta de cursos permanente, actualizada y de calidad. Sin embargo, será su deber aprovecharla en forma óptima, sin descuidar sus labores principales en los despachos, y aplicar los nuevos conocimientos en sus funciones cotidianas.

El deber de imparcialidad

Este deber exige que se superen los prejuicios culturales, para que estos no incidan negativamente en la valoración de los hechos y la interpretación y aplicación de las normas. Supone que el trato que se brinda a todas las personas será respetuoso de su dignidad intrínseca, sin discriminación por motivo de sexo, raza, religión, condición económica, origen, etc.

El cumplimiento de los deberes éticos

Finalmente, existe una categoría de deberes éticos que deben mencionarse: la honestidad, la lealtad, el compromiso, la iniciativa, la excelencia y la responsabilidad.

Estas cualidades deben reflejarse no solo en el ámbito laboral, sino también en la vida personal. Del personal judicial y particularmente de las juezas y jueces se exige una conducta intachable, que no alimente la posibilidad de cuestionamientos sobre su integridad personal ni profesional y que se refleje en su conducta, e inspirar una imagen de respeto.

No podemos olvidar que representamos, en todo momento –tanto en el ámbito laboral como en el privado- a una institución que constituye un pilar del Estado democrático costarricense.

Aunque contamos con mecanismos internos diseñados para evidenciar y sancionar las incorrecciones, confío en que serán su propia conciencia y vocación por la función judicial la que les permitirá cumplir con los múltiples deberes enumerados y, con ello, darle motivo al país para perder la confianza en su sistema de administración de justicia.

Me parece también justo reconocer que hoy están ustedes aquí por sus propios esfuerzos, pero también por los de quienes los han apoyado en este largo camino y esperan lo mejor de cada uno y de cada una. La Patria, el Poder Judicial y los seres cercanos que les han brindado apoyo confían en que asumirán con éxito los retos que enfrenta la judicatura en el siglo XXI.

Juramentación

Procederemos a la juramentación, para lo que les insto a ponerse de pie:

-¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-Sí, juro-.
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.

Señores jueces y señoras juezas de la República de Costa Rica, han asumido y prometido la defensa de la Constitución y de la ley. La sociedad costarricense espera mucho de ustedes y tiene la confianza de que cumplirán todas esas expectativas.

Cierre

Espero que este sea para ustedes el inicio de una brillante carrera judicial, me pongo a sus órdenes para lo que requieran y espero poder contar con su colaboración en la gestión que, como Presidenta de la Corte, me ha correspondido desempeñar. Los insto a participar activamente, apoyar los esfuerzos de mejora que se realizan y aportar propuestas para la mayor eficiencia, eficacia y humanización de los servicios.

Muchas gracias.