Marta Iris Muñoz Cascante Directora de la Defensa Pública 25 Noviembre, 2014

Es un honor compartir con ustedes en este día tan importante, por lo que agradezco a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de dirigirme a ustedes.

Esta fecha, nos recuerda las luchas que realizaron hace muchos años mujeres valientas, para enfrentar y acabar con los abusos que aún hoy día sufrimos las mujeres, producto de las relaciones de poder que han ejercido los hombres.

Que esta fecha, nos permita reflexionar y reafirmar esa lucha constante por el reconocimiento real de nuestros derechos, que se materializan día con día en acciones afirmativas. Muy importantes son las acciones que pueda realizar el mismo Estado: ….un ejemplo es la creación del Instituto de la condición de la Mujer (INAMU) que realiza una extraordinaria labor dirigida al desarrollo y protección de la mujer, con énfasis en prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

Quisiera resaltar, solo algunos logros que hemos podido visualizar, desde mi función como jerarca de la Defensa Pública y realizados en el Poder Judicial, a través de la Secretaria Técnica de Género bajo el liderazgo de doña Zarela Villanueva como Presidenta de la Corte Suprema, que han permitido avanzar en la lucha para alcanzar la anhelada igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.

Son innumerables las acciones que se han realizado a lo interno del Poder Judicial, se ha implementado una política de género institucional, que ha cambiado nuestra cultura, empoderando a las mujeres para que ejerzan su defensa por ejemplo ante el acoso laboral y sexual, pero también nuestra usuarias de servicios se han beneficiado con la creación de programas para proteger a las mujeres víctimas de la violencia, como la Plataforma Integral de Servicios de atención a Víctimas (PISAV), y la creación de diversas comisiones para el seguimiento de la aplicación de la ley contra la violencia doméstica y la Ley de Penalización de la violencia contra las Mujeres.(Secretaria Técnica de Género, doña Jeannette Arias y doña María Elena Gómez ha tenido un papel preponderante en la lucha constante en estos temas para la efectividad e implementación de estas leyes).

Pero además se han implementado los Juzgados Orales de Pensiones Alimentarias con el fin de agilizar el trámite para que las mujeres puedan obtener la pensión con prontitud. En este tema de pensiones alimentarias hemos estado en deuda, pero con la agilidad actual, se da una justicia pronta, no debemos caer en la trampa que nos han vendido algunos sectores, solidarizándose con quienes no asumen con responsabilidad sus deberes alimentarios con sus hijos e hijas… Parte de esta violencia contra las mujeres, es hacer víctimas a estos padres que no quieren pagar la pensión y buscan el apoyo de los medios de comunicación. Quienes estamos frente a estos procesos conocemos las oportunidades que se dan a los deudores, para negociar y conciliar, buscar trabajo, pagar en tractos, por lo que, solidarizarse con la irresponsabilidad de estos padres es otra forma de violencia contra las mujeres.

 Estas actividades como a la que hoy se convoca, son importantes para renovar los compromisos y esfuerzos de las Instituciones públicas, privadas y de la ciudadanía en general, en la búsqueda de la equidad de género.

Orgullosamente a estos esfuerzos realizados, se unen las acciones de la Defensa Pública que, mediante la propuesta de proyectos de ley, dirigidos a menoscabar el impacto de la violencia de género y la violencia estructural que han sufrido las mujeres, logramos la aprobación del artículo 77 Bis de la Ley de Psicotrópicos, primera ley con perspectiva de género que introdujo proporcionalidad a la pena, ya que redujo a 3 años la pena mínima para la mujeres que hayan ingresado droga a Centros Penales. En estos casos las mujeres en muchas ocasiones son obligadas o amenazadas por sus parejas: hombres para que introduzcan drogas a los centros penales.

Con esta reforma se reconoce la vulnerabilidad de las mujeres que han ingresado droga a los centros penales, ya que en los datos estadísticos que se basó la Asamblea Legislativa para esta reforma, se constata que estas mujeres proceden de sectores de extrema pobreza, son jefas de hogar, con varios hijos (1 hasta 8), sin estudios concluidos y sin oficio ni profesión y en muchas ocasiones obligadas o amenazadas por sus parejas: hombres para que introduzcan drogas a los centros penales.

Y es que precisamente si recorriéramos nuestras cárceles nos daríamos cuenta que ninguna de las mujeres privadas de libertad, deberían estar ahí, sino atendiendo y educando a sus hijos, que como les decía, algunas tienen hasta 8 hijos, y es que muchas de estas mujeres, han sido víctimas de la pobreza y de la violencia estructural, que las ha llevado a la comisión, en su mayoría, de delitos relacionados con el narcotráfico.

Ellas han sido una población olvidada, que poca atención se les ha prestado, no es sino hasta el pasado 13 de noviembre que se firmó un protocolo que también viene a hacer un paso histórico en la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Este protocolo, gracias a la iniciativa de la Defensa Pública, apoyada por el INAMU, el ICD, el IMAS, el Ministerio de Justicia y Paz, el IAFA, el PANI y el INA, han creado la red para la atención integral de estas mujeres y de sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad.

Este protocolo fue firmado por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia doña Zarela Villanueva, la Vicepresidenta de la República Ana Elena Chacón, y los jerarcas de las Instituciones que he mencionado, cuyo propósito es, reitero, apoyar a estas mujeres que salieron de la cárcel, para que puedan desarrollar un plan de vida que permita la reinserción a sus familias y evite la reincidencia.

Finalmente, es importante celebrar los avances que se han logrado hasta ahora, lo que nos da aliento para completar los esfuerzos pendientes, dirigidos a erradicar el patriarcado, mediante el cumplimiento de otros compromisos contenidos en el artículo 8 de la convención Belem do Pará.

Esta normativa nos obliga a crear o fortalecer programas dirigidos a moldear nuevas masculinidades que respeten a las mujeres, y a la vez que contribuyan de manera preventiva a evitar la violencia de género. Debemos trabajar hacia la disminución y eliminación de los casos de violencia contra las mujeres.

Hoy, renovamos nuestro compromiso a las acciones afirmativas de todas las instancias del Poder Judicial, dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres.

Muchas gracias!